HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DE PATRONES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO: COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES

Con la finalidad de promover patrones de consumo y producción sostenible en el marco del concepto de una economía verde, buscando producir y utilizar los productos y servicios de forma menos nociva para el ambiente, el especialista en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, Miguel Ángel Soto, desarrolla en el presente artículo, publicado en la edición N° 42 de la Revista Derecho & Sociedad, los mejores mecanismos para las compras públicas como parte del gasto público del estado.

INSEGURIDAD PÚBLICA: REALIDAD Y POSIBILIDADES

Por: Julio Garazatúa Vela (*)

Los constantes cambios en la cartera del Ministerio del Interior y de la Presidencia del Consejo de Ministros reflejan el laberinto que se encuentra el actual gobierno en cuanto al rumbo político en la conducción del Estado y a la carencia de objetivos concretos y viables en el Ministerio del Interior  para contrarrestar el acuciante problema de la inseguridad pública.

Al parecer, esta situación ha generado inquietud y preocupación no solamente en el ámbito político, sino también en la sociedad en general, por lo siguiente: en primer lugar, el asesor de gobierno en temas de seguridad, Wilfredo Pedraza, ex Ministro del Interior, muestra  estar  desconectado de la realidad  cuando se refirió, meses pasados, a la inseguridad pública como una “percepción”. Actualmente, esta problemática es un asunto de Estado, que exige del gobierno  acciones inmediatas y viables. En segundo lugar, la inseguridad pública se ha convertido en un problema crónico en el país, y el que más afecta a la población,  aseveración que se demuestra en las encuestas de opinión, en las estadísticas nacionales sobre delito y delincuencia, en la necesidad prioritaria de seguridad que reclama la sociedad y en el riesgo permanente que ofrecen las calles en cualquier barrio o ciudad del país. En tercer lugar, el gobierno piensa erróneamente  que el cambio de ministros del interior es la solución al problema de la inseguridad y el desorden público, lo deja entrever con los continuos cambios que viene efectuando en esa cartera, pero la realidad nos dice que hasta la fecha los resultados no son los esperados; es bueno recalcar, que aún el mejor político o el mejor ministro, sería incapaz de resolver los problemas de inseguridad  que afectan a la sociedad, sino se trabaja en forma colegiada y si no se reforman las instituciones  a través de la cuales se debe actuar. En cuarto lugar, se insiste en mantener vigente al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, un sistema burocrático que tal como está diseñado es inviable, por ello en la práctica es casi inactivo, sin liderazgo político en su conducción operativa;  pero contradictoriamente, se ha convertido en un instrumento político de campaña en los procesos electorales de los candidatos a gobiernos regionales y especialmente de los alcaldes, que ofertan la seguridad ciudadana como su principal objetivo, olvidándose de sus verdaderas tareas vecinales: limpieza pública, semáforos en buen estado, reparación de pistas y veredas, implementar mayor señalización y paraderos de transporte urbano, etc. 

Seguramente, con la intención de corregir estos y otros problemas en el tratamiento de la inseguridad pública y optimizar los resultados  en el combate contra el delito y el crimen organizado, el Ejecutivo solicitó al Congreso de la República en agosto del 2012, facultades extraordinarias para legislar en siete materias especificas, siendo una de ellas: “la reforma de la legislación orientada al fortalecimiento institucional del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional  y de la carrera policial”.

BUSCANDO REVERTIR LA DESACELERACIÓN DE INVERSIONES EN EL SECTOR MINERO

En la última edición de julio de la revista Horizonte Minero, el especialista en Derecho Ambiental y Recursos Naturales, Miguel Ángel Soto, analiza el paquete de reactivación económica, propuesto por el Ejecutivo, respecto a las reformas regulatorias en materia minera ambiental y cómo estas medidas deben ser abordadas integralmente a fin de evitar una drástica caída de las inversiones mineras en el país.

CRIMEN ORGANIZADO: CONOCIENDO AL ENEMIGO

Por: Julio Garazatúa Vela (*)

El crimen organizado ha evolucionado y se ha incrementado en  el mundo de una  manera alarmante; el Perú no es la excepción, tal es así que los delitos denominados “menores” o “locales”, han crecido exponencialmente a nivel nacional; y los delitos transnacionales como el sicariato, la extorsión, el narcotráfico, entre otros, se han instalado en la sociedad con su secuela de dolor y daño. Sin embargo, las medidas de seguridad implementadas por las instituciones del Estado, no han mostrado cambios significativos en lo operativo ni en lo legislativo, y los que existen son insuficientes para enfrentar con éxito al fenómeno delictivo.

Jean François Gayraud en su libro “El G9 de las mafias del mundo“, dice que el crimen organizado es una herencia del pasado y una realidad inquietante en nuestra sociedad actual. Hay muchas formas de sociedades criminales y todas tienen una impronta delictiva que se conecta con la propia historia social y cultural de su entorno. Una de esas formas de sociedad criminal son las mafias. El mundo de las mafias, es el mundo del dinero, del poder y el secreto. No debemos confundir las mafias con simples bandas u organizaciones criminales internacionales. Se trata de entidades que poseen naturaleza propia y representan el estadio superior del crimen organizado.

Pero ¿qué es realmente una mafia?, ¿cómo actúa?  Para ello hay que comprender primero que la criminología clásica ya no es suficiente para analizar y entender el fenómeno de las mafias en el siglo XXI. Nombres legendarios como la  “cosa nostra de Sicilia”, la “cosa nostra estadounidense”, la “yakuza” de Japón, las “triadas” chinas, la “camorra” de campusia, la “mafia” turca o la “mafia” albanesa, entre otras; comparten roles y protagonismos en los distintos países donde operan.

Gayraud dice, que las mafias no se consideran una anomalía, ni una patología social, sino el indicador de la evolución criminal en el mundo. A pesar de las apariencias, la era de las ideologías está dando paso, de forma discreta pero cierta, a la era criminal. En las sociedades globalizadas y mediatizadas, la identificación de las amenazas reales no es un ejercicio fácil. La lógica del disimulo, de la discreción y la invisibilidad, escapa a  la percepción de los periodistas pero también de los especialistas y en consecuencia a la represión.

PERÚ: CUANDO EL DESTINO NOS ALCANCE

Por: Julio Garazatúa Vela (*) 

En Octubre-2004, el historiador Nelson Manrique en un artículo titulado “País se regala”, entre otras cosas, mencionaba que en un trabajo de gabinete para oficiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica, denominado “Sudamérica de aquí a cincuenta años”, todos los analistas asistentes a dicho foro coincidían en que tres países del continente no tenían viabilidad para continuar como tales, por no haber solucionado sus problemas económicos, ni haberse integrado como nación; uno de ellos era el Perú.

Diez años después, la realidad nos dice que en el país nada ha cambiado para poder revertir esta percepción; persisten los males endémicos de siempre: conflictos sociales, inseguridad ciudadana, corrupción, pobreza, exclusión social, desempleo, frondosidad legal, anomia, subdesarrollo educativo y tecnológico, instituciones anacrónicas incapaces de atender con prontitud y certeza las necesidades socio-económicas de la población, continuos errores políticos del gobierno y de la oposición, etc. Además,  existe incongruencia entre el modelo económico y la práctica política que imposibilita reconstruir el país como nación. Tenemos una “clase política” improvisada, proclives a la corrupción, sin capacidad para implementar políticas y estrategias a largo plazo. Hay ausencia de partidos políticos y proliferación de movimientos políticos, con caudillos que buscan poder y notoriedad en época de elecciones. Nuestra población carece de cultura política y en su mayoría desconoce sus derechos y deberes cívicos, lo que nos lleva a repetir los mismos errores cuando debemos elegir a nuestros representantes nacionales, regionales y municipales. No se vota por  un programa de gobierno o un proyecto nacional, sino por cuestiones partidarias, simpatías, o por el llamado “mal menor”. El “populismo” y las “encuestas”, se han convertido en instrumentos políticos  tradicionales de los candidatos y gobiernos de turno, para ganar simpatías en la población, ofreciendo promesas incumplidas reiteradas veces, y maquillando porcentajes de aceptación a gusto del cliente. La corrupción se ha enquistado en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, y cada vez son más las denuncias por delitos económicos con dineros del Estado.  Asimismo, los gobiernos regionales y locales  se muestran radicales para concertar y conciliar asuntos de interés nacional con el gobierno central, porque a medida que asumen su propio carácter cultural y aumenta la disposición de  recursos económicos, fortalecen su identidad regional y local y tratan de distanciarse política y administrativamente del poder ejecutivo. Esta forma de convivencia política en la cual estamos atrapados, adormece la conciencia nacional, distorsiona la realidad y el sentido común, cuando se deben tomar decisiones  o implementar políticas y estrategias en el ámbito interno y externo.

De continuar con estos errores, y en lugar de buscar el cambio, alentamos el desgobierno, el desorden, la improvisación, la frivolidad, a esperar  a un mesías que nunca llega, o a un revolucionario iluminado que nos reivindique en nuestras justas aspiraciones, simplemente estaríamos caminando hacia un destino incierto, que sin darnos cuenta estamos construyendo.

SEGURIDAD CIUDADANA Y CRIMINALIDAD

Por: Julio Garazatúa Vela.(*)

Restablecer el orden y la seguridad ciudadana gravemente alterada por el crecimiento de la delincuencia en el país, todavía es una promesa de Estado. Son tantas las veces que se han implementado medidas y estrategias anticrimen sin alcanzar las metas propuestas, que estamos aprendiendo  a convivir con la violencia y el desorden. Lo único que sabemos de las medidas adoptadas son, por un lado las estadísticas optimistas del ejecutivo, y por el otro, las encuestas pesimistas de las empresas “especializadas” en el tema. Los noticieros matutinos y nocturnos nos informan diariamente sobre violencia y muerte en todas las formas y estilos; por ende, cada día crece el temor y la angustia, pensando cuando nos tocara a nosotros. Mientras tanto, las instituciones del Estado continúan poniéndose de acuerdo, en cómo detener el desborde de la violencia y el delito.

El periodista británico Ioan Grillo en su obra “El Narco-En el corazón de la insurgencia criminal mexicana”, hace un testimonio crudo de la violencia criminal que vive México. Expone la anatomía del sicariato y del negocio de las drogas, a través de un análisis profundo del problema, buscando sentido  al conflicto y soluciones a largo plazo. Refiere que lo que pasa México no es un asunto de mafias, sino de “insurgencia criminal”, entendiéndose  esta, como la existencia de grupos o bandas armadas que usan tácticas de guerrilla, pero sin ideología, sin un programa, tan solo intereses comerciales o criminales. Sin embargo, los políticos no se atreven a tratar el problema por su nombre, porque proyecta una mala imagen al exterior que repercute en las inversiones económicas y en el control político-social del país.

Lo arriba descrito, guarda una ligera similitud con la problemática criminal que actualmente estamos afrontando en el Perú. Algunos hechos demuestran esta aseveración, por ejemplo: el narco-terrorismo en el VRAEM  lleva varios años  sin solución, a pesar del esfuerzo  de las Fuerzas del Orden y de los ingentes medios logísticos empleados, el Estado aun no es capaz de implementar una estrategia multisectorial efectiva  para erradicar este tipo de conflictos. El crecimiento de la delincuencia común y del crimen organizado, siendo sus manifestaciones más severas la extorsión, el  sicariato, el narcotráfico, los marcas, el pandillaje, los robos a domicilio, etc.; cuyas características principales son el uso de armas de fuego y la violencia extrema. El narcotráfico, que se ha enquistado en la sociedad y corrompe todos los estratos sociales sin distinción, desde los funcionarios públicos y empresarios, hasta los vendedores de ketes. La corrupción generalizada, desde las denominadas “coimas” hasta el tráfico de influencias, que corroe las instituciones del Estado. La impunidad, como recurso del poderoso o del político influyente, que deteriora aun más el concepto de “justicia” en el país; entre otros.

PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN: ¿REALIDAD O FICCIÓN?

Por: Julio Garazatúa Vela.(*)

A escasos meses de llevarse a cabo las elecciones regionales y municipales  y ante la información en los medios de comunicación sobre presuntas conexiones del crimen organizado con autoridades regionales y locales como el caso del actual Presidente Regional de Ancash, César Álvarez, sindicado como responsable de graves hechos de corrupción, es preciso que el gobierno central asuma con autoridad el control del Estado.

Este nuevo escándalo nacional que ha motivado la rápida e inusual intervención de las instituciones del Estado: seguridad, justicia, contraloría, etc. nos recuerda  lo siguiente:  primero,  que estos casos deben ser investigados con prontitud y en forma exhaustiva, para sancionar drásticamente a los responsables y a los culpables, para desterrar de una vez y para siempre la costumbre que  los casos de corrupción a nivel político siempre terminan en impunidad; segundo, que el llamado Proceso de Descentralización,  hasta la fecha no logra la finalidad  para el cual fue creado, en razón que después de más de una década de iniciado este proceso, no se vislumbra el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles del gobierno en beneficio de la población; al contrario, en la práctica se observa  que la aplicación de las normas y procedimientos establecidos, no se ajusta al espíritu de la ley, y por ende  no coadyuva al fin propuesto.  Tercero, este libertinaje político y presunto delito económico con dineros del Estado descubierto en la Región Ancash, demuestra que el proceso de regionalización tal como se está llevando a cabo actualmente viene propiciando una suerte de “feudalismo” regional , donde los presidentes regionales creen tener la atribución de manejar este ámbito territorial a su antojo, sin control de ninguna clase; arrogándose incluso la potestad de confrontar con el Gobierno Central en algunos asuntos de Estado; comportamientos que si no se corrigen a tiempo pueden generar conflictos no deseados en las demás  regiones, como el suscitado en Cajamarca y  otras en proceso de gestación.

¿Por qué se comete este tipo de delitos continuamente?; por varias razones, entre ellas:  si bien es cierto que las normas, procedimientos, funciones y atribuciones que orientan el desempeño de los gobiernos regionales se encuentran  expresadas en la Ley de Regionalización No. 27867, también es cierto que estas normas no se cumplen adecuadamente,  en razón que los órganos de fiscalización y control, como el  Congreso de la República  y  la Procuraduría General de la República , entre otras, encargadas de  supervisar y orientar  la aplicación de estas normas  en el ámbito regional  hasta su total implementación, no actúan con la seriedad , oportunidad y responsabilidad necesaria que les exige el cargo, lo cual propicia que los propios gobiernos regionales  distorsionen la interpretación legal de estas disposiciones, para manejarlas de acuerdo a sus pretensiones personales y políticas partidarias; y al parecer  se interviene solamente cuando los medios de comunicación presentan casos evidentes de corrupción administrativa.