¡PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN!

 Por: Enrique Soto (*)

El mercado sigue recesado, con una empleabilidad severamente golpeada, y una demanda del consumo severamente contraída. A duras penas se ha logrado controlar la inflación, que aún no puede tener éxito en la satisfacción de las necesidades básicas, de la población empobrecida, como alimento, salud, educación y transporte. El incremento de los pasajes, y la subida de los peajes son claras señales, que la inflación sigue siendo una amenaza preocupante. Estando aún a mucha distancia, el gobierno, de lograr alcanzar la meta de inicio del proceso de reactivación y crecimiento de la economía nacional, de manera sostenida.

A pesar de haberse producido algunos cambios en el gabinete en algunas carteras, esto no garantiza que la situación vaya a cambiar. Son simples cambios de hombres, siendo respetables, por cierto. Mientras no haya claridad en el diseño e implementación de las políticas públicas, poco, o casi nada, es lo que se puede avanzar. Mientras no se tenga claro hacia dónde vamos, qué queremos y cómo lo vamos hacer, no será posible la tan ansiada reactivación económica del país. Ya que tenemos un gobierno al garete. Sin visión. Sin norte.

LA INVERSIÓN PÚBLICA NO ES SUFICIENTE

Las medidas gubernamentales tan publicitadas, a través de un Decreto de Urgencia, aprobando la trasferencia de más de 290 millones de soles al Ministerio de la Producción (Produce), para que sean ejecutados en compras a Myperu, para financiar gestión administrativa, adquisición y distribución de bienes manufacturados, como cuadernos, mochilas, buzos y polos, producidos por las micro y pequeñas empresas, a solicitud del Ministerio de Educación. Así como la autorización de 100 millones de soles a Favor del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, para financiar al pequeño productor agropecuario. No son suficientes para promover e incrementar el consumo y la empleabilidad. Se necesita que ingrese al mercado mayor masa monetaria para contrarrestar el estancamiento económico en que nos hallamos.

 Esta situación grave y peligrosa que estamos padeciendo, parece no ser entendida por nuestras autoridades gubernamentales. También, creen que capitalizando el íntegro de las utilidades obtenidas el año pasado (2023) las Cajas Municipalidades de Crédito Popular y las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, van a solucionar la falta de liquidez en el mercado de capitales y en el mercado de consumo. Están totalmente equivocados. Son simples paliativos efímeros, que ni yaya le van hacer a las gigantescas necesidades que el mercado en su conjunto requiere para paliar la recesión y lograr realmente una reactivación y crecimiento económico sostenido.

NI EL 3% DE PBI NOS VA A SALVAR

La situación es más grave aún, que ni las proyecciones realizadas por el Ministerio de Economía Y Finanzas (MEF), de un crecimiento del PBI para este año 2024 del 3%, va hacer suficiente para menguar la pobreza, estimular seriamente el empleo, y abordar un crecimiento económico. Necesitamos por lo menos, para salir del atolladero en el que nos encontramos, un crecimiento continuo de un 7% anual de PBI, durante por lo menos cinco años. Todo un quinquenio. Esa es la dura realidad, que estamos padeciendo y nuestro actuales gobernantes no la ven, o no la quieren ver; por estar más preocupados en sus negocios personales, familiares y de grupo, sin interesarles el bien común, ni el futuro de los intereses del país y la nación.

INVERSIÓN PRIVADA GARANTÍA DE ÉXITO

En tal sentido, no tenemos otra opción estratégica seria, contundente y segura, en el país, que ponerle la atención suficiente y necesaria al sector minero, que será la locomotora del quehacer económico nacional, que remolcará a todos los sectores económicos que luchan denodadamente por sobrevivir y desarrollarse a través de sus empresas, que hacen malabares por elevar su eficiencia y así ser más competitivos.

En esa perspectiva, traemos a colación un estudio de Scotiabank, que asegura que este año 2024 la inversión minera alcanzará un crecimiento de 6%, sumando una inyección de capital al sector de 5 mil millones de dólares. Superando la caída que tuvo el año anterior de 9.9%, por falta de proyectos mineros. Aunque todavía, estaríamos – según el estudio-  por debajo de los niveles pre-pandemia (Diario Gestión. 20/02 /24).

Se consideran dentro del proceso de inversión privada minera los proyectos de Ampliación Toromocho Fase II, con 1,355 millones de dólares, por parte de minera Chinalco, y la Reposición Antamina, con 2 mil millones de dólares, ejecutándose parte de esos recursos en el año 2025. Esto es alentador, ya que se logra ver un interés genuino por parte de los inversores de seguir apostando por la minería en el país. Siendo otras potenciales inversiones –según indica Scotiabank- Corani (Bear Creek) y Chalcobamba Fase I (Las Bambas). Teniéndose en cuenta la continuidad de San Gabriel (Buenaventura) que actualmente está en construcción.

Asimismo, se advierte de algunos proyectos que podrían tener luz verde este año: Reposición Raura (Minera Raura), Romina (Minera Chungar), Ampliación Huancapeti (Minera Lincuna) y Reposición Antapaccay (Antapaccay).

Este panorama que se proyecta favorable en el sector minero, piedra angular que garantiza la reactivación económica en nuestro país, debe seguir siendo promovida e estimulada. Ya el nuevo ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ha manifestado su compromiso de trabajar denodadamente en el destrabe de proyectos empantanados por años: “El destrabe de proyectos es mi prioridad, para eso me han traído”, ha sostenido, en su primer día de trabajo.

Asimismo, se ha comprometido al fortalecimiento de la Ventanilla Única Digital (VUD), con el objetivo fundamental de agilizar los procesos de permisos, que duraban hasta tres años, hoy solo se harán en seis meses.

UN ESTADO DEMOCRÁTICO GENERA CONFIANZA

Finalmente, sostenemos, con firmeza y serenidad, que la única forma que tenemos de sacudirnos de esta espantosa parálisis económica nacional en la que nos encontramos, es solo y únicamente promoviendo la inversión privada, atrayendo grandes capitales nacionales e internacionales, dándoles confianza y garantía jurídica, a los inversores, dentro de un Estado de Derecho Constitucional Democrático. Respetuoso de las normas, los reglamentos y la ley que rigen la conducta de nuestro pueblo. Solo así, vamos a poder acabar con la recesión que nos agobia, generando empleo, promoviendo el consumo y brindando bienestar general a toda nuestra nación. Garantizando salud y educación para todos. Es decir, preocupándonos por el Bien Común, con Justicia Social, paradigmas de un Estado Moderno.

(*)Periodista 

MINERÍA ILEGAL ARRASA CON TODO

 EL GOBIERNO INTENTA DETENERLO

Por: Enrique Soto (*)

La minería ilegal impulsada por bandas criminales -con el propósito de apropiarse del oro de la zona- ha tomado la provincia de Pataz, en la región norteña de La Libertad. Desde el 1 de septiembre del año pasado al 1 de febrero del presente, salieron 3,417 volquetes, con una carga de entre 20 y 30 toneladas cada uno, de las concesiones mineras Poderosa, Horizonte y Marza, sin que ninguno perteneciera o trabajara para las tres compañías, según se dio a conocer en un informe en el diario El Comercio, el domingo 11 de febrero último. Logrando encender las alarmas del Ejecutivo.

Esta ola delincuencial, del crimen organizado, al interior del país, ha puesto en alerta roja al gobierno, quien, en reunión de emergencia del Consejo de Ministros, no han tenido mejor opción política, para evitar un desmadre, que declarar en emergencia la provincia de Pataz, por 60 días, bajo el control de las Fuerzas Armadas, con apoyo de la Policía Nacional. Quienes se encargarán de imponer el orden y contener el avance de estas hordas asesinas, que provocaron diez muertos y mas de 14 heridos, en ese mismo lugar, a finales del año pasado.

Estas acciones de saqueo premeditado del oro de las minas (léase robo consumado) es -sin lugar a dudas-  el modus operandi de bandas criminales que han tomado el territorio nacional como si se tratara de una zona liberada. A vista y paciencia de las autoridades gubernamentales (centrales, regionales y locales) que nada hacían por detener semejante latrocinio; como si fuéramos bárbaros que vivimos al margen de la ley, sin respetar ni haciendo respetar el orden establecido, dentro del Estado de Derecho, amparado constitucionalmente, como un pueblo civilizado.

Las Fuerzas Armadas que han tomado el control territorial de Pataz tienen un gran reto por delante, que esperamos lo sepan cumplir a cabalidad, dado el fracaso en otros lugares, como en los distritos de Lima, donde las declaratorias de emergencias, por parte del gobierno central, fueron un saludo a la bandera, ante el desborde delincuencial. No han resuelto nada. Y la población sigue desprotegida, expuesta al vandalismo salvaje.

Esto que está sucediendo en el norte del país es sumamente grave, que pone en riesgo la estabilidad jurídica y el orden constitucional que sostiene al Estado y la Nación. Si no le ponemos coto de manera oportuna seguirá escalando a situaciones incontrolables. Impulsando la violencia social, el pillaje vandálico y el caos generalizado. Sumiendo al país entero en un estado de desorden total, sin autoridad y sin gobierno. Una anarquía. ¡Cuidado! Estamos avisados ante el eminente peligro.

La inseguridad en la que trabaja el sector minero –baluarte estratégico de la reactivación económica esperada- ahuyenta la inversión privada que tanto necesitamos para promover el empleo y el consumo. No es posible avanzar empresarialmente con una carga de sobre costo excesivo, producto del incremento desmedido para atender la seguridad empresarial, sin el apoyo legítimo del Estado. Un representante de la minera La Poderosa, manifiesta que “desde antes de la pandemia hasta la fecha hemos pasado de tener 167 agentes a 1200. Elevando, de tal manera, nuestro presupuesto de gasto en seguridad privada de 6 millones a 33 millones de soles”.

Esta situación alarmante, de la minería ilegal, es una lucha frontal contra el crimen organizado, que está tomando territorio y poder al interior de nuestro país, creando zonas liberadas, como en los años 80 lo hizo Sendero Luminoso, con sus desvaríos ideológicos terroristas, que parecían cercarnos, intensificando sus acciones violentas en Lima. Sin embargo, fueron derrotados. ¿Cómo lo hicimos? Con estrategia en base a inteligencia. ¡No hay otra! La única forma de derrotar a las bandas criminales que generan violencia y zozobra en la población. Para ello debemos reinstalar y repotenciar el Gein, convocando a los mejores cuadros de la Policía Nacional, y dotándola de mejor presupuesto.

Hay que tener en consideración que estas organizaciones criminales que operan en el sector minero, se apoyan en los mineros pequeños y artesanales, que están inscritos en el Reinfo, y los utilizan como una plataforma para sus fechorías. Obligándolos a que colaboren con sus actos delincuenciales. También, hay que diferenciar entre los mineros informales y la minería ilegal. Los primeros actúan por necesidad de sobrevivencia, ya que no cuentan con el apoyo del Estado, los segundos son delincuentes, criminales, actúan al margen de la ley, en bandas organizadas.

Es mas, para combatirlos con acierto hay que tener en cuenta que son organizaciones criminales con poder económico, que han acumulado ingentes recursos financieros en los últimos años, según informes dados a conocer por la Unidad de Inteligencia financiera(UIF), quienes señalan que en el 2021 fueron a parar a su arcas alrededor de 3mil 500 millones de dólares, producto del comercio del oro, y el 2022, sobrepasó los 4 mil 500 millones de dólares, producto de la diferencia del oro no declarado ante el Minen, de 78 TMF (Toneladas Métricas Finas).

Además, hay que tener en consideración, que el poder económico corrompe autoridades. En tal sentido, estos granujas, organizados en bandas criminales han infectado distintas instituciones estratégicas del Estado, corrompiendo a diestra y siniestra a altos funcionarios de la élite política y burocrática. Por lo que se nos impone una lucha frontal contra la corrupción, si en verdad queremos deshacernos de esta lacra, que finalmente, pone en jaque la estabilidad democrática de la nación. Algo sumamente peligroso. Ya hemos visto, como organizaciones criminales quisieron tomar el poder político, en la hermana república del Ecuador.

(*) Periodista

LA AMENAZA DE LA MINERÍA ILEGAL

 Por: Enrique Soto (*)

En el colmo de la barbarie la minería ilegal amenaza con desestabilizar violentamente el sector, contando con el aval del Congreso de la República, que los apoya promoviendo leyes a su favor, según denunció el diario El Comercio, a través de un informe revelador: “Aliados de la minería ilegal: los proyectos y la investigación fiscal que revelan los nexos con el Congreso. -manifestando detalladamente- que especialistas advierten de cuatro fórmulas que favorecen a mantener el statu quo para las mafias que explotan el oro de manera ilícita”. (El Comercio 04 /02 / 24).

Precisando, mas adelante -el informe periodístico- que: “Los mineros ilegales vienen planificando una serie de paralizaciones con el objeto de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), (…). Para este cometido, la mafia parece haber encontrado aliados dentro del Congreso, según consta en al menos cuatro iniciativas de ley, y en una investigación fiscal que se sigue desde el norte del país”.

Esta es una situación que se veía venir y que nuestros gobernantes de turno no la quieren ver, debido a los intereses que tienen con el deseo nefasto de sacar provecho de estas acciones delincuenciales, cuyos representantes han penetrado todas las esferas del poder estatal, incrementado ostensiblemente la corrupción. Nos vuelve a la mente la diabólica frase pronunciada por Vladimiro Montesinos en los años 90: “Todo se compra todo se vende”. Como un método malévolo de avanzar en sus oscuros y mezquinos intereses personales y de grupo. Parece que nada ha cambiado, en dos décadas de lucha democrática en el país.

Esta situación es sumamente grave, teniendo entendido que según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que en el año 2021 la minería ilegal- léase delincuencial- generó ingresos para sus arcas de alrededor de 3 mil 500 millones de dólares. Subiendo el 2022 a 4mil 500 millones de dólares, que es el resultado de 78 TMF (Toneladas métricas finas, de oro), no declaradas ante el Minem. Ya que la producción total fue de 174.8 TMF, y solamente fueron declaradas 96.7 TMF. Registrándose una diferencia de 78 TMF, que fueron a para a manos de las mafias. Se  considera, además, que el año pasado 2023, sus ingresos han sido incrementados considerablemente, bordeando los 6 mil millones de dólares, debido a que las actividades ilícitas, del crimen organizado, se ha desarrollado vertiginosamente, teniendo a su mando en la actualidad zonas liberadas, que han incrementado el sicariato, el secuestro, la extorsión y la trata de personas, ante el beneplácito de nuestras autoridades, que nada hacen por detener semejante flagelo, que ahuyenta la inversión privada y mantiene en ascuas aterrorizada a toda la población, promoviendo ferozmente la inseguridad ciudadana.

Como nos podemos darnos cuenta, este problema es sumamente grave para la estabilidad democrática y la reactivación económica, que pone en jaque el crecimiento, progreso y bienestar de toda la nación. Teniendo como reto asumir el diálogo y la unidad nacional de todos los sectores afectados, como el empresariado nacional, la academia y la sociedad civil, ya que este enemigo es poderoso, y tenemos que combatirlo a sangre y fuego con las leyes en la mano y la constitución.

Estos malhechores no son enemigos cualesquiera, tienen poder económico, y han penetrado nuestras instituciones estratégicas, promoviendo con audacia y temeridad la corrupción. No los dejemos avanzar, no permitamos que el país padezca las oleadas de violencia de estas mafias como está padeciendo nuestra hermana república de Ecuador.

La matanza producida en diciembre del año pasado en la mina La Poderosa, donde 10 mineros fueron asesinados en los socavones, debe servirnos de reflexión, para tomar al toro por las astas; así como el secuestro y asesinato de un empresario minero en Trujillo, que anticipadamente les asesinaron a sus dos guardaespaldas. Últimamente, han atentado contra una torre que suministra energía eléctrica para la producción minera en La Poderosa. Este nefasto suceso ha sido calificado, por el burgomaestre del distrito de Pataz como un acto terrorista como los de la década de los ochenta. Asimismo, se están llevando -léase- robando el oro de nuestras minas en Condorcanqui, en la región norte de Amazonas, ante la vista y paciencia de nuestras autoridades regionales, que se hace de la vista gorda. Afectando a nuestro patrimonio y a nuestros hermanos mineros de la comunidad awajun. El precioso mineral nuestro es llevado a la planta procesadora que se ubica en La Herradura del vecino país del Ecuador.

Siendo la situación tan dramática, que golpea y desestabiliza a un sector estratégico del desarrollo económico nacional, como es la industria minera, estamos obligados a presionar al gobierno central, y a los gobiernos subnacionales a poner coto a esta amenaza, haciendo lo que siempre se hizo para contrarrestar al terrorismo y la organización criminal: Implementar inteligencia. Reconstruir el Gein (institución estratégica de inteligencia policial que combatió y exterminó el terrorismo en el país) de manera inmediata; dotarlo de los mejores hombres, los mas calificados y asignar el presupuesto adecuado, para de esa forma desarticular a las bandas internacionales del crimen organizado. Ha llegado la hora de pararlo en seco. Y hacer respetar la soberanía, el orden y la institucionalidad democrática. Y si este gobierno no está en condiciones de hacerlo, debe ser honesto y dar un paso al costado renunciando, promoviéndose un adelanto de elecciones generales. Instaurándose un gobierno de transición con personas notables que garanticen la paz, la reactivación económica y la gobernabilidad democrática, defendiendo nuestras instituciones tutelares, que están cayendo en descrédito. Es que ahora ya nadie cree en el Congreso de la República, ni en el Ejecutivo, menos en el Poder Judicial. Esta situación debe cambiar radicalmente, sino queremos caer en manos del crimen organizado. De lo contrario, si no hacemos nada, mañana serán ellos. Es decir, las mafias, las que nos gobiernen.

(*) Periodista