Por: Enrique
Soto (*)
La informalidad de la Minería
Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) en el Perú, se ha constituido en un
problema bastante complejo -de urgente resolución- como para ser tratado
superficialmente; sin profundizar en la raíz de su origen, que han permitido
que escale y crezca a grandes dimensiones en las que en estos momentos se
presenta. Por lo tanto, una propuesta de Proyecto de Ley MAPE, tal como la que
ha presentado el Ejecutivo al Congreso, en estos últimos días, difícilmente resolverá
-con la premura de tiempo para implementar los debates y aprobación en ambas
cámaras antes de fin de año- la formalización de este emergente sector
económico, del quehacer extractivo del país.
El tema es tan polémico, espinoso
y delicado, que la mayoría de los candidatos de los diferentes partidos
políticos, no quisieron tratar el problema en las elecciones generales pasadas;
salvo unos cuantos, lo mencionaron muy superficialmente. Ya que lo veían como
un problema espinoso. Cuya solución compromete inexorablemente intereses
económicos y políticos, difícil de digerir; sino se tiene elaborado
anticipadamente un Proyecto Estratégico de Desarrollo Nacional, para el sector,
que nos oriente en el camino por donde debemos avanzar para construir una nación
próspera y sostenible. Preguntándonos: ¿Qué país queremos? ¿Hacia dónde vamos?
Ese es el meollo del problema.
500 MIL OPERADORES MINEROS EXIGEN
FORMALIZACIÓN
Sin embargo, existe la necesidad
de formalizar -de manera inmediata- a cerca de 500 mil operadores mineros
artesanales y de pequeña escala. Que desean incorporarse al mercado, cumpliendo
los reglamentos, las normas y las leyes, dentro del Estado de Derecho; pero,
con justicia social, desarrollando políticas públicas inclusivas, para este
segmento económico del sector extractivo. Siendo estratégico para el desarrollo
nacional su atención proactiva.
Eso no va a ser posible cerrando
de manera definitiva el Registro Integral de Formalización minera (REINFO), de
manera inmediata, a como dé lugar; sin tener un marco jurídico claro y
coherente, que, dé sustento legal de su existencia, a los miles de operadores,
que viven de esta labor. A pesar que el REINFO, en más de 10 años no ha logrado
su objetivo. Habiéndose perdido un tiempo valioso, que estamos en la obligación
de recuperar.
Por ello, si esta propuesta de
Ley Mape presentada por el Ejecutivo no se aprueba en el Congreso, antes de fin
de año (cosa que va a suceder, tal como vemos la situación), el Reinfo tendrá
que prorrogarse nuevamente, por un periodo más, hasta que se promulgue la
mencionada nueva Ley. Si eso no se hace, todos los mineros informales, serían
declarados ilegales (ipso-jure).
Quedando desprotegidos de sus derechos. Algo sumamente grave, que pondría en
riesgo la estabilidad social del país.
LEY MAPE: UNA PROPUESTA SIN
FUNDAMENTO SÓLIDO
Analizando la propuesta
presentada sostenemos: que la creación del Organismo Nacional de
Fortalecimiento a la Formalización Minera (FORMAPE), adscrito al MINEM, es
inconsistente, carece de fundamento y hasta podría resultar inconstitucional.
Ya que no solamente va a sustituir a la Dirección General de Formalización
Minera, ente rector, en este caso, dentro del MINEM; sino que podría ser
cuestionada por los Gobiernos Regionales que ven usurpadas sus funciones que
brindaban al sector de Pequeña Minería y Minería Artesanal, a través de las
Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM), amparadas en la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales. Generándose una confrontación jurídica entre el
Gobierno Central y los Gobiernos Subnacionales. Algo sumamente peligroso, que
generaría inestabilidad política a nivel nacional. Poniendo en aprietos al
gobierno.
Para resolver el problema con
acierto, es necesario ampliar nuestro horizonte de comprensión e interpretación
del tema en cuestión. Observando y analizando el desarrollo y funcionamiento,
no solo de la Pequeña Minería y Minería Artesanal informal, sino, de la minería
en su conjunto, de manera integral; incorporando a la mediana y gran minería.
Esto significa, de manera obligada, revisar y reformar la Ley General de
Minería, promulgada en 1992, que nada, o casi nada, contiene en sus artículos
con respecto al segmento MAPE.
LAS CONCESIONES: UN NUDO GORDIANO
Considerando que el «nudo
gordiano» se encuentra en las concesiones. Que son objeto de cuestionamiento
por parte de los mineros informales, que acusan de una injusta distribución,
denunciando acaparamiento. Teniendo en cuenta que el 95% de los pequeños
mineros y mineros artesanales, no son titulares de concesión y laboran en
concesiones de terceros, que para ser formales la Ley les exige que celebren
contrato con los titulares, cuando estos se niegan a firmar este documento. A
pesar que se pretende dar incentivos, a los dueños de concesiones, a través de
esta propuesta de ley MAPE, que estamos analizando, esto no va a funcionar.
Si hay voluntad política esto
puede solucionarse rápidamente. Teniendo en consideración que, dentro del área
minera concesionada en el territorio nacional, de un aproximado de 23 millones
de hectáreas, solo están siendo tratadas y producidas por los titulares, 3
millones de hectáreas. Cerca de 20 millones de hectáreas están paralizadas,
denominadas ociosas. Que fueron entregadas por el Estado, para que sean
trabajadas por 30 años.
Esta situación perjudica
enormemente el crecimiento económico del país. Nos resta competitividad
internacional. Por tanto, debe ser corregida de manera inmediata, de la forma
más racional e inteligente posible. Haciendo uso de la sabiduría. Pudiéndose
incorporar en esas áreas a los miles de mineros informales que desean trabajar,
creando un marco jurídico ordenado, patrocinado, supervisado y conducido por el
Estado (dialogando con los titulares).
Es necesario afirmar que el
Estado es la institución rectora y protectora de nuestros recursos naturales y
del bienestar de todos los peruanos. Cuya actuación directa ayuda a
salvaguardar y mantener los estándares medioambientales. Promoviendo el libre
mercado y la propiedad privada. Garantizando y protegiendo la inversión.
Generando estabilidad política y fomentando el crecimiento económico de la
nación.
Defender la Pequeña Minería y
Minería Artesanal en proceso de formalización, que promueve el empleo y
fortalece el consumo interno; no significa de ninguna manera coludirnos con la
minería ilegal rapaz y depredadora; promovida por organizaciones criminales
trasnacionales; que contamina los ríos y el aire y depreda los bosques, promoviendo
el caos y la violencia, con la trata de personas, el robo, la extorsión y el
sicariato. Esa minería que es estimulada por los altos precios del oro y el
cobre debe ser perseguida y liquidada por el Estado, haciendo uso de la fuerza;
a través de sus instituciones policiales y militares, custodiando el orden y la
tranquilidad pública.
Finalmente, consideramos que
debemos actuar con prudencia ante un problema tan delicado. Tratando de hallar
la mejor solución, en base a la comunicación y el diálogo. Ya que el segmento
económico minero informal que pretendemos resolver, es estratégico para el
desarrollo y crecimiento del país. Teniendo en cuenta que la unidad de los
peruanos es única garantía de bienestar.
(*) Periodista






