PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN: ¿REALIDAD O FICCIÓN?

Por: Julio Garazatúa Vela.(*)

A escasos meses de llevarse a cabo las elecciones regionales y municipales  y ante la información en los medios de comunicación sobre presuntas conexiones del crimen organizado con autoridades regionales y locales como el caso del actual Presidente Regional de Ancash, César Álvarez, sindicado como responsable de graves hechos de corrupción, es preciso que el gobierno central asuma con autoridad el control del Estado.

Este nuevo escándalo nacional que ha motivado la rápida e inusual intervención de las instituciones del Estado: seguridad, justicia, contraloría, etc. nos recuerda  lo siguiente:  primero,  que estos casos deben ser investigados con prontitud y en forma exhaustiva, para sancionar drásticamente a los responsables y a los culpables, para desterrar de una vez y para siempre la costumbre que  los casos de corrupción a nivel político siempre terminan en impunidad; segundo, que el llamado Proceso de Descentralización,  hasta la fecha no logra la finalidad  para el cual fue creado, en razón que después de más de una década de iniciado este proceso, no se vislumbra el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles del gobierno en beneficio de la población; al contrario, en la práctica se observa  que la aplicación de las normas y procedimientos establecidos, no se ajusta al espíritu de la ley, y por ende  no coadyuva al fin propuesto.  Tercero, este libertinaje político y presunto delito económico con dineros del Estado descubierto en la Región Ancash, demuestra que el proceso de regionalización tal como se está llevando a cabo actualmente viene propiciando una suerte de “feudalismo” regional , donde los presidentes regionales creen tener la atribución de manejar este ámbito territorial a su antojo, sin control de ninguna clase; arrogándose incluso la potestad de confrontar con el Gobierno Central en algunos asuntos de Estado; comportamientos que si no se corrigen a tiempo pueden generar conflictos no deseados en las demás  regiones, como el suscitado en Cajamarca y  otras en proceso de gestación.

¿Por qué se comete este tipo de delitos continuamente?; por varias razones, entre ellas:  si bien es cierto que las normas, procedimientos, funciones y atribuciones que orientan el desempeño de los gobiernos regionales se encuentran  expresadas en la Ley de Regionalización No. 27867, también es cierto que estas normas no se cumplen adecuadamente,  en razón que los órganos de fiscalización y control, como el  Congreso de la República  y  la Procuraduría General de la República , entre otras, encargadas de  supervisar y orientar  la aplicación de estas normas  en el ámbito regional  hasta su total implementación, no actúan con la seriedad , oportunidad y responsabilidad necesaria que les exige el cargo, lo cual propicia que los propios gobiernos regionales  distorsionen la interpretación legal de estas disposiciones, para manejarlas de acuerdo a sus pretensiones personales y políticas partidarias; y al parecer  se interviene solamente cuando los medios de comunicación presentan casos evidentes de corrupción administrativa.

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta  es, que si existe una norma vigente que prohíbe la reelección inmediata  en el cargo de presidente de la república, justamente para evitar este tipo de excesos  políticos y de corrupción administrativa, con mayor razón se debe aplicar esta misma norma a los presidentes regionales, para  prevenir que los futuros candidatos regionales pretendan enquistarse en el cargo, lo cual evitaría resucitar la figura eterna de los caciques regionales que tanto daño han hecho en otras épocas, y  se daría la oportunidad a otros líderes regionales que refresquen la política nacional.

Además, la Constitución Política del Perú, en su Titulo II-Del  Estado y la Nación; Capitulo I-Del Estado, la Nación y el Territorio; articulo 43, expresa entre otras cosas: “el gobierno del Perú es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes”. Asimismo el artículo 188, dice: “La descentralización es un proceso permanente que tiene como objetivo el desarrollo integral del país”; y el articulo 190, expresa: “Las regiones se constituyen por iniciativa y mandato de las poblaciones pertenecientes a uno o más departamentos colindantes”. Todas estas normas, y otras contenidas en los dispositivos legales vigentes sobre el  tema, deben ser interpretadas en su verdadero sentido jurídico-político; sin olvidar que el Perú es un Estado Unitario, no un Estado Federal, conceptos que deben ser claramente entendido por los candidatos a los gobiernos regionales, para no confundir  ni  generar comportamientos equivocados  posteriormente.

De igual manera, la Secretaria  de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros presentó en agosto del 2011, la “Propuesta del Plan Nacional de Descentralización y Regionalización 2012-2016”, el mismo que fue aprobado por el pleno, en el que señala en su quinta política de Estado, el objetivo necesario de impulsar: “grandes regiones territoriales para el desarrollo”; siendo una de sus metas: “elaborar y someter a debate el nuevo Plan Nacional de Descentralización y Regionalización 2012-2016”. Poniendo especial énfasis en la etapa que apunta a mejorar las políticas implementadas, a proponer una nueva gestión pública descentralizada   para el desarrollo, así como fortalecer las instancias de los gobiernos subnacionales  y su articulación con el gobierno nacional. Al parecer, esta iniciativa no ha sido atendida  ni debatida  por el Congreso de la República hasta la fecha, esperando quizás que el problema explote para luego actuar  como siempre, tardíamente.

¿Qué hacer ante esta problemática?, el escritor Fernando Sabater dice que: “el limite no existe, tenemos que ponerlo nosotros. Así sabemos cuáles son las cosas que no debemos hacer, y  tomamos conciencia de donde están los excesos”. Tomando como premisa esta reflexión, es necesario que el gobierno asuma con autoridad el control del Estado; que las instituciones cumplan con eficiencia y eficacia la verdadera función para la cual fueron creadas, y no fragmentarlas con tareas inocuas. Pero el Estado no muestra expectativas de cambio, continúa lento, burocrático y ajeno a los problemas elementales de la sociedad. Decir que este caso de corrupción regional está en manos de la justicia y que debemos esperar el resultado de las investigaciones, es minimizar el problema que tiene otras aristas; pero los políticos no lo enfrentan directa ni decididamente, tal vez por  desconocimiento de las consecuencias políticas futuras; o por intereses  de otra índole  que se mimetizan en ambiguas declaraciones públicas; o no se atreven a tratar los problemas por su nombre, por las duras criticas de los grupos  de poder interesados en mantener el  statu-quo  a través de los medios de comunicación, cuando se dice la verdad. Pero indudablemente los hechos  hablan por sí solos.

(*) Crnel. PNP (r)