TERMINAR CON EL DESGOBIERNO

Por: Enrique Soto (*)

Estamos viviendo en el país un periodo de incertidumbre y zozobra social, política y económica que nos mantiene en vilo sin saber hasta cuando, debido a la inestabilidad gubernamental, puesta en manos de una presidenta improvisada -que por azar del destino- asumió el mando, sin saber qué hacer con el país, desde hace más de un año, con tan grande responsabilidad.

Los enfrentamientos continuos -como si se tratara de una pelea callejera- entre las instituciones cardinales que representan el Estado no cesan. El Ejecutivo, el Parlamento Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial se agarran a puño limpio diariamente, con el afán de conquistar  la hegemonía del poder político, en una correlación de fuerzas totalmente desgastadas y desfavorables, que jamás les permitirán llegar a buen puerto; creando, más bien, un clima perverso en la sociedad y la economía, afectando gravemente la satisfacción de las necesidades esenciales de la población, que empiezan a generar una especie de abominación a dichas instituciones.

El Perú va de mal en peor. Sin que se avizore de manera inmediata una salida coherente y racional que nos dé norte. El gobierno de turno, que tiene como capitán y timonel a la fallida presidenta Dina Boluarte, se halla con una brújula dañada, perdida en la densidad de un océano tormentoso.

¡LOS ROLEX DE MI WAYQUI¡

El escándalo de los costosos relojes Rolex de la presidenta -que dio la vuelta al mundo, dejándonos mal parados a todos los peruanos en el concierto internacional- es vista por la población como una bofetada a la pobreza. Sin conocerse hasta el momento con certeza la procedencia ni el financiamiento de tan valiosas joyas que exhibía en presentaciones públicas oficiales. Solo dio a entender, Dina, que los Rolex eran de su wayki, refiriéndose al gobernador de la región Ayacucho Wilfredo Oscorima. Anunciándose un presunto enriquecimiento ilícito. Esta actitud, deshonesta parecía políticamente como una situación insostenible, que la iba a defenestrar, a través de una vacancia o presentando su renuncia. Sin embargo, nada pasa, y ella sigue firme en el gobierno con su gabinete de ministros, allanándose, a las imposiciones legislativas, comandadas por el Congreso, que emite normas y leyes a sus anchas para favorecer a grupos de poderes oscuros, en una alianza tenebrosa, que la historia habrá de juzgar en algún momento.

En esa misma dirección, se derogó en el Congreso de la República el Decreto Legislativo 1607 (a través del cual se ponía freno a la minería ilegal buscando una salida coherente y racional al proceso de formalización, tratando de detener el avance del crimen organizado, que viene desangrando al país, con muertos y heridos). Ahora tenemos que vivir en medio del vandalismo, en el sector minero, hasta fin de año, sino se da luz verde a una nueva ampliación que se está promoviendo en el mismo recinto, en un afán advertido de nunca querer terminar con el problema mafioso que ha logrado enquistarse en las altas esferas del poder. Esto es sumamente preocupante, que descalifica a la presidenta Boluarte como mandataria.

Por otra parte, se registró un maltrato al magisterio nacional, en un afán de traerse abajo las reformas educativas promovidas por la Sunedu. Degradando la carrera pública, han aprobado en el Parlamento Nacional el ingreso a la carrera magisterial de 14 mil profesores que no están en condiciones de acceder al cargo, cesados, o que no dieron el examen de evaluación docente, hipotecándose de manera perniciosa el futuro de nuestros educandos. Y, es más, trasgrediendo autoritariamente el proceso meritocrático. Sabiendo que sin buena educación de calidad no habrá desarrollo en el país.

¿CRECEREMOS 3% ESTE 2024?

En medio de este laberinto sinuoso, que impide el crecimiento como debe de ser, retrasando el progreso y alejando el bienestar común, la economía se viene recuperando en el país -según informa el último boletín de Banco Central de Reserva-. Pero muy lentamente. Tal es así que es muy probable que a duras penas en estas circunstancias adversas que vivimos llegue el PBI a crecer este 2024 a 3 %, según analistas. El Banco Mundial, por su parte anuncia un crecimiento de nuestro PBI de 2.7% para este año. Advirtiendo seriamente que si no se corrigen las fallas estructurales del modelo neoliberal que promovemos, no se podrá mejorar la calidad de vida de la población.

Creemos, con sinceridad, que este crecimiento proyectado en materia económica es insuficiente para disminuir el nivel de pobreza que tenemos en un índice del 30%, así como revertir el álgido problema de desempleo formal y de calidad, como no será posible atacar con eficiencia la recesión y promover el consumo privado, que representa el 65% de la demanda interna. Para apalancarnos medianamente estamos obligados a crecer en un 5 0 6 % anual. Y esto si es posible, si logramos alentar la inversión privada (que está venida a menos) y somos más eficientes con el manejo de la inversión pública, que tiene “2,299 obras paralizadas, por un costo de inversión cercano a los 26 mil millones de soles, de los cuales 13 mil millones no se usan mientras el proyecto se encuentra estancado” a nivel nacional, (según sostiene el Contralor General de la República, Nelson Shack. Perú 21, 14 de abril).

Asimismo, lograríamos elevar el PBI, alentando proyectos de envergadura como el Puerto de Chancay, y grandes inversiones mineras, evitando enfrentamientos sociales que imposibiliten al país salir adelante. Así como impidiendo observaciones mal intencionales, que atentan contra la confianza de las grandes inversiones privadas, poniendo en descrédito el orden jurídico establecido en un Estado de Derecho Democrático. Ahuyentando de tal manera la inversión privada. Eso no debe suceder, necesitamos los capitales privados para seguir creciendo y poder desarrollarnos económicamente.

En ese orden de ideas, es muy conveniente oír las recomendaciones de Banco Mundial, que insiste en las fallas estructurales que padecemos producto del modelo económico, que nos empujan hacía un bajo nivel de capital y de crecimiento de la productividad a largo plazo, por falta de competencia, que hace que los consumidores paguen más por bienes y servicios de menor calidad. Esto debido, a la existencia de monopolios; ya que estos obligan a los hogares más pobres a destinar más de su presupuesto para atender necesidades esenciales. Principalmente alimentación, educación y salud. Por lo que alienta al Estado a impulsar políticas de innovación tecnología y constante capacitación.

NO AL AUTORITARISMO GUBERNAMENTAL

Creemos asimismo que es necesario contener este desgobierno que nos está llevando al cadalso a toda la población. Queriéndose imponer una dictadura desde el Congreso de la República, donde se hallan enquistados grupos de poderes mafiosos, con la sumisión, anuencia y obediencia del Ejecutivo, que se allana a sus polémicas decisiones legislativas, obtenidas mayoritariamente, para poder permanecer hasta el 2026. Y aún después de de esa fecha, poder continuar en el poder, para ello quieren defenestrar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) elegida democráticamente en orden al rigor constitucional, que el Parlamento pretende desconocer, queriendo hacer uso del Tribunal Constitucional(TC) que está a su servicio.

Asimismo, quieren traerse abajo al Jurado Nacional de Elecciones, y a todos los órganos electorales como el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con propósito de tener el control total del Estado en la próxima elección, asegurándose de que en caso no salir elegidos impugnar el proceso, tratando de someter a juicio político a sus autoridades, que constitucionalmente son autónomas. Esto es sumamente grave, que el pueblo peruano organizado debe impedirlo a toda costa.

No podemos permitir un gobierno autoritario, que niegue el estado de derecho y la democracia, que tanto ha costado retomar a todos los peruanos. Ha llegado el momento que la ciudadanía tome conciencia de su rol protagónico en la historia nacional para promover cambios radicales en favor de bienestar general. “El movimiento social está latente en el Perú. Pero hay que reconocer que esta, digamos, con sordina. La represión de fines del 2022 e inicios del 2023 está en la memoria y dolor de muchos”-dice Diego García-Sayán, en un artículo publicado en La República el jueves 11 de abril: “Inercia y Colapso Institucional”. Hay que tener en consideración que en ese periodo murieron protestando 50 luchadores sociales, cuya reclamación de justicia sigue impune.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Finalmente, sostenemos, que es necesario para terminar con este desorden político y económico -promovido por el desgobierno- exigir de una vez por todas que se vayan todos. Y que la presidenta Dina Boluarte por Honor y Dignidad, si algo de ello tiene en su conciencia, debe renunciar al cargo, y dejar de seguir haciendo tanto daño a toda una nación. Ello significaría, de manera inmediata, convocar a nuevas elecciones, para elegir a nuevas autoridades que nos representen verdaderamente en el Congreso de la República, ya que este parlamento no representa a nadie. Instalando provisionalmente a una Junta de Notables, en un proceso de transición gubernamental, para dar inicio a una reconstrucción nacional, con nuevos líderes, hombres capaces de sacar adelante la patria que tanto lo necesita. Es hora de recuperar lo nuestro. Es hora de afirmar la democracia, es hora de acabar con el crimen organizado. Es hora de levantar en alto el honor, la gloria, la libertad, la dignidad de nuestra nación. Que solo de nosotros depende. Es decir, del pueblo organizado, con optimismo y valor.! ¡El futuro es Nuestro!

(*) Periodista

NO DEJEMOS ESCAPAR EL TREN: HACIA EL DESARROLLO DE UNA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE

En la Edición N° 93 de la Revista Energía & Minas, Miguel Ángel Soto, especialista en asesoría a empresas mineras y energéticas, realiza un análisis sobre la necesidad de promover e implementar políticas necesarias para impulsar la industria del hidrógeno verde, como estrategia de mitigación del cambio climático y desarrollo económico del país.

Descargar

¡MINERÍA EN EMERGENCIA!

Por: Enrique Soto (*)

Con la derogatoria del Decreto Legislativo 1607 por parte del Congreso (el cual establecía un freno a la minería ilegal, buscando fortalecer el proceso de formalización), el sector minero ha ingresado a un estado de violencia imparable, -registrándose muertos y heridos en enfrentamientos- promovida por las organizaciones criminales, que pretenden quebrar el principio de autoridad y el orden establecido, queriendo convertir el quehacer extractivo en una actividad ilícita, bajo su control. Algo sumamente peligroso que el Estado peruano no lo va a permitir. Por lo que el Ministro de Energía y Minas Rómulo Mucho, ha sostenido, la necesidad de declarar en emergencia el sector.

La iniciativa política manifestada por Mucho, con el propósito de detener la lacra criminal que gravita en la minería, es correcta, y debe ser apoyada por el gobierno; principalmente por el Consejo de Ministros. Impidiendo que el Congreso avance legislando con medidas que atentan contra la seguridad nacional, poniendo en alto riesgo la estabilidad económica y democrática.

DELINCUENTES COMO PEZ EN EL AGUA

La disposición derogada, facultaba a la Policía Nacional del Perú, a tomar acciones de interdicción frente a la tenencia ilegal de materiales explosivos en actividades mineras ejecutadas por personas con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Actualmente, con esta medida no lo puede hacer. Los efectivos policiales están atados de pies y manos. Y la delincuencia se mueve como pez en el agua. Desangrando al país, creando incertidumbre y zozobra. Y lo que es peor, ahuyentando la inversión privada, atentando contra el crecimiento económico del país. Promoviendo el desempleo, la pobreza, desalentando el consumo.

Esta disposición que dio el Ejecutivo daba por finalizado el proceso de formalización minera –a través del REINFO-  el 20 de marzo. Enmendándole la plana el Parlamento -con argumentos subalternos- lo ha prorrogado hasta diciembre del presente año. Alargando la agonía de violencia que vive el sector.

La minería informal abarca alrededor de 25 millones de hectáreas en todo el territorio nacional. Y se estima que la producción de oro ilegal constituye alrededor de un tercio de la producción formal, que equivale a 2 mil 500 millones de dólares anualmente.

MINERÍA ILEGAL DESPLAZA AL NARCOTRÁFICO

Según la Superintendencia de Banca y Seguros, los delitos asociados al lavado de activos vinculados a la minería ilegal representan el 57%. Mientras que el tráfico ilícito de drogas es de 5%. Quedando demostrado que este sector ha desplazado al narcotráfico. Esto significa que la situación que estamos padeciendo en el país es alarmante y de gran peligro, que si no le ponemos coto oportunamente puede escalar, desestabilizando las instituciones tutelares estratégicas y las estructuras democráticas gubernamentales. Algo sumamente preocupante.

Esta situación ha ido en aumento en los últimos años debido al incremento significativo del precio internacional del oro, que ha despertado la codicia. Por la alta demanda de las naciones en el mundo, del metal, a través de sus bancos centrales, que lo utilizan como refugio para salvaguardarse de la crisis económica mundial.

 La onza de oro en el año 2001 costaba 270 dólares. En marzo del 2024 se cotiza la onza en 2,200 dólares. Casi 10 veces más en dos décadas. Algo fabuloso en el quehacer económico, según los entendidos, en rentabilidad y ganancias.

El sábado 6 de abril, el Titular de la cartera de Energía y minas Rómulo Mucho, ha vuelto a insistir, en su propuesta inicial anunciada la semana pasada, a raíz de los últimos sucesos ocurridos en la mina la Poderosa. Donde, después de derribar dos torres de alta tensión que dejaron sin luz el asiento minero, un violento enfrentamiento en los socavones, dejó un saldo de un muerto y dos heridos, en Pataz, región de La Libertad.

“Mineros ilegales en coordinación con delincuentes de organizaciones criminales, que están en el lugar, conocidos como los parqueros (…) han derribado las torres para dejar sin energía y luego tomar labores de la mina”- denuncio Rómulo mucho. (RPP. Ampliación de Noticias 6/04 /24).

Así mismo, el titular de Energía y Minas, mostró su sorpresa que ataquen la mina con presencia en la zona del Ejército Peruano, con apoyo del personal de la Policía nacional, además del personal de seguridad de la mina Poderosa.

Rómulo, ha reconocido como un escollo para que el Minem resuelva directamente el tema de la formalización, la Ley Orgánica de Bases de la Descentralización, quien delega su manejo a las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM) de los Gobiernos Regionales. (Diario Gestión 1/04/24).

DECLARAR EN EMERGENCIA EL SECTOR MINERO

Este tema, de la formalización minera -sostiene Mucho, de manera reiterada- lo vamos arreglar declarando en emergencia el sector, con ciertas facultades extraordinarias con lo cual se resolverá este asunto. Explicando, que, con esas facultades, la formalización, temporalmente, dejaría de estar en manos de la DREM, y la podría asumir una Autoridad Autónoma que avance en ese proceso de forma que, una vez formalizados, el control del cumplimiento de la formalidad por parte de los mineros regrese a manos de las regiones.

Por lo que es urgente -según manifiesta-  declarar en emergencia la minería en el país, y someter a revisión de manera inmediata el Reinfo. Teniendo en cuenta que la violencia -del crimen organizado- se ha extendido a la región Puno; donde tres agentes de seguridad fueron asesinados, por impacto de bala, recientemente, en la zona minera de La Rinconada. Eran personal de seguridad en las plantas de beneficio de minerales. “El Estado ha sido rebasado”- dijo, Rómulo Mucho.

Tenemos que combatir de manera implacable la minería ilegal, que viene haciendo mucho daño al país, entorpeciendo nuestro crecimiento económico y el desarrollo minero. Solo de esa forma vamos a poder atraer mayor inversión privada, vamos aumentar nuestra producción introduciendo tecnología de punta.

Este año nos proponemos recuperar el segundo puesto, a nivel mundial, como productores de cobre, que fuimos desplazados el año pasado por el Congo. Estamos convencidos que este año produciremos 3 millones de TMF de cobre, promoviendo los proyectos de Las Bambas y Coroccohuayco de la empresa minera Antapacay. Superando los 2millones 700 mil TMF, que producimos el año 2023.

Finalmente, sostenemos, que es neurálgico ponerle la atención debida a la industria minera, ya que ese sector es estratégico para lograr el crecimiento económico, y desarrollo social que nuestro país tanto necesita. Es la locomotora que jalará todos los demás sectores. Que en su conjunto promoverán el progreso y el bienestar social en nuestra nación.

(*) Periodista

¡PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN!

 Por: Enrique Soto (*)

El mercado sigue recesado, con una empleabilidad severamente golpeada, y una demanda del consumo severamente contraída. A duras penas se ha logrado controlar la inflación, que aún no puede tener éxito en la satisfacción de las necesidades básicas, de la población empobrecida, como alimento, salud, educación y transporte. El incremento de los pasajes, y la subida de los peajes son claras señales, que la inflación sigue siendo una amenaza preocupante. Estando aún a mucha distancia, el gobierno, de lograr alcanzar la meta de inicio del proceso de reactivación y crecimiento de la economía nacional, de manera sostenida.

A pesar de haberse producido algunos cambios en el gabinete en algunas carteras, esto no garantiza que la situación vaya a cambiar. Son simples cambios de hombres, siendo respetables, por cierto. Mientras no haya claridad en el diseño e implementación de las políticas públicas, poco, o casi nada, es lo que se puede avanzar. Mientras no se tenga claro hacia dónde vamos, qué queremos y cómo lo vamos hacer, no será posible la tan ansiada reactivación económica del país. Ya que tenemos un gobierno al garete. Sin visión. Sin norte.

LA INVERSIÓN PÚBLICA NO ES SUFICIENTE

Las medidas gubernamentales tan publicitadas, a través de un Decreto de Urgencia, aprobando la trasferencia de más de 290 millones de soles al Ministerio de la Producción (Produce), para que sean ejecutados en compras a Myperu, para financiar gestión administrativa, adquisición y distribución de bienes manufacturados, como cuadernos, mochilas, buzos y polos, producidos por las micro y pequeñas empresas, a solicitud del Ministerio de Educación. Así como la autorización de 100 millones de soles a Favor del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, para financiar al pequeño productor agropecuario. No son suficientes para promover e incrementar el consumo y la empleabilidad. Se necesita que ingrese al mercado mayor masa monetaria para contrarrestar el estancamiento económico en que nos hallamos.

 Esta situación grave y peligrosa que estamos padeciendo, parece no ser entendida por nuestras autoridades gubernamentales. También, creen que capitalizando el íntegro de las utilidades obtenidas el año pasado (2023) las Cajas Municipalidades de Crédito Popular y las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, van a solucionar la falta de liquidez en el mercado de capitales y en el mercado de consumo. Están totalmente equivocados. Son simples paliativos efímeros, que ni yaya le van hacer a las gigantescas necesidades que el mercado en su conjunto requiere para paliar la recesión y lograr realmente una reactivación y crecimiento económico sostenido.

NI EL 3% DE PBI NOS VA A SALVAR

La situación es más grave aún, que ni las proyecciones realizadas por el Ministerio de Economía Y Finanzas (MEF), de un crecimiento del PBI para este año 2024 del 3%, va hacer suficiente para menguar la pobreza, estimular seriamente el empleo, y abordar un crecimiento económico. Necesitamos por lo menos, para salir del atolladero en el que nos encontramos, un crecimiento continuo de un 7% anual de PBI, durante por lo menos cinco años. Todo un quinquenio. Esa es la dura realidad, que estamos padeciendo y nuestro actuales gobernantes no la ven, o no la quieren ver; por estar más preocupados en sus negocios personales, familiares y de grupo, sin interesarles el bien común, ni el futuro de los intereses del país y la nación.

INVERSIÓN PRIVADA GARANTÍA DE ÉXITO

En tal sentido, no tenemos otra opción estratégica seria, contundente y segura, en el país, que ponerle la atención suficiente y necesaria al sector minero, que será la locomotora del quehacer económico nacional, que remolcará a todos los sectores económicos que luchan denodadamente por sobrevivir y desarrollarse a través de sus empresas, que hacen malabares por elevar su eficiencia y así ser más competitivos.

En esa perspectiva, traemos a colación un estudio de Scotiabank, que asegura que este año 2024 la inversión minera alcanzará un crecimiento de 6%, sumando una inyección de capital al sector de 5 mil millones de dólares. Superando la caída que tuvo el año anterior de 9.9%, por falta de proyectos mineros. Aunque todavía, estaríamos – según el estudio-  por debajo de los niveles pre-pandemia (Diario Gestión. 20/02 /24).

Se consideran dentro del proceso de inversión privada minera los proyectos de Ampliación Toromocho Fase II, con 1,355 millones de dólares, por parte de minera Chinalco, y la Reposición Antamina, con 2 mil millones de dólares, ejecutándose parte de esos recursos en el año 2025. Esto es alentador, ya que se logra ver un interés genuino por parte de los inversores de seguir apostando por la minería en el país. Siendo otras potenciales inversiones –según indica Scotiabank- Corani (Bear Creek) y Chalcobamba Fase I (Las Bambas). Teniéndose en cuenta la continuidad de San Gabriel (Buenaventura) que actualmente está en construcción.

Asimismo, se advierte de algunos proyectos que podrían tener luz verde este año: Reposición Raura (Minera Raura), Romina (Minera Chungar), Ampliación Huancapeti (Minera Lincuna) y Reposición Antapaccay (Antapaccay).

Este panorama que se proyecta favorable en el sector minero, piedra angular que garantiza la reactivación económica en nuestro país, debe seguir siendo promovida e estimulada. Ya el nuevo ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ha manifestado su compromiso de trabajar denodadamente en el destrabe de proyectos empantanados por años: “El destrabe de proyectos es mi prioridad, para eso me han traído”, ha sostenido, en su primer día de trabajo.

Asimismo, se ha comprometido al fortalecimiento de la Ventanilla Única Digital (VUD), con el objetivo fundamental de agilizar los procesos de permisos, que duraban hasta tres años, hoy solo se harán en seis meses.

UN ESTADO DEMOCRÁTICO GENERA CONFIANZA

Finalmente, sostenemos, con firmeza y serenidad, que la única forma que tenemos de sacudirnos de esta espantosa parálisis económica nacional en la que nos encontramos, es solo y únicamente promoviendo la inversión privada, atrayendo grandes capitales nacionales e internacionales, dándoles confianza y garantía jurídica, a los inversores, dentro de un Estado de Derecho Constitucional Democrático. Respetuoso de las normas, los reglamentos y la ley que rigen la conducta de nuestro pueblo. Solo así, vamos a poder acabar con la recesión que nos agobia, generando empleo, promoviendo el consumo y brindando bienestar general a toda nuestra nación. Garantizando salud y educación para todos. Es decir, preocupándonos por el Bien Común, con Justicia Social, paradigmas de un Estado Moderno.

(*)Periodista 

MINERÍA ILEGAL ARRASA CON TODO

 EL GOBIERNO INTENTA DETENERLO

Por: Enrique Soto (*)

La minería ilegal impulsada por bandas criminales -con el propósito de apropiarse del oro de la zona- ha tomado la provincia de Pataz, en la región norteña de La Libertad. Desde el 1 de septiembre del año pasado al 1 de febrero del presente, salieron 3,417 volquetes, con una carga de entre 20 y 30 toneladas cada uno, de las concesiones mineras Poderosa, Horizonte y Marza, sin que ninguno perteneciera o trabajara para las tres compañías, según se dio a conocer en un informe en el diario El Comercio, el domingo 11 de febrero último. Logrando encender las alarmas del Ejecutivo.

Esta ola delincuencial, del crimen organizado, al interior del país, ha puesto en alerta roja al gobierno, quien, en reunión de emergencia del Consejo de Ministros, no han tenido mejor opción política, para evitar un desmadre, que declarar en emergencia la provincia de Pataz, por 60 días, bajo el control de las Fuerzas Armadas, con apoyo de la Policía Nacional. Quienes se encargarán de imponer el orden y contener el avance de estas hordas asesinas, que provocaron diez muertos y mas de 14 heridos, en ese mismo lugar, a finales del año pasado.

Estas acciones de saqueo premeditado del oro de las minas (léase robo consumado) es -sin lugar a dudas-  el modus operandi de bandas criminales que han tomado el territorio nacional como si se tratara de una zona liberada. A vista y paciencia de las autoridades gubernamentales (centrales, regionales y locales) que nada hacían por detener semejante latrocinio; como si fuéramos bárbaros que vivimos al margen de la ley, sin respetar ni haciendo respetar el orden establecido, dentro del Estado de Derecho, amparado constitucionalmente, como un pueblo civilizado.

Las Fuerzas Armadas que han tomado el control territorial de Pataz tienen un gran reto por delante, que esperamos lo sepan cumplir a cabalidad, dado el fracaso en otros lugares, como en los distritos de Lima, donde las declaratorias de emergencias, por parte del gobierno central, fueron un saludo a la bandera, ante el desborde delincuencial. No han resuelto nada. Y la población sigue desprotegida, expuesta al vandalismo salvaje.

Esto que está sucediendo en el norte del país es sumamente grave, que pone en riesgo la estabilidad jurídica y el orden constitucional que sostiene al Estado y la Nación. Si no le ponemos coto de manera oportuna seguirá escalando a situaciones incontrolables. Impulsando la violencia social, el pillaje vandálico y el caos generalizado. Sumiendo al país entero en un estado de desorden total, sin autoridad y sin gobierno. Una anarquía. ¡Cuidado! Estamos avisados ante el eminente peligro.

La inseguridad en la que trabaja el sector minero –baluarte estratégico de la reactivación económica esperada- ahuyenta la inversión privada que tanto necesitamos para promover el empleo y el consumo. No es posible avanzar empresarialmente con una carga de sobre costo excesivo, producto del incremento desmedido para atender la seguridad empresarial, sin el apoyo legítimo del Estado. Un representante de la minera La Poderosa, manifiesta que “desde antes de la pandemia hasta la fecha hemos pasado de tener 167 agentes a 1200. Elevando, de tal manera, nuestro presupuesto de gasto en seguridad privada de 6 millones a 33 millones de soles”.

Esta situación alarmante, de la minería ilegal, es una lucha frontal contra el crimen organizado, que está tomando territorio y poder al interior de nuestro país, creando zonas liberadas, como en los años 80 lo hizo Sendero Luminoso, con sus desvaríos ideológicos terroristas, que parecían cercarnos, intensificando sus acciones violentas en Lima. Sin embargo, fueron derrotados. ¿Cómo lo hicimos? Con estrategia en base a inteligencia. ¡No hay otra! La única forma de derrotar a las bandas criminales que generan violencia y zozobra en la población. Para ello debemos reinstalar y repotenciar el Gein, convocando a los mejores cuadros de la Policía Nacional, y dotándola de mejor presupuesto.

Hay que tener en consideración que estas organizaciones criminales que operan en el sector minero, se apoyan en los mineros pequeños y artesanales, que están inscritos en el Reinfo, y los utilizan como una plataforma para sus fechorías. Obligándolos a que colaboren con sus actos delincuenciales. También, hay que diferenciar entre los mineros informales y la minería ilegal. Los primeros actúan por necesidad de sobrevivencia, ya que no cuentan con el apoyo del Estado, los segundos son delincuentes, criminales, actúan al margen de la ley, en bandas organizadas.

Es mas, para combatirlos con acierto hay que tener en cuenta que son organizaciones criminales con poder económico, que han acumulado ingentes recursos financieros en los últimos años, según informes dados a conocer por la Unidad de Inteligencia financiera(UIF), quienes señalan que en el 2021 fueron a parar a su arcas alrededor de 3mil 500 millones de dólares, producto del comercio del oro, y el 2022, sobrepasó los 4 mil 500 millones de dólares, producto de la diferencia del oro no declarado ante el Minen, de 78 TMF (Toneladas Métricas Finas).

Además, hay que tener en consideración, que el poder económico corrompe autoridades. En tal sentido, estos granujas, organizados en bandas criminales han infectado distintas instituciones estratégicas del Estado, corrompiendo a diestra y siniestra a altos funcionarios de la élite política y burocrática. Por lo que se nos impone una lucha frontal contra la corrupción, si en verdad queremos deshacernos de esta lacra, que finalmente, pone en jaque la estabilidad democrática de la nación. Algo sumamente peligroso. Ya hemos visto, como organizaciones criminales quisieron tomar el poder político, en la hermana república del Ecuador.

(*) Periodista

LA AMENAZA DE LA MINERÍA ILEGAL

 Por: Enrique Soto (*)

En el colmo de la barbarie la minería ilegal amenaza con desestabilizar violentamente el sector, contando con el aval del Congreso de la República, que los apoya promoviendo leyes a su favor, según denunció el diario El Comercio, a través de un informe revelador: “Aliados de la minería ilegal: los proyectos y la investigación fiscal que revelan los nexos con el Congreso. -manifestando detalladamente- que especialistas advierten de cuatro fórmulas que favorecen a mantener el statu quo para las mafias que explotan el oro de manera ilícita”. (El Comercio 04 /02 / 24).

Precisando, mas adelante -el informe periodístico- que: “Los mineros ilegales vienen planificando una serie de paralizaciones con el objeto de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), (…). Para este cometido, la mafia parece haber encontrado aliados dentro del Congreso, según consta en al menos cuatro iniciativas de ley, y en una investigación fiscal que se sigue desde el norte del país”.

Esta es una situación que se veía venir y que nuestros gobernantes de turno no la quieren ver, debido a los intereses que tienen con el deseo nefasto de sacar provecho de estas acciones delincuenciales, cuyos representantes han penetrado todas las esferas del poder estatal, incrementado ostensiblemente la corrupción. Nos vuelve a la mente la diabólica frase pronunciada por Vladimiro Montesinos en los años 90: “Todo se compra todo se vende”. Como un método malévolo de avanzar en sus oscuros y mezquinos intereses personales y de grupo. Parece que nada ha cambiado, en dos décadas de lucha democrática en el país.

Esta situación es sumamente grave, teniendo entendido que según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que en el año 2021 la minería ilegal- léase delincuencial- generó ingresos para sus arcas de alrededor de 3 mil 500 millones de dólares. Subiendo el 2022 a 4mil 500 millones de dólares, que es el resultado de 78 TMF (Toneladas métricas finas, de oro), no declaradas ante el Minem. Ya que la producción total fue de 174.8 TMF, y solamente fueron declaradas 96.7 TMF. Registrándose una diferencia de 78 TMF, que fueron a para a manos de las mafias. Se  considera, además, que el año pasado 2023, sus ingresos han sido incrementados considerablemente, bordeando los 6 mil millones de dólares, debido a que las actividades ilícitas, del crimen organizado, se ha desarrollado vertiginosamente, teniendo a su mando en la actualidad zonas liberadas, que han incrementado el sicariato, el secuestro, la extorsión y la trata de personas, ante el beneplácito de nuestras autoridades, que nada hacen por detener semejante flagelo, que ahuyenta la inversión privada y mantiene en ascuas aterrorizada a toda la población, promoviendo ferozmente la inseguridad ciudadana.

Como nos podemos darnos cuenta, este problema es sumamente grave para la estabilidad democrática y la reactivación económica, que pone en jaque el crecimiento, progreso y bienestar de toda la nación. Teniendo como reto asumir el diálogo y la unidad nacional de todos los sectores afectados, como el empresariado nacional, la academia y la sociedad civil, ya que este enemigo es poderoso, y tenemos que combatirlo a sangre y fuego con las leyes en la mano y la constitución.

Estos malhechores no son enemigos cualesquiera, tienen poder económico, y han penetrado nuestras instituciones estratégicas, promoviendo con audacia y temeridad la corrupción. No los dejemos avanzar, no permitamos que el país padezca las oleadas de violencia de estas mafias como está padeciendo nuestra hermana república de Ecuador.

La matanza producida en diciembre del año pasado en la mina La Poderosa, donde 10 mineros fueron asesinados en los socavones, debe servirnos de reflexión, para tomar al toro por las astas; así como el secuestro y asesinato de un empresario minero en Trujillo, que anticipadamente les asesinaron a sus dos guardaespaldas. Últimamente, han atentado contra una torre que suministra energía eléctrica para la producción minera en La Poderosa. Este nefasto suceso ha sido calificado, por el burgomaestre del distrito de Pataz como un acto terrorista como los de la década de los ochenta. Asimismo, se están llevando -léase- robando el oro de nuestras minas en Condorcanqui, en la región norte de Amazonas, ante la vista y paciencia de nuestras autoridades regionales, que se hace de la vista gorda. Afectando a nuestro patrimonio y a nuestros hermanos mineros de la comunidad awajun. El precioso mineral nuestro es llevado a la planta procesadora que se ubica en La Herradura del vecino país del Ecuador.

Siendo la situación tan dramática, que golpea y desestabiliza a un sector estratégico del desarrollo económico nacional, como es la industria minera, estamos obligados a presionar al gobierno central, y a los gobiernos subnacionales a poner coto a esta amenaza, haciendo lo que siempre se hizo para contrarrestar al terrorismo y la organización criminal: Implementar inteligencia. Reconstruir el Gein (institución estratégica de inteligencia policial que combatió y exterminó el terrorismo en el país) de manera inmediata; dotarlo de los mejores hombres, los mas calificados y asignar el presupuesto adecuado, para de esa forma desarticular a las bandas internacionales del crimen organizado. Ha llegado la hora de pararlo en seco. Y hacer respetar la soberanía, el orden y la institucionalidad democrática. Y si este gobierno no está en condiciones de hacerlo, debe ser honesto y dar un paso al costado renunciando, promoviéndose un adelanto de elecciones generales. Instaurándose un gobierno de transición con personas notables que garanticen la paz, la reactivación económica y la gobernabilidad democrática, defendiendo nuestras instituciones tutelares, que están cayendo en descrédito. Es que ahora ya nadie cree en el Congreso de la República, ni en el Ejecutivo, menos en el Poder Judicial. Esta situación debe cambiar radicalmente, sino queremos caer en manos del crimen organizado. De lo contrario, si no hacemos nada, mañana serán ellos. Es decir, las mafias, las que nos gobiernen.

(*) Periodista

PROMOVER LA MINERÍA RESPONSABLE

 Por: Enrique Soto (*)

El sector minero, con un aporte al Producto Bruto Interno (PBI) del país del 14% -el más alto de todos los sectores-, será la principal actividad económica que nos permitirá reactivar el crecimiento económico ralentizado, promoviendo el empleo, incentivando el consumo, para poder acabar con la pobreza y la extrema pobreza que estamos padeciendo.

¡LUZ VERDE A PROYECTOS MINEROS!

Teniendo en consideración este concepto, el Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Abraham Chahuán, ha manifestado su preocupación por la falta de luz verde a grandes proyectos mineros en regiones como Cajamarca y Moquegua, diciendo: “Son los proyectos donde se habla de US$ 7mil millones y US$ 10 mil millones, los cuales generan entre 20mil y 30 mil puestos de trabajo en la construcción y hacen una cadena productiva gigantesca que impacta a proveedores” (diario Gestión 10/01/24).

Puso énfasis en Moquegua, por la presencia de Quellaveco, una de los proyectos mineros insignia que tenemos en el país, por sus altos estándares de producción con responsabilidad social y defensa del medio ambiente, generando mucho empleo.

En otro momento, manifestó: “El país tiene minas en todo lado (refiriéndose a nivel nacional de norte a sur y de este a oeste). Pero falta determinación -dijo-. Nosotros tenemos que realmente empujar que se tomen esas decisiones”- confirmó.

LA MINERÍA GENERA EMPLEO

Debemos precisar, que, según información, proveniente del Boletín Estadístico de Minería, del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), difundido en octubre último, se da a conocer las cifras de empleo directo generado por el sector minero, donde se posesiona a la región Arequipa como líder de empleabilidad, con 36 mil 914 personas empleadas, representando un 15.6% del total a nivel nacional. Ubicándose en el segundo lugar Ancash, y La libertad, en el tercer lugar. Con un 9.1% y 9% respectivamente. Remarcándose, que en ambas regiones existen proyectos mineros importantes para desarrollar en el país.

El total de empleos directos, generado por el sector minero, el año 2023, en todo el territorio nacional, es de 237 mil puestos de trabajo, sin contar los puestos indirectos generados que se multiplican por cuatro.

Es importante resaltar, que los proyectos significativos -en operación-  en Arequipa son, Cerro Verde, Caravelí, Orduz, Mineras del Sur y Buenaventura. Mientras que, en Ancash, tenemos a Antamina, Dos Eliseo, Nueva California, Huancapeti y Pierina. Sin embargo, hablando de cartera de proyectos de inversión, tenemos en la región del Misti a Zafranal, Tía María, Pampa de Pongo y Don Javier, que asciende en total la inversión a la bonita suma de 6 mil millones 700 mil dólares.

Por su parte, Ancash, cuenta -con respecto a cartera de proyectos de inversión- con El padrino, Hilarión, Racaycocha Sur y San Luis, cuya inversión en conjunto asciende a mil millones 570 mil de dólares. (diario Gestión 10/01/ 24).

Siendo oportuna la preocupación expuesta de Abraham Chahuán, en su condición de presidente del IIMP, quienes el año pasado organizaron la Convención Minera Internacional, reunida en la ciudad de Arequipa, donde quedó demostrado en sendos debates de los mas entendidos en la materia, la inmensa capacidad que tiene el Perú en riqueza minera sin explotar que poseemos, principalmente en los andes. Tal es así que nuestra minería explotada es de apenas el 1.40 % del territorio nacional, generando audazmente el 60% del total de las divisas. Algo sin precedentes.

IMPULSEMOS UN NUEVO ¡BOOM MINERO!

En tal sentido, manifestamos enfáticamente, corroborando con cifras estadísticas alcanzadas, que estamos lejos de un desarrollo intenso de la minería en el Perú. Que nos permite traer a la memoria el boom minero, alcanzado en los años 2012 al 2016. Sin embargo, el reto que nos alienta está en pie. Las condiciones materiales, geográficas y territoriales existen para que ese esplendor de abundancia en el quehacer económico minero vuelva. Todo es cuestión de que todos los que habitamos esta bendita tierra nos pongamos las pilas. Los mas de 33 millones de hombres y mujeres que habitamos este maravilloso país nos pongamos a trabajar en esa dirección, unidos, como un solo equipo, con solo propósito: ¿Cuál es?, de sacar adelante nuestra nación, y alcanzar el desarrollo económico y social sostenido.

ACABEMOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO

Para ello, debemos de luchar de la mano de nuestras autoridades exigiendo apoyo decidido al sector, como acabar con las mafias del crimen organizado que actúan impunemente en la industria minera, teniéndonos en vilo, moviéndose como Pedro en su casa, sin que nadie haga algo por detenerlos. Tal es así que el año pasado se produjo una matanza en los socavones de La Mina Poderosa, productora de oro, en Pataz, La Libertad. Donde 20 personas fueron asesinadas. Esa situación hizo prender las alarmas en la industria minera a nivel nacional. Ya que es una manifestación severa y flagrante de la actuación sin control de la minería ilegal y del crimen organizado, que amenaza encimarnos, algo que de manera definitiva como Estado-Nación no debemos permitirlo, combatiéndolo con las leyes en la mano y la Constitución Política que rige los destinos de un Estado Soberano y Democrático, como el que actualmente -todavía- somos. Y hay que defenderlo.

Según, César Sandoval Pozo, Jefe de Gabinete de Asesores del MINEM, en artículo publicado en el diario El Peruano el 07 del 12 del 2023, manifiesta, que “la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), da cuenta que el 2021 la minería ilegal generó 3 mil millones 531.2 millones de dólares y el 2022 alcanzó una producción de 13.9 TMF (Toneladas Métricas Finas) de oros, que representa el 14 % del total de la producción declarada (96.7 TMF). Sin embargo, el volumen de exportación de oro durante el 2022, fue de 174.8 TMF, observándose una deferencia de 78 TMF superior a la producción declarada ante el MINEM. Esta producción no declarada constituye una brecha de US$ 4,500 millones”. Se deduce que este dinero -toda una fortuna- ha ido a las arcas de las organizaciones del crimen organizado, que promueve la minería ilegal, además los otros vicios del mercado negro, como la trata de personas. Radicando allí su poder operativo y mercenario.

“Estamos ante una nueva estrategia -sostiene César Sandoval, en su artículo “Minería Ilegal y Crimen Organizado- que no solo es la liberación de zonas productivas y la invasión de áreas concesionadas a la minería legal y formal que produce, tributa, declara y facilita la intervención de las autoridades que fiscalizan en cumplimiento de paramentos laborales y medio ambientales. La nueva estrategia del crimen organizado que promueve la minería ilegal, ha introducido la extorsión, la amenaza y el cobro de cupos, pretendiendo reeditar en el Perú una nueva etapa del terror, bajo el signo del oro extraído ilícitamente”.

DEFENSA DEL ESTADO DEMOCRÁTICO

Esta situación descrita es sumamente grave para el Estado de Derecho, dentro de una cultura democrática que rige los destinos del país y nos ha costado mucho implementarla. Socavando los cimientos endebles de la gobernabilidad. Viéndonos en la imperiosa necesidad de erradicar esta situación de violencia impuesta en el sector minero, igual como lo hicimos con el terrorismo en los años 80. Promoviendo operaciones de inteligencia a gran escala, es decir, a nivel nacional, para así desarticular las organizaciones criminales que amenazan nuestras instituciones. Eso no pasará. No lo podemos permitir. Tenemos experiencia de combate que debemos volver a ponerla en práctica, utilizando la herencia del GEIN, aparato selecto de la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE). Esa experiencia única que tuvimos es nuestro soporte actual para combatir la delincuencia. Estamos obligados a volver a implementarla. No tenemos otra opción, que el uso de la inteligencia.

Esta amenaza, decimos es sumamente grave, para el Estado, socava sus instituciones; para la empresa, que vive en zozobra, sumida en la incertidumbre, ahuyentando la inversión privada; para la sociedad, que vive atemorizada. Constituyendo un descalabro. Esta situación, de manera definitiva debe ser erradicada, si queremos realmente que la industria minera asuma su rol protagónico, de ponerse en vanguardia en el crecimiento y la reactivación económica del país, solo de esa forma podremos salir de la gran crisis económica y política en la que nos encontramos.

Periodista (*)