Por: Enrique Soto (*)
** Extracto de un capítulo del ensayo “MÁS ALLÁ DEL SOCAVÓN. La Industria Minera en el Perú”. En proceso de redacción y desarrollo.
Por: Enrique Soto (*)
** Extracto de un capítulo del ensayo “MÁS ALLÁ DEL SOCAVÓN. La Industria Minera en el Perú”. En proceso de redacción y desarrollo.
Por: Enrique Soto (*)
La minería ilegal es una amenaza
peligrosa a la inversión privada en la Industria Minera. No conforme con la ampliación, por un año más, del Registro
Integral de Formalización Minera (REINFO), por parte del Congreso de La
República, que apuntala y promueve su quehacer ilícito; ahora pretende -con el apoyo de algunos
partidos políticos, y malas autoridades, que se alistan para la campaña electoral
que se viene- tomar el control del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET);
para, de tal manera, controlar la Dirección de Concesiones Mineras, que otorga
la titularidad para proceder al control y conducción de la exploración y
explotación de las minas concesionadas, a través de una Resolución emitida por la
Presidencia de dicha institución.
El lobby de políticos y mineros
ilegales -camuflados, como informales, en el sector de Minería Artesanal y de Pequeña
Escala (MAPE)- ha empezado a moverse, con el afán de tomar mayor protagonismo
y, poder controlar con mayor rigor y efectividad su actividad delictiva;
tratando de llegar a manejar la conducción política y administrativa del INGEMMET.
Para tal efecto, han iniciado hacer cambios sustanciales a las reglas de juego
-de carácter administrativo- para favorecer a la minería ilegal. Haciendo
modificaciones gubernamentales a su clasificador de cargos. Queriéndose
formalizar -dándole lineamiento orgánico- el nombramiento del Director de Concesiones
Mineras, como un cargo de confianza (designación a dedo) y no dando oportunidad
a profesionales técnicos en base a la meritocracia, como ha venido sucediendo
en los últimos años. (Perú 21. 08/12/24)
Esto es sumamente indignante, que
pone en grave riesgo la estabilidad, crecimiento y desarrollo del sector. Para
tal efecto -según da cuenta el diario Perú 21- se han reunido el parlamentario Juan
Luna Gálvez, del partido Podemos; el alcalde de Lima, aspirante a la
Presidencia de la República, Rafael López Aliaga, dueño del partido Renovación
Popular y el congresista, Guido Bellido, tránsfuga de Perú libre, que busca
inscribir su propio partido Pueblo Consiente, con los representantes de la Confederación
Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin). Buscando
llegar acuerdos para que se mantenga el caos en el quehacer minero. A río
revuelta ganancia de pescadores. Y prevalezca la ilegalidad como un desorden
establecido, que, de réditos económicos a sus actividades ilícitas,
favoreciendo a sus oscuros intereses.
En ese mismo sentido, no dando
crédito a la organización de los pequeños mineros y mineros artesanales del Perú,
Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía, sostiene: “La Confemin es la organización de los mineros ilegales, no
de los informales. Quieren poder económico, político y control territorial, y
los políticos populistas están dispuestos a cualquier cosa para llegar a
Palacio de Gobierno”. Asimismo, manifiesta, con profunda preocupación, que los
cambios en Ingemmet son una bestialidad. “No me sorprendería que los mineros
ilegales ejerzan importantes cargos es esa institución”-sostuvo. (Perú 21 08/12/24).
Como podremos darnos cuenta la
situación del quehacer minero ilegal que padecemos es sumamente grave. Entorpece
el crecimiento económico y desarrollo de la nación. Atentando cruelmente contra
el progreso; impidiendo la promoción de la inversión privada; factor
fundamental del apalancamiento del empleo, incentivando el consumo, como una
forma efectiva de palear y disminuir la pobreza que nos agobia.
Si no logramos detener a tiempo
el avance de la minería ilegal, mañana lamentaremos inexorablemente, cuando
esta lacra haya tomado el poder y conduzca el país hacia un destino tenebroso,
que no lo debemos permitir.
Actualmente, tiene poder económico.
¡Qué duda cabe! Mueve más de 10 mil millones de dólares en el comercio ilegal
del oro. Superando en rentabilidad al quehacer del narcotráfico. Ha logrado
infiltrar a decenas de instituciones públicas, resquebrajando su fortaleza constitucional.
Corrompiendo a sus más altos funcionarios. En esa audacia temeraria ha
penetrado al Ejecutivo, en sus sectores más representativos; al Congreso de La
República, mellando la dignidad de la Representación Nacional; al Poder
Judicial, al Ministerio Público, a la Policía Nacional y a la Fuerzas Armadas.
Es la Cosa Nostra, que Amenaza esclavizar la sociedad y deshumanizarla.
Por ello, es un deber civil y
moral denunciar de manera incansable la legislación promovida por el Parlamento
nacional a favor de la minería ilegal, que promueve el crimen organizado,
favoreciendo la impunidad de los malhechores.
En tal sentido es de suma
importancia y trascendencia, seguir bregando por la formalización integral del
quehacer minero. Incorporando a los pequeños mineros y mineros artesanales al
sector, a través de la Ley MAPE, que se ha vuelto a cero, con la caída del ex
ministro Rómulo Mucho, volviéndose a revisar la tan extraordinaria propuesta. Dándoles
el espacio que verdaderamente se merecen, a los más de 500 mil trabajadores del
quehacer extractivo milenario, como una forma de alejarlos de las bandas
criminales, que los extorsionan y los utilizan, para camuflar sus malas
andanzas ilícitas.
Ya quedó claramente establecido
que el REINFO no da más. Su fracaso es eminente, quedando claramente al
descubierto que solo sirve para proteger y dar rienda suelta a la minería
ilegal. En más de 8 años, nada se ha podido hacer para formalizar a los mineros
informales. De 80 mil inscritos, aproximadamente en el Registro, solo 2 mil
alcanzaron la formalidad en ocho años. Estando más de 60 mil suspendidos. ¡Un
total fracaso! Insistir es una medida premeditada que favorece -sin lugar a
dudas- solo a los delincuentes.
Por lo que es urgente promover
una Ley, de manera inmediata, para integrar y ordenar de manera formal el
quehacer en la minería artesanal y de pequeña escala, para alcanzar el orden,
con justicia social, que tanto necesitamos en el sector, por el bien de nuestra
nación. Solo con mano firme, en democracia, respetando el Estado de Derecho y
el Orden Constitucional lo vamos a lograr.
(*) Periodista
Por: Enrique Soto (*)
Con la extensión de la vigencia
por un año más, del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), por
parte del Congreso de la República, con la anuencia del Gobierno Central; queda
corroborado y confirmado que estas instituciones tutelares del Estado, no
tienen ningún interés en ordenar jurídicamente -con respeto a la norma y la ley-
la explotación en el país, de la actividad minera desarrollada por la Minería Artesanal
y Pequeña Minería, que agrupa, en todo el territorio nacional a más de 500 mil
personas que se dedican a esta actividad. Asimismo, se evidencia que el
gobierno no tiene ningún interés, menos ganas de perseguir a los mineros
ilegales (léase delincuentes), que se camuflan en esta disposición, para hacer su
fechoría, promoviendo la violencia, desolación y muerte en el sector.
CON LEY MAPE, SE CAYÓ EL MINISTRO
MUCHO
Esta situación es sumamente
alarmante. El REINFO nada pudo hacer, de manera efectiva y contundente, -desde
que se creó en junio del 2017-. En ocho años, tan solo de logró registrar a
90,265 mineros, de los cuales solo 2,108 lograron formalizarse. Ya que el
problema es sumamente complejo, requiriendo el concurso de todos los sectores
del Estado involucrados. Incluido, la sociedad civil y la academia. Sin
embargo, los esfuerzos que se hacen por lograr el orden, queriendo imponer el
principio de autoridad, en base a la defensa del Estado de Derecho, como la
iniciativa presentada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), con la Ley
MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala) al Parlamento, es boicoteada,
vilipendiada, logrando el desafuero del Ministro Rómulo Mucho, como titular de
la Cartera.
Lo que sucede es que hay
muchísimo dinero que se mueve en este negocio sucio. Tal es así que, algunos
entendidos en la materia, sostienen que el comercio ilegal del oro, ha superado
en rentabilidad tremendamente al narcotráfico. Moviendo, alrededor de 10 mil
millones de dólares al año. Siendo el Crimen Organizado quien están tomando
control. Es decir, las riendas de estas organizaciones sociales productivas,
que trabajan de manera informal, explotando minerales codiciosos como el oro,
el cobre y la plata. Además, estos malhechores, han logrado penetrar las
instituciones tutelares del Estado Peruano, como el Congreso de la República, el
Ejecutivo, el Poder Judicial, El Ministerio Público, La Policía Nacional, entre
otros; que les facilitan sus movimientos, en función de sus intereses
deleznables y oprobiosos; actuando de tal manera, en contra del interés
nacional. Y todo ello sucede en base a la corrupción. ¡El dinero manda y
ordena! Comprando servicios y conciencias a altos funcionarios.
MINERÍA ILEGAL AVASALLA MINERÍA
INFORMAL
Al no haber una preocupación
gubernamental y una atención debida, jurídicamente ordenada, por parte del
Estado, los cientos de miles de trabajadores mineros artesanales y de pequeña
escala, se sienten abandonados y desprotegidos; siendo presa fácil de estas
poderosas mafias, que las someten y extorsionan, para que actúen -en base al
miedo- en función de sus criminales objetivos. Es decir, son víctimas de estos hampones.
Sin descartar, que hayan, algunos sectores que hacen alianzas conscientes,
alevosas y premeditadas, ofreciendo su colaboración con estas bandas, en base a
la necesidad. Aprovechando el sentido de oportunidad que se les ha presentado
propiciando negocios maliciosos. Este escenario macabro, -sin orden, sin norma,
sin ley- se presta para todo tipo de acciones indebidas. Reinando la impunidad.
Ya que el accionar minero en estas circunstancias en que se opera no puede ser
criminalizado, no habiendo delito de por medio.
Esto asusta verdaderamente. Somos
humanos, Consideramos, asimismo, que vamos a ingresar a una fase de mayor violencia
en el sector; generándose una espiral vertiginosa que no sabemos cuándo va
acabar, mientras tengamos en la conducción del Estado Peruano a este gobierno
inoperante, incapaz y cómplice de las barbaridades y latrocinios que se vienen
cometiendo en la Industria Minera. Una administración que ha perdido
legitimidad, al no tener apoyo social. El Parlamento, a las justas alcanza el
2% de aceptación, y el Ejecutivo un 6%. La ciudadanía, en una abrumadora
mayoría, no se siente representada por este gobierno, impidiéndole gozar de
autoridad.
Consideramos que la lucha
perseverante por lograr avanzar en la formalización y dar marco jurídico a la
Minería Artesanal y de Pequeña Escala, es una tarea inmediata ineludible, que
el país entero, no debe cejar en su esfuerzo. Ya que esta situación intolerable
-de seguir como esta- va a impedir el desarrollo y fortalecimiento de la Industria
Minera en el país. Impidiendo, el destrabe de grandes proyectos que se encuentran
paralizados.
FALTA DE SEGURIDAD AUYENTA LA INVERSIÓN
Asimismo, ahuyentará la inversión
privada en el sector, al sentir los grandes capitales falta de seguridad
jurídica que garantice sus inversiones. Eso inevitablemente contraerá el
empleo, y como consecuencia el consumo interno, promoviendo y acrecentando la
recesión. A pesar que tenemos controlada la inflación; debido a una política
asertiva desarrollada por parte del Banco Central de Reserva, que impide una devaluación
de nuestra moneda. Manteniéndose el sol como una moneda fuerte en la región.
Es necesario manifestar que el
proyecto de ley del MINEM, presentado al Parlamento, no pretende en ningún
momento quitarle las competencias -que por ley Orgánica- tienen los Gobiernos
Regionales; cuya autoridad la ejercen, a través de la Dirección Regional de
Minería (DREM), como es el seguimiento, supervisión, fiscalización y
otorgamiento de licencias de funcionamiento y operatividad, a las actividades
mineras artesanales y de pequeña escala, en sus respectivas jurisdicciones. Sin
dejar de lado, las competencias y responsabilidades para formalizarlas, por
parte del MINEM. Esto significa, profundizar el proceso de regionalización,
trabajando la descentralización, que está avanzando muy lentamente. Y poco se
ha concretado en más de 20 años.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
Finalmente, queremos señalar, y dejar en claro, que la minería informal, secuestrada por la minería ilegal, en un gran porcentaje, en base a que ha sido avasallada por el capital sucio que manejan las mafias, ha cometido, atropellos invaluables y escandalosos latrocinios; depredando el medio ambiente, contaminando nuestros ríos y convirtiendo en desiertos nuestros bosques; arrasando la flora y fauna. Atentando salvajemente contra nuestros recursos naturales, ricos y variados. Que los han convertido en irrecuperables. Además, de haber pervertido a los grupos sociales de las zonas, promoviendo el sicariato, la trata de personas, el robo y la estafa. Considerándose todo ello una lacra, que perturba indubitablemente el crecimiento armónico de una nación. Por lo que es imprescindible -sin lugar a dudas- extirpar este tumor cancerígeno, que de no hacerlo a tiempo generará metástasis en el organismo social de nuestra nación; conduciéndonos hacia la descomposición, desaparición y finalmente la muerte. Esto, de manera definitiva no lo podemos permitir.
(*) Periodista
Por: Enrique Soto (*)
** Extracto de un capítulo del ensayo
“La Industria Minera en el Perú”, que se encuentra en redacción y desarrollo.
En la última edición de la Revista Minería
& Energía, edición 97, el especialista Miguel Ángel Soto, analiza la
importancia de la transición energética en el Perú, por su capacidad para
desarrollar fuentes renovables. Sostiene que el Proyecto de Ley que modifica la
Ley 28832, propuesto por el MINEM, significa un paso importante, pero aún
quedan retos regulatorios y de planificación integral para aprovechar el vasto
potencial solar y eólico del país.
Por: Enrique Soto (*)
“La Industria Minera no está
preparada para la demanda mundial del cobre en el año 2050. A pesar que en los
últimos veinte años la producción del mineral se triplicó, esta aun no es suficiente
para la necesidad imperiosa del mercado global. Estimándose que, a inicios de
la segunda mitad del siglo XXI, la producción se tiene que duplicar y llegar a
50 millones de toneladas por año.” -Manifestó, Carlos Cotera, gerente general
de la Empresa Minera Antapaccay, en una exposición realizada en la II
Conferencia del Cobre, de la Feria Minera Mundial EXPOCOBRE 2024.
ELECTROMOVILIDAD DEMANDA COBRE
Esta apertura de reflexión, diálogo
y debate, en un apasionado y colorido intercambio de ideas, entre especialistas,
académicos y líderes del sector -promovido por los organizadores de este evento-
es de suma trascendencia para el futuro de la minería en el planeta. Una
actividad vital, y relevante -en los momentos actuales- para el desarrollo económico
de un país y del mundo. Debido, a que en estos momentos la demanda de mayor producción
global de minerales críticos, va a permitir el desarrollo de la electromovilidad.
Teniendo en consideración que la fabricación de un auto eléctrico, consume seis
veces más cobre que la producción de un vehículo a combustión.
Asimismo, se requiere mayor
producción minera, para hacer frente al desafío del cambio climático; a través
de la promoción de la energía renovable, que reemplazará a la energía fósil contaminante.
Empezando, de manera acelerada, a
ser transformada la matriz energética en el planeta, dándose inicio a la IV Revolución
Industrial, tal como lo manifiesta y desarrolla Klaus Schwab, fundador y
director general del Foro Económico Mundial. Estamos entrando a la era de un
desarrollo exponencial de la tecnología, con una creatividad e innovación sin
límites, dando rienda suelta a la imaginación, que ha permitido la aparición de
la Inteligencia Artificial (IA).
Como podemos darnos cuenta, la
Industria Minera es fundamental para el desarrollo integral de la humanidad.
Por lo que observamos con mucha preocupación como estamos perdiendo un sin número
de oportunidades para desarrollar el sector, sin permitir sacarle el mayor
provecho. Sacrificando en su desarrollo y crecimiento a los países. “A través
de la minería se puede impulsar reformas y desarrollar proyectos sociales que
tienen los países latinoamericanos. Desarrollando un discurso asertivo para
interiorizar y comprometer a las empresas mineras y educar a la sociedad”-sostiene
Francisco Lecaros, Presidente de la Fundación Minera de Chile.
CERRAR BRECHAS DE DESIGUALDADES
ECONÓMICAS
En tal sentido, es de suma importancia
y urgencia en el Perú, cerrar las brechas de desigualdades económicas y
sociales que existen, en nuestra sociedad, redistribuyendo equitativamente, con
justicia social, los beneficios que se obtienen a partir de la explotación de
minerales. Teniendo en cuenta que nuestro país ocupa el segundo lugar en el
mundo como productor de cobre. Y es un país reconocido internacionalmente como
uno de los líderes globales en la producción de la Industria minera. Esto va a
permitir, que se oriente hacia nuestro mercado los grandes capitales que
necesitamos para impulsar el desarrollo del quehacer minero en nuestro
territorio. Tenemos potencialidades suficientes para expandirnos y crecer,
mejorando la productividad, elevando la calificación de nuestros recursos
humanos.
De los 17 metales críticos, que
requiere el mundo para la transición energética, entre ellos el cobre, 8 de
ellos se encuentran en las entrañas de nuestras cordilleras, esperando ser
explotadas. El Perú puede proveer al mundo en abundancia, con esos metales que
demanda el mercado internacional. Siendo necesario, trabajar con ahínco en esa
dirección, con una visión hacia el 2050.
PROYECTOS DE COBRE EN APURÍMAC
Por otra parte, es necesario
afirmar, que el 50% de proyectos de cobre (30) que existen en el país, se
concentran principalmente en las regiones de Apurímac, que cuenta con 7 y
Cajamarca, que alberga a 5. Dos regiones sumamente importantes y fértiles en
producción minera. Sin embargo, estas no han sido debidamente atendidas, con
servicios sociales, en base a la inversión pública. Manifestándose una
negligente ausencia del Estado. De esa forma se ha alentado de manera
irresponsable los conflictos sociales, que han paralizado proyectos mineros,
impidiendo el avance y desarrollo del sector en el país. Esto debe corregirse
de manera inmediata -en una carrera contra el tiempo-, para impulsar el
desarrollo y progreso de las comunidades, elevándoles la calidad de vida, con
la implementación de infraestructura básica, como redes de agua potable y
alcantarillado, electricidad, escuelas y hospitales. De tal forma que todos
sean beneficiados. Practicando la inclusión social, soporte del crecimiento económico
sostenible, que impulsan el progreso de las naciones.
Es meritorio, -vale decirlo- que
el Ejecutivo haya tenido la iniciativa, de haber presentado la Agenda de
Trabajo para la elaboración de la Política Nacional Multisectorial de Minería
al 2050. Liderada por el Ministerio de Energía y Minas, documento que se
publicará, -según se ha anunciado- en Julio del 2026. Esta es una actitud
loable que bien podría contribuir al cierre de brechas sociales en las regiones
del interior del país.
La riqueza minera abunda en
nuestro territorio. Somos un pais bendecido. Lo que nos falta son políticas de
Estado y Estrategias de Desarrollo para impulsar la producción minera. Es
necesario promover, para que salgan adelante, los proyectos de Los Chancas,
Michiquillay y Tía María. Es sumamente importante calmar las aguas donde hay
agitación y conflictos sociales, promoviendo el diálogo. Negociando con las
comunidades, ganándonos su adhesión y simpatía. Generando e impulsando la confianza
en la inversión privada. Convenciendo, con hechos reales de participación
colectiva. Solo así vamos a lograr avanzar y salir adelante.
XI JINPING Y JOE BIDEN VISITAN EL
PERÚ
Hay que tener presente que este
mes de noviembre se realiza en nuestro país el Foro de Cooperación Asia-Pacífico
(APEC), donde participan 21 economías desarrolladas y emergentes. Vamos a estar
ante los ojos del mundo. Más aun, con la inauguración de Mega Proyecto
Portuario de Chancay. Que se va a imponer como uno de los más grandes de Latinoamérica.
Contando, asimismo, con la
presencia de los presidentes que vendrán al Perú, Xi Jinping, de la República
Popular China y Joe Biden de Estados Unidos de Norteamérica, países que lideran
el mundo. Este escenario es trascendental para el futuro de nuestra nación.
Debemos de saber aprovecharlo al máximo, dando la mejor imagen de país
anfitrión, con grandes potencialidades para acoger inversiones extranjeras.
Presentando un mercado emergente en condiciones favorables para alcanzar el
crecimiento económico y el desarrollo social. Sacándole provecho a nuestra
estabilidad macroeconómica, reconocida globalmente como una de la mejores de la
región.
Finalmente, sostenemos, que es trascendental
trabajar unidos, tratando de forjar el crecimiento de la industria minera; sector
estratégico fundamental, que garantiza el crecimiento y la sostenibilidad de la
nación. Somos un país minero, cuyo liderazgo es reconocido mundialmente. Y de
ello todos los peruanos nos sentirnos orgullosos.
Periodista (*)
El corredor minero del sur del Perú,
es un camino tortuoso, con 482 kilómetros de longitud carrozable, sin asfalto. Después
de atravesar 37 comunidades campesinas alto andinas de las regiones de Cusco, Apurímac
y Arequipa, llega hasta el puerto de Matarani, en las playas del Misti. Donde
desembarcan cientos de camiones cargueros que traen el mineral desde las altas
cumbres de Los Andes, hasta la costa; para que luego sean exportadas, al otro
lado del mundo. Cumpliéndose de tal modo, el ciclo económico comercial, que,
como país minero, estamos comprometidos a desarrollar.
ASFALTAR EL CORREDOR MINERO DEL
SUR
Sin embargo, este circuito de
transporte minero es un problema muy grave para la vida de todas las
comunidades quechuas, que sufren su travesía. Ya que, al no estar asfaltado; el
paso diario de cientos de vehículos con carga pesada, levantan una polvareda,
que contamina de manera desastrosa el aire. Ensuciando de manera brutal, el
interior de las modestas viviendas de las comunidades, que se ubican cerca del
camino.
Consideramos, que este es un
grave problema, que afecta significativamente la calidad de vida de los
pobladores alto andinos, que ha generado múltiples enfrentamientos y conflictos
sociales violentos, con las empresas mineras y el Estado. Por lo que es de suma
importancia, que esta infraestructura, de ruta de transporte minero, sea
mejorada considerablemente, con la construcción de una carretera asfaltada.
Mejorando de tal forma la calidad de vida de los pueblos circundantes a la mencionada
vía. Propiciando el progreso y desarrollo de los pueblos de la serranía.
Por otra parte, es conveniente manifestar la presencia continua, de violentos enfrentamientos sociales en la zona del Corredor minero del Sur, debido principalmente a:
INVERSIÓN POR MÁS DE 2 MIL
MILLONES DE DÓLARES
Por otro lado, con el propósito
de mejorar su infraestructura minera, en la explotación del mineral rojo, como
se le denomina al cobre, y beneficiar a las comunidades de influencia -ubicadas
alrededor de sus yacimientos- con el afán de tener mejores relaciones con la
población andina, en la región Apurímac; la empresa China Minerals and Metals
Group (MMG), que promueve el Proyecto Minero Las Bambas, ha decidido
implementar una ampliación de inversión adicional superior a los 2 mil millones
de dólares, según dio a conocer, su Vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Ejecución
de Proyectos, Diego Ceresetto, en una conferencia denominada: “Planes y
Proyectos de Minera Las Bambas para el 2025”, organizada por la Cámara
Canadá-Perú.
Teniendo en cuenta que nuestro país,
es el segundo productor de cobre en el mundo. Esta inversión es sumamente
importante para el sector, en la medida que refuerza la actividad económica
principal que desarrollamos; y la que trae las mayores divisas al país, a
través del comercio internacional de exportación. Teniendo en cuenta que, en el
Perú, los ingresos por ventas de minerales, representa el 60% de todas sus
exportaciones. Algo, muy significativo.
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA EN LAS
BAMBAS
Esta inversión adicional del
Proyecto Las Bambas está orientado inicialmente a Ferrobamaba, el Primer Tajo.
Donde se implementará una reubicación de infraestructura, mejoramiento de
caminos. Así como la construcción del Taller para camiones y el Depósito de
Desmontes. Luego, más adelante, se iniciarán trabajos en el segundo Tajo: Chalcobamba.
Donde se lanzarán proyectos de manejo de aguas; el desarrollo de botaderos;
líneas eléctricas; construcción de canales, acceso de vehículos livianos;
antena de comunicaciones; y chancadoras giratorias. El Tercer Tajo: Sulfobamba.
Es visto por los directivos del Proyecto, como una oportunidad de crecimiento,
ampliación y continuidad de Las bambas. Tienen pensado, iniciar la explotación
en el mencionado tajo, a mediados del año 2030.
Finalmente, sontienen: “Otro de
los componentes -que es de su preocupación según manifiestan- es la infraestructura para la deposición de
relaves, para el cual se tiene previsto implementar por gravedad presurizado y
manejo de aguas, para garantizar la continuidad de la operación hasta el 2026, así
como la solución de bombeo de relaves para garantizar la operación hasta el
2033.” (Energiminas 25/10/24).
“PROGRAMA CORAZÓN”
También es conveniente resaltar
en esta ampliación de inversión privada minera en Las Bambas, de más de 2 mil
millones de dólares, el trabajo de Responsabilidad Social que viene realizando
la empresa, a través de su “Programa Corazón”. Creado con el objetivo principal
de estructurar un nuevo modelo de desarrollo de empresas comunales, que permita
ascender de un modelo transicional cortoplacista inmediato, a un modelo de
desarrollo integral de mayor duración y sostenibilidad a largo plazo.
Actualmente, se han implementado cinco proyectos con ese propósito, en el que
vienen participando ocho empresas comunales, las cuales están brindando
servicios de movimiento de tierras, electromecánica y manejo de aguas.
Proyectando, darles más adelante, tareas más complejas y de mayor envergadura,
conforme vayan calificándose, y consolidándose empresarialmente.
Creemos, sinceramente, que estas
actitudes de ampliar y consolidar la inversión privada minera en el Perú, es de
suma importancia y trascendencia. Aprovechando que los precios de los minerales
en el mundo están boyantes. Y la demanda es cada vez mayor. Preocupándose por
hacer una minería limpia moderna, mitigando al máximo los impactos negativos,
que pudieran producirse, afectando el medio ambiente. Teniendo una actitud
responsable con el hábitat.
Asimismo, creemos oportuno,
manifestar que ha llegado el momento histórico decisivo de darle mayor
importancia a las comunidades. Desarrollando una empresa inclusiva dentro, de
un Sistema Capitalista Inclusivo, de libre mercado, competitivo. Con un respeto
único a la libertad individual y la Propiedad privada. Donde la meritocracia
marque el ascenso y el reconocimiento de los individuos. Ha llegado el momento
de superar, con inteligencia y diálogo, los conflictos sociales violentos que
aún se registran en el quehacer de la Industria Minera, por falta de
entendimiento entre las poblaciones, las empresas y el Estado. Esto debe ser
superado, trabajando mancomunadamente en una alianza estratégica. De sabios, es
reconocer las injusticias, que a lo largo de la historia se han cometido contra
las comunidades alto andinas, principalmente. Sin embargo, estamos entrando a
un proceso de superación, de entendimiento, de diálogo. El reto no es nada
fácil. Pero, tampoco imposible. Al final del esfuerzo, La Nación en su
totalidad será la única beneficiada. Habiendo alcanzado el progreso, el
desarrollo económico y el bienestar general. Sueño sagrado de todos los
peruanos de buen corazón.
Periodista(*)
Por: Enrique Soto (*)
El Perú -lo decimos con profunda
preocupación- está ingresando en las últimas
semanas, en una vorágine de inestabilidad gubernamental de grandes dimensiones,
nunca antes vista a lo largo de su historia republicana; profundizando
significativamente la crisis política y económica que padece el país, desde
hace ocho años; poniendo gravemente en peligro su legítima viabilidad como
nación civilizada. Libre, independiente y democrática.
UN GOBIERNO DÉBIL E INCAPAZ
Esto ocurre a raíz de tener un
gobierno improvisado, débil e incapaz; conducido por la Presidenta Dina
Boluarte. Que se alzó con el Poder, por un azar del destino. Aprovechando la
caída del Presidente Pedro Castillo, quien fue vacado. Y Gracias a una alianza
oscura, trasnochada, con ribetes delincuenciales, con la Representación
Nacional. Enquistada en el Congreso de la República. Celebrando un Triunvirato
de Cogobierno, con Alianza Para el Progreso, partido político que maneja, el
Gobernador de la región La Libertad y dueño de la Universidad César Vallejo, César
Acuña Peralta. Y Keiko Fujimori, fundadora y representante de Fuerza Popular;
quien fue tres veces aspirante como candidata a la Presidencia de la República
(2011, 2016 y 2021). No pudiendo nunca alcanzar la más alta magistratura, a
pesar de haber invertido gigantescas sumas de dinero -que vienen siendo investigadas
por el Ministerio Público y judicializadas- en multimillonarias campañas
políticas electorales.
Estas componendas, bastante
polémicas, en las más altas esferas del Poder; han escalado a serios y brutales
enfrentamientos, por ganar hegemonía y control del Estado, entre el Ejecutivo y
el Parlamento contra la Fiscalía y el Poder Judicial. Evitando a toda costa que
sean investigados y sentenciados por sus malas fechorías realizadas, -ya que
muchos vienen siendo procesados-. Por haber malversando los recursos de todos
los peruanos. No quedándose atrás en estas trifulcas, el Tribunal
Constitucional, y la Defensoría del Pueblo, que ejercen muy bien su papel, defendiendo
al Ejecutivo y principalmente, al Parlamento, que es quien nombra a estas
autoridades en estas instituciones.
Esto nos permite ver con claridad,
un panorama caótico de una tremenda crisis institucional que estamos atravesando
como nación. Y que repercute enormemente en el quehacer diario del ciudadano de
a pie. No sabiendo cómo enfrentar el pueblo en su conjunto, el abandono total
en que se halla, por parte del Estado. Ya que nuestras autoridades
gubernamentales, están en estos momentos, más preocupadas por sus asuntos
personales y de grupo. Pensando cómo defenderse de los delitos cometidos. Sin
importarles para nada la situación de inseguridad ciudadana, que vivimos.
Tampoco les interesa resolver el desempleo, combatir la enfermedad, la pobreza
y miseria, que padecemos, por falta de desarrollo y crecimiento, debido a la
prolongada y degradante recesión y desaceleración económica que se está
sufriendo.
DESBORDE POPULAR
En tal sentido se anuncia,
-dándonos miedo lo que pueda suceder- con impredecibles consecuencias, un
desborde popular. Debido a la impotencia que tiene la población al no saber cómo
enfrentar la Inseguridad Ciudadana, promovida por el Crimen Organizado, con el auspicio
del Congreso de la República, dando leyes a favor de la delincuencia, y con el
aval de Ejecutivo, que promulga dichas normas, cabeza gacha, sin observarlas.
Esta situación tocó fondo. Y los
transportistas, los bodegueros, los comerciantes de gigantescos centros
comerciales como el conglomerado de Gamarra, Mesa Redonda, Las Malvinas, los
miles de obreros de construcción civil, los artesanos y metalmecánicos, organizados
en la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), que vienen siendo
amenazados con extorsiones continuas, y asesinados sino pagan, ha pegado el
grito al cielo ante tanta ignominia y ha decidido esta semana salir a protestar
a las calles democráticamente; como lo permite la Constitución Política del país.
Reafirmando, el 92 % de rechazo que tiene este gobierno espurio, confirmado en
sendas encuestas realizadas por instituciones serias como Ipsos Perú.
¡Cómo va a ser posible que, en
cinco meses, desde que asumió el cargo de la cartera del Ministerio del interior
Juan Santibáñez, no se halla hecho nada, de manera absoluta, para contrarrestar
el avance del crimen organizado! ¡Cómo va hacer posible que desde hace 20 días
que se ha declarado un Estado de Emergencia, en 14 distritos del Lima, no se ha
podido contener el sicariato, y tengamos 20 muertos más! Y la situación
continua en escalada imparable, que los médicos forenses de la Morgue de Lima,
hayan tenido que salir a protestar, porque no se dan abasto para atender, las
autopsias, de la abultada cantidad de muertos que llegan día a día.
ESTADOS DE EMERGENCIA FALLIDOS
Ya quedó demostrado que las
declaratorias de emergencia no sirven para nada. Mientras sigan los
enfrentamientos del Ejecutivo con el Ministerio Público. Los detenidos que son
capturados en las redadas policías, son liberados al día siguiente.
Asimismo, ha quedado demostrado
que la línea 111, implementada recientemente por la Policía Nacional. Igualmente,
no funciona, como una herramienta efectiva para combatir el crimen. Ya que no
se logra una atención inmediata a las víctimas. Y muchas veces nadie contesta.
El crimen organizado sigue
avanzando de manera incontrolable, queriendo apoderarse de todo el territorio
nacional. Hordas asesinas hacen de las suyas. Estando el pueblo inerme a merced
de la delincuencia. Atentando contra el desarrollo y el crecimiento económico
de la nación. Ahuyentando la inversión privada, privando de empleo a miles de
jóvenes, y contrayendo -por ende- de manera sustancial el consumo interno,
atentando gravemente contra la demanda, y la estabilidad económica y social.
MINISTRO DEL INTERIOR DEBE
RENUNCIAR
EL Ministro del Interior, Juan Santibáñez,
debe aceptar que, durante toda su gestión de cinco meses, se han producido 736 asesinatos.
Alcanzando las cifras, en Lima, de 640 muertos por sicariato. Y registrándose,
en ese periodo, 9.145 denuncias por extorsión. Sin haber podido hacer nada para
disminuir la tragedia. Por tal incapacidad, al frente del gobierno interior, Santibáñez,
debe tener un poco de pudor y dar un paso al costado, renunciando al cargo,
aceptando que ha fracasado.
El gobierno debe evitar
criminalizar la protesta, y no pretender que la sangre llegue al río. Debe
recordar que tiene sobre sus hombros 50 muertos injustamente, por protestar.
Sin que nada haya hecho hasta la fecha por reparar el daño causado a familias
inocentes y sancionar a los culpables.
Ha llegado el momento de que el
pueblo organizado exija sus derechos poniéndose firme ante el gobierno,
exigiendo asuma su responsabilidad de contener y combatir el crimen organizado
que ha penetrado las instituciones corrompiendo autoridades. Siendo esto
posible, solamente implementando profundas reformas políticas y sociales desde
el Estado. Si no están en condiciones de lanzar e implementar este reto, no
queda otra opción sino el adelanto de elecciones y la instalación inmediata de
un gobierno de transición, de Emergencia Nacional. Levantando la consigna de:
¡Que se vayan todos! Al toro por las
astas. El rumor difundido, que en Lima Metropolitana asuman el control Político
Militar las Fuerzas Armadas para combatir la criminalidad organizada, subordinando
a la Policía nacional, es algo sumamente peligroso políticamente hablando, que
no debe prosperar.
ACABAR CON EL CRIMEN ORGANIZADO
No estamos frente a una guerra
interna, con fundamentos ideológicos, políticos y doctrinarios de toma del
Poder, como sucedió en décadas pasadas con Sendero Luminoso y el MRTA. Sino frente a una delincuencia común, simples
criminales y asesinos del bajo mundo. Desadaptados sociales, que deben ser
capturados, procesados y encarcelados. Debemos acabar con el crimen organizado.
Finalmente, creemos que es hora
de que el pueblo organizado proteste. Volcándose a las calles, de manera pacífica,
ejerciendo sus derechos civiles. Para hacer respetar una convivencia civilizada,
salvaguardando el derecho a la vida y la tranquilidad pública, garantizándose
la seguridad ciudadana. Solo de esa forma saldremos adelante. Promoviendo el
progreso, el desarrollo y el crecimiento económico con justicia social. Estamos
notificados.
(*) Periodista
Por: Enrique Soto (*)
Las comunidades campesinas alto
andinas en el Perú, en los últimos años, vienen siendo muy desconfiadas con la
inversión minera. Ya que han sido víctimas a lo largo de la historia, de muchas
injusticias. No habiéndose sabido distribuir equitativamente los beneficios
económicos de esta actividad extractiva, que se desarrolla en sus tierras.
Muchas veces generándose contaminación del medio ambiente, envenenando el agua
de sus ríos y, por ende, afectando la agricultura, la crianza de sus animales y
la salud de la población.
Esto ha dado pie a que algunas
instituciones jurídicas o personas naturales; con criterios ideológicos y
políticos antimineros, que tiene oscuros intereses personales y de grupo, azucen
a los comuneros, apoyando enfrentamientos, promoviendo un clima de zozobra y
conflicto social permanente, interrumpiendo y paralizando el trabajo de
producción minera, generando un clima de violencia. En lugar de convocar al diálogo,
incentivando el entendimiento y la cordura, tratando de hallar una salida
racional que beneficie a todos. Teniendo en consideración que el Perú es un
país minero. Sabiendo, a ciencia cierta, que este sector productivo es la locomotora
del desarrollo económico y social del país, trayendo divisas a la nación.
¿QUÉ HACER?
¿Qué hacer para lograr contrarrestar
a los antimineros, y lograr generar un clima de confianza en las comunidades
alto andinas, en favor de la inversión privada?
Creemos que es necesario -simple
y llanamente- desarrollar en las poblaciones que viven en los andes de nuestro
país, una cultura de diálogo, promoviendo una política de inclusión social. Demostrándoles
claramente -sin generarles grandes respectivas-
que se desea promover con sinceridad el bienestar en sus comunidades.
Incentivando el crecimiento económico y el desarrollo social. Generando la paz
social, evitando los conflictos. Levantando un Plan Estratégico de atención a sus
necesidades más elementales, de manera inmediata, mediata y a largo plazo.
Teniendo en cuenta que los Proyectos Mineros de explotación tienen duración
superior a cinco y diez años. En una convivencia prolongada que puede superar
la década.
CRECEN CONFLICTOS SOCIALES
MINEROS
Por otro lado, es necesario
remarcar que los conflictos sociales mineros han crecido en los últimos años,
de manera considerable -según información de Defensoría del Pueblo-, debido a que
la mayoría de las empresas explotadoras de minerales, en el país, no hacen un
trabajo esmerado de Responsabilidad Social y desarrollo Comunitario con las
poblaciones de influencia minera. Y el Estado, a través, del gobierno de turno,
que conduce los destinos de nuestra nación, parece no tener interés en que este
sector económico avance y se consolide, careciendo de un plan Estratégico de
Desarrollo Nacional, que nos conduzca al crecimiento económico y la
prosperidad.
Creemos, con sinceridad, que es
sumamente importante trabajar con las comunidades para sacar adelante muchos
proyectos, que aún siguen entrapados y paralizados por no tener Licencia Social
para operar. En este sentido, también existe, jurídicamente la Consulta Previa,
que se aplica a las Comunidades Indígenas Originarias, según el Convenio 169 de
Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la Ley 29785.
URGE TRABAJAR CON LAS COMUNIDADES
Asimismo, consideramos, que es conveniente que
el Área de Responsabilidad Social Y Desarrollo de Comunidades de las empresas
mineras deben trabajar apasionadamente en este reto. Siendo de mucha
importancia, generar una relación armoniosa con las poblaciones alto andinas
comprometidas con los proyectos de explotación minera.
Las relaciones comunitarias, en
la Industria Minera, son métodos científicos estructurados, que las empresas
utilizan para establecer y mantener relaciones mutuamente beneficiosas con las
comunidades y los entornos sociales. Que marcan el derrotero de buen trabajo
organizado de exploración, explotación y comercialización de minerales en total
armonía social.
Tenemos entendido que un Plan
Estratégico de Relaciones Comunitarias y Responsabilidad Social, efectivo, que
marque la pauta del desarrollo continuo, debe identificar, entender, manejar
los principales aspectos relacionados con las operaciones de la empresa, para
maximizar los Impactos Positivos y mitigar los Impactos Adversos que se puedan
generar en el proceso de desarrollo del Proyecto Minero.
EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE
La Responsabilidad Social en Minería tiene que ver de manera significativa con los siguientes aspectos, que es muy necesario tenerlos en consideración, para tener muy buenas relaciones con la población involucrada. Estas son:
Por otra parte, es trascendente
tener en cuenta en los objetivos estratégicos de las Relaciones Comunitarias,
identificar claramente a los actores sociales que participan en el evento, sin
excluir a nadie. Como determinar, con precisión, sus intereses específicos,
para evitar choque de intereses. También es necesario, definir estrategias,
tácticas y planes coherentes que favorezcan el consentimiento o la llamada
“Licencia Social”.
Es muy conveniente, para lograr
la confianza de la población. Ver y analizar objetivamente y de manera
realista, los impactos adversos que afectarían a sus comunidades y buscarles
solución para mitigarlos; como, por ejemplo, la contaminación del aire, los
suelos, el agua superficial y los acuíferos subterráneos; así como, las
posibles alteraciones al micro clima. Teniendo en cuenta el riego de afectación
de la flora y la fauna local y regional. Mostrando trasparencia y sinceridad
ante el proceso de exploración y explotación minera. Desarrollando un diálogo
claro y directo de las operaciones a realizar por parte dela empresa.
DIÁLOGO PERMANENTE
Hay que tener siempre en
consideración que la implementación de una mala comunicación con la comunidad, trae
consigo inevitablemente conflictos sociales. Por ello, es imprescindible
encargar esta tarea a personas experimentadas, que tengan un perfil de buenos
comunicadores y generen empatía y liderazgo, ejerzan poder y sepan tomar
decisiones.
Finalmente, es muy conveniente,
aclarar que el bienestar, progreso y desarrollo de las comunidades alto
andinas, de influencia con inversión minera, donde se explora, explota y
comercializa minerales, en el país, no debe ser solo y únicamente
responsabilidad de las empresas mineras involucradas; sino también del Estado.
En tal, sentido debe ser parte del trabajo del Área de Responsabilidad Social, promover
buenas relaciones con las autoridades locales, regionales y nacionales, para
ayudar a la comunidad a coordinar, desarrollar, implementar y ejecutar
Proyectos de Inversión Pública, en dichas comunidades, después de haber
realizado un estudio situacional de la realidad en la que viven. Siendo atendido
por parte del Estado con infraestructura y servicios que eleven su calidad de
vida, incrementando su bienestar. Ya que estamos convencidos que avanzaremos
por la senda del progreso, desarrollo y crecimiento económico en el país,
cuando caminemos juntos: Comunidad, Estado y Empresa Privada. Solo de esa
manera, se garantiza salir adelante, sin lugar a dudas. Estando totalmente
convencidos.
(*) Periodista
Por: Enrique Soto (*)
A la luz de los acontecimientos
que están sucediendo últimamente en el Parlamento Nacional, se advierte, de
manera preocupante para su destino político, que la Presidenta Dina Boluarte
empieza a quedarse sola. Con una votación abrumadora en contra, el Congreso de
la República, frustró su viaje a Estados Unidos, para poder participar en la
Asamblea de Naciones Unidas. Acto seguido -la Representación Nacional-, empieza
a preparar la interpelación a dos de sus ministros: del Interior, Juan
Santibáñez y Ambiente, Juan Castro, en una evidente y clara manifestación
política de comenzar a restarle el apoyo necesario que le venían dando a su
gobierno, pretendiendo dejarla en la orfandad.
Esto sucede estando a un mes del
inicio de la elaboración del Presupuesto General de la República 2025, y a un
año y medio, aproximadamente, de las elecciones generales. Como en política,
nada sucede de manera casual. Entendemos, estas actitudes, como que algunos parlamentarios
-que antes apoyaban la gestión gubernamental- empiezan ahora a desmarcarse de
la mandataria, reacomodándose en el nuevo escenario que se aproxima, con un
estilo camaleónico, para así poder sacar mayor provecho personal de su
embestidura.
Esto hace suponer que se avizora
próximamente en el quehacer gubernamental un escenario político de ruptura, que
estará promovido por las bancadas atomizadas y mayoritarias que menos
compromisos de lealtad tienen ante la Presidenta Dina y su entorno. Y zafarán
cuerpo, antes que los escándalos de corrupción, malos manejos de gestión y la
incapacidad manifiesta de resolver los problemas cardinales que padecen los peruanos,
les salpique, restándoles significativamente oportunidades en los nuevos
comicios que se avecinan.
Sin embargo, eso no podrán hacer
las bancadas de Fuerza Popular(FP), liderada por Keiko Fujimori, ni Alianza para
el Progreso (APP) conducida por César Acuña, propietarios y mandamás de dichas
organizaciones políticas electorales. Ya que el compromiso pactado con el poder,
es de cogobierno, aunque lo nieguen públicamente. Los hechos categóricamente lo
desmienten. Fueron ellos los principales protagonistas que trataron de lograr, con
sus votos a favor en el pleno, que la mandataria viajara a la reunión de Nueva
York. Sin embargo, no fueron suficientes, ya que son minoría, terminando
perdiendo, al no poder alcanzar la votación necesaria, que se necesitaba para
aprobar su salida del país.
Esto, significa además, que en
una debacle gubernamental, que se anuncia de manera irremediable, por la
actitud improvisada e incapaz como se conduce este gobierno -sin visión ni
norte- estos socios gubernamentales, que han puesto las manos al fuego por este
gobierno, sacando ventaja de manera particular y defendiendo sus oscuros
intereses personales, como son César Acuña y Keiko Fujimori, se llevarán, junto
con sus organizaciones políticas electorales que representan, la peor parte de
los pasivos de esta aventura gubernamental siniestra, que nada hizo, a favor
del pueblo peruano, por erradicar la pobreza de más de 3 millones 200 mil conciudadanos, y superar el desempleo que viene padeciendo el país, promoviendo la inversión privada en
vez de aullentarla.
Creemos que se empieza a
configurar -en el quehacer político nacional- un nuevo, prolongado y final
periodo de crisis gubernamental, entre el Parlamento y el Ejecutivo, que obliga
al gobierno central de Dina Boluarte a tener una postura fuera de control, que
la desubica y la empuja al desgobierno. Haciéndole mucho daño, empeorando
radicalmente su popularidad, a tal punto de que su rechazo sea total por parte
de la población. Obligándola, aunque tardíamente, a lanzar un adelanto de
elecciones -sería lo más racional- antes
que sufra la posibilidad de poder ser vacada por parte del Congreso. Teniendo
en cuenta que la convocatoria a los comicios electorales del año 2026, se
tendrán que hacer en el mes de abril del 2025. Acortándose los tiempos para las
decisiones definitivas.
La situación se pone bastante
preocupante y delicada para el futuro del gobierno. Color de hormiga para la
presidenta Boluarte. Que empieza a perder -por oportunismo- sus aliados decisivos
que la defendían y la sostenían en el Poder. Hasta su principal aliado y socio
que la llevó al gobierno, al hacerla parte de la plancha presidencial de Pedro
Castillo (defenestrado y preso por golpista) a través de su partido Perú Libre,
Vladimir Cerrón -prófugo de la justicia- le da la espalda -enmendándole la
plana a su Ministro del Interior, diciendo a través de X: “Santibáñez ya cumplió
su ciclo y su misión”. Dando a entender que debe irse. A pesar que Dina lo
protege de manera encubierta, desatándose un escándalo -que se ha puesto entre
dicho- por haber presuntamente utilizado uno de los vehículos de uso
presidencial para escapar de la justicia: El famoso “Cofre”.
Como podemos darnos cuenta todo
parece indicar que la noche empieza a caer sobre el gobierno de turno y sus
principales aliados atrincherados en el poder.
Sin que nada avizore una mejoría
en los problemas neurálgicos que sacuden las estructuras endebles del país.
Desde hace más de seis semanas alrededor de 20 regiones del interior del país,
parte de su territorio ardía en llamas, debido a los incendios forestales. Y el
gobierno nada hacía por remediarlos. “No es una emergencia” “No hay por qué
alarmarnos”, decía el Presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén.
Como las llamas crecían y la población presionaba, se vieron obligados, a regañadientes
a declarar las zonas en emergencia. Aceptando la gravedad de los
acontecimientos. Al momento, van registrándose 20 muertos y cientos de heridos.
Sin contar con una capacidad efectiva de combatir el siniestro. Mientras
escribo este artículo, las llamas siguen consumiendo la flora y fauna de
nuestra amazonia. Sin lograr controlar el fuego, ya que solo contamos con
cuatro helicópteros que arrojan agua sobrevolando el incendio.
Este es el grado de incapacidad e
ineficiencia, del improvisado gobierno que tenemos. Que anda más preocupado por
solucionar sus problemas de corrupción en el que está envuelto, que por
resolver las necesidades que aquejan a nuestro país.
Asimismo, ni el Gobierno Central,
ni el Ministro del Interior, Juan Santibáñez, ni la Policía Nacional, saben qué
hacer para combatir, con eficiencia, la delincuencia, promovida por el crimen
organizado.
Este 23 de septiembre, el
transporte público ha realizado un paro regional, debido a que están hartos
ante las continuas extorsiones de que son objeto. Incendian sus unidades, matan
a su conductores y cobradores, y el Estado nada hace por brindarles protección como
debiera ser de acuerdo a Ley, dentro del Estado de Derecho. Estando a merced de
los criminales.
La realidad nacional parece estar
tocando fondo. Ha llegado el momento decisivo de actuar, Realizando e
implementando acciones radicales, que nos permitan superar la incertidumbre que
padecemos.
Tenemos condiciones suficientes y
efectivas para superar todos estos males que nos aquejan. Solo necesitamos decisión
política. Contando con buenos líderes, que tomen las riendas del país, y nos guíen
por la senda de desarrollo y crecimiento económico. Alcanzando, de tal manera
el ansiado progreso y bienestar que tanto necesitamos. Constituyéndose, esta iniciativa,
en una necesidad histórica.
(*) Periodista
Por: Enrique Soto (*)
“Te hablo de la Gran Familia.
Necesito que me deposites 5,000 soles para mañana, de lo contrario te vas atener
a las consecuencias, que me voy donde más te duele”. Así amenazan de continuo
las organizaciones criminales, que vienen operando en todo el país, causando
inestabilidad económica, pánico y zozobra, ante la mirada indiferente y
despreocupada de nuestras autoridades, que nada hacen por detener el avance de
los malhechores.
El crimen organizado ha tomado el
control de las calles en nuestro país. Robando, asaltando, secuestrando,
extorsionando y matando por doquier. Hacen suyas las propiedades de los
ciudadanos, que se sienten desprotegidos, ante la avalancha de esta gavilla de
desadaptados, que asola la nación.
BODEGUEROS SON VÍCTIMAS DE
DELINCUENTES
Esta desesperante y grave
situación que padecemos -debido a la inseguridad ciudadana- ha llegado al tope.
Estando -el Gobierno Central- en la obligación de ponerle coto. Como va ser posible que alrededor de 1,400 bodegas, en nuestro país, sufran al mes,
cuantiosas extorsiones, que están arruinando sus negocios, obligándolas a
cerrar, huyendo del peligro, sin tener la debida protección del Estado.
De enero a julio de este año, se
han registrado 9,823 casos de extorsión, a bodegueros, que se ven obligados y
ceden a pagar cupos por miedo, según denunció Andrés Choy, vocero de la Asociación
de Bodegueros del Perú. “Esta grave realidad no es una sensación, como dice el
gobierno. La inseguridad ciudadana, que no es su prioridad, está haciendo tambalear
a la economía de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE)” -confirmó Andrés Choy-.
(La República 04/09/24).
La delincuencia imparable que está
mellando la Seguridad nacional, no solo acontece en Lima y Callao. Sino que
también se siente, de manera significativa y con gran preocupación, en el
interior del país. Ciudades como Trujillo, Arequipa, Piura y Chiclayo,
principalmente, son asoladas por el crimen organizado, bandas criminales que
avanzan, como hordas asesinas, por todo el territorio nacional, sin que nadie
las contenga.
El clamor ciudadano prioritario,
en estos momentos, es por Seguridad.
PASTOR EVANGÉLICO ESCAPA DE
SECUESTRADORES
Oswaldo Alva Polo, Pastor evangélico,
fue secuestrado en Huamachuco, en la Región La Libertad, a inicios de este mes
de septiembre. Gracias a Dios, pudo escapar de sus captores -sin ayuda de la
policía encargada de estas acciones- arriesgando su vida personalmente. Lo
amenazaban con torturarlo y matarlo sino pagaba 10 millones de soles que le
pedían los delincuentes. Luego, fue auxiliado por las rondas campesinas del
lugar. Estos acontecimientos de secuestro y sicariato de continuo vienen
sucediendo, en las últimas semanas, en todo el país, sin que el Ministerio del
Interior y la Policía Nacional implemente, de manera inmediata, un Plan Estratégico
preventivo y de ataque para acabar con este mal, que flagela la dignidad humana,
generando desconfianza e incertidumbre. Desestabilizando social y económicamente
al país.
El sicariato, avanza como una
locomotora en el territorio nacional. Ajustando cuentas y deshaciéndose de los
enemigos. El país parece un Medellín colombiano de la época de Pablo Escobar.
El narcotraficante más sanguinario que tuvo la historia de la humanidad. La
realidad que padecemos parece haber salido de las pantallas cinematográficas.
Hay organizaciones instaladas en nuestra patria que matan por dinero,
utilizando adolescentes juveniles, asesinos motorizados a sueldo. Siendo todo esto
una locura la que estamos observando, que estamos obligados a hacer desparecer.
TRANSPORTE PÚBLICO EN MANOS DEL
CRIMEN ORGANIZADO
La población de Lima y Callao, vive
atormentada viajando en vehículos de transporte público; ya que esta actividad
empresarial se ha ubicado en el Ojo del Huracán, debido a que las bandas
criminales extorsionadoras le han puesto la puntería. El transporte masivo
ahora está en manos de la delincuencia. La empresa Translima, que tiene más de
200 vehículos de transporte, paga 40 mil soles mensuales por extorsión, para
poder trabajar, brindando el servicio. Si no pagan son atacados por grupos
armados que les destruyen las unidades ¡Qué está pasando en el país con toda
esta perversión!
Asimismo, esta modalidad
criminal, se ha extendido a otras empresas, que para operar tienen que pagar
cupos diariamente. Tal es así que la banda delincuencial “Los malandros de Sur”
envían mensajes extorsivos a las empresas Etuchisa, El Mandarino, Uvitas, El
Azul y Eticosa, para que paguen los cupos correspondientes, como si fuera un
peaje obligatorio, sino le vuelan los buses. Y no son solo amenazas, ya lo ha
realizado atacando su centro de operaciones con armas de fuego.
Además, conductores y cobradores
de vehículos de transporte público vienen padeciendo en la capital violentos
ataques armados por parte de organizaciones criminales que se dedican a la
extorsión ¿Dónde está la Policía Nacional, para brindarles protección? ¿Dónde está
el Ministro del Interior Juan José Santibáñez para poner orden? ¿O es que está
más preocupado por sus asuntos personales que lo vinculan con actos indebidos
con el poder central?
Pareciera que las autoridades en
nuestro país están careciendo del sentido de urgencia que necesitamos para
frenar la inseguridad que padecemos, y la criminalidad organizada. ¿O es que no
les interesa acabar con el mal?
BANDAS INTERNACIONALES OPERAN EN
EL PERÚ
Es más, la situación de inseguridad
nacional se agudiza en el país con la presencia de bandas transnacionales como
“Los Tiguerones” venidos del Ecuador y “Los Gallegos del Tren de Aragua” de
Venezuela. Estas bandas criminales sanguinarias se enfrentan a tiros, en las
calles de nuestras ciudades, por la hegemonía y el control de las plazas. La
guerra desatada entre estas dos organizaciones por el control del mercado en el
Perú ha cobrado más de 20 muertos hasta el momento. Últimamente, Los Gallegos,
asesinaron a dos mujeres ecuatorianas, que se dedicaban a la prostitución.
LA AUTORIDAD HA SIDO DESBORDADA
POR LA DELINCUENCIA
Según registro de las personas
asesinadas el año pasado en el país, asciende a 344. Siendo esta una muestra
alarmante de la realidad que padecemos. Dándonos a entender, haciendo un
análisis objetivo, que el principio de autoridad en la nación ha sido
desbordado, por la delincuencia.
El crimen organizado
transnacional ya se encuentra fuertemente instalado en el país. Por lo que es
necesario y de manera urgente tomar decisiones acertadas y coherente para
erradicarlo.
Para tal efecto, necesitamos
invertir significativamente en infraestructura, equipamiento, vehículos,
tecnología y formación profesional. Para de esa forma poder controlar el
territorio que hoy domina la criminalidad.
Creemos con sinceridad que ha
llegado el momento de actuar con firmeza. Movilizando estratégicamente y con
inteligencia a la Policía Nacional. Institución responsable de la Seguridad
Interna, dentro del marco normativo del Estado de Derecho. Ya lo hemos
realizado en otras oportunidades cuando combatimos el terrorismo en la década
de los 90. Y tuvimos éxito. No podemos soportar más latrocinio de estas hordas asesinas.
Ha llegado la hora de exterminarlos, restaurando el orden y la tranquilidad
pública, que tanto necesitamos todos los peruanos.
Periodista (*)
Por: Enrique Soto (*)
Con el propósito de detener la caída libre en popularidad que tiene el Gobierno Central -con más del 90% de rechazo ciudadano-, la semana pasada la presidenta Dina Boluarte, procedió a realizar cambios ministeriales, que -al final de cuentas- resultaron intrascendentes y nada acertados, para lograr su propósito. No dándose cuenta, por carecer de visión política y gubernamental, que este gobierno fallido e improvisado, perdió legitimidad desde sus inicios; cuando se impuso, contra viento y marea, haciendo uso de la violencia indiscriminada, utilizando para tal fin, a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, hace una año y 8 meses. Cargando sobre sus hombros 50 muertos, y decenas de heridos y una crisis económica insostenible, que nos tiene al borde de la bancarrota. Sumergidos en la incertidumbre, sin saber lo que nos pueda suceder en los próximos meses. La situación es dramática y sumamente peligrosa para la seguridad nacional.
El cogobierno -aunque no lo
quieran reconocer- plasmado en una alianza inescrupulosa, de los Boluarte, los
Fujimori y los Acuña, ha ingresado vertiginosamente a un periodo de franco
deterioro político. Teniendo en consideración la desmedida incapacidad que
tienen para gobernar - ¡no dan la talla! - al no poder controlar los neurálgicos
problemas que sacuden el país, como la inseguridad ciudadana, ni lograr contener
la recesión y el desempleo, que incrementa la pobreza, e impiden severamente el
crecimiento económico, ahuyentando las inversiones.
CUATRO GOLONDRINAS NO HACEN
VERANO
En tal sentido, los cuatro
cambios ministeriales realizados, políticamente son insignificantes e
intrascendentes, de nada van a servir al gobierno central, para que logren
salir del fondo del pozo de la impopularidad en que se encuentran. Cambiar al
ministro de Relaciones Exteriores, Vivienda, Comercio Exterior y Cultura, no
ayudará en nada a impulsar la desastrosa inestabilidad política que padecemos.
Menos aún, a recuperarnos económicamente, pretendiendo salir a flote del
periodo de desaceleración en que nos encontramos.
Otro escenario más favorable -al
menos- hubiera sido cambiar al Ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que
nada significativo viene realizando para detener a las bandas criminales que
operan en todo el país, haciendo de las suyas; manteniendo en ascuas y
sobresaltada en la intimidación a toda la población del país; robando,
asaltando, secuestrando y matando por doquier. Estando, más bien, seriamente
comprometido, con denuncias de corrupción muy serias y de gran preocupación,
vinculados con el poder. Ese ministro debe ser expectorado de manera inmediata,
por incapaz y corrupto, según investigaciones preliminares del Ministerio Público.
Sin embargo, pasa desapercibido, como si nada malo ocurriera, y es felicitado
en público por la presidenta Dina Boluarte, dándole un efusivo y apasionado
abrazo.
Asimismo, hubiera sido una buena
decisión cambiar al Ministro de Salud, César Vásquez y al ministro de Desarrollo
Agrario, Ángel Manero. El primero, debido a la incapacidad de poder resolver la
falta de medicinas en el sistema de salud, dejando sin atención a miles de
pacientes en todo el país. El segundo, debió de ser expulsado del gabinete
ministerial, ante las desatinadas declaraciones dadas a la prensa -que dieron
la vuelta al mundo- manifestando que en el Perú nadie padece hambre y que todos
nuestros pueblos se alimentan de manera contundente. Dando a entender que en el
Perú no existe pobreza ni extrema pobreza. Este señor vive en otro planeta, no
conoce nada de la realidad nacional. Es un peligro seguir manteniéndolo al
frente de tan alta responsabilidad gubernamental. Su cambio debe ser eminente.
Creemos, con sinceridad, que la
grave situación política y económica que se viene padeciendo en el país es
sumamente delicada, siendo de intonsos, creer que se puede amenguar este estado
de cosas, con el simple relevo de cuatro ministerios. Cuando sabemos que el
problema es más complejo y delicado, que exige soluciones más atinadas y de
mayor envergadura.
CRECE EMPLEO INFORMAL, ALCANZANDO
EL 71%
Según datos proporcionados por el
Banco Central de Reserva (BCR) la tasa de empleo informal en febrero del 2020,
antes de la crisis sanitaria, era de 66%, ahora el porcentaje se ha
incrementado alcanzando el 71%. Y se considera que tardará alrededor de unos
cuatro años aproximadamente para llegar al nivel anterior.
Esto significa que vivimos una
situación laboral sumamente precaria, de salarios indignos, sin beneficios
sociales legales como debería ser. En estas circunstancias es de suma
importancia -y esto no significa para nada promover el populismo- incrementar
significativamente de manera inmediata la Remuneración Mínima Vital (RMV), que
se halla actualmente en 1025 soles. Como una forma de paliar las necesidades insatisfechas
básicas que padece el pueblo peruano y dignificar la actividad laboral,
generando justicia social. Como una forma de poner algo de dinero en el
bolsillo del pueblo trabajador. Incrementando de tal forma el consumo.
Por otra parte, hay que tener en
cuenta que en los últimos años está registrándose una fuga de talentos. Los mejores
recursos humanos que tenemos se están yendo de país, en busca de mejores oportunidades
en otros lugares del mundo. Esto es muy lamentable, que se debe lograr detener.
DINA BOLUARTE SIN RUMBO
Finalmente, podemos manifestar
con convicción que el pueblo peruano está siendo víctima de un gobierno
incapaz, improvisado, corrupto, que se ha aliado con lo peor de la clase política
que tenemos para poder sobrevivir en el poder a toda costa. Sin importarle el
grave daño que le está causando a la nación. Llevándonos al descalabro. Sin
rumbo. En una navegación tenebrosa, conduciendo un barco a la deriva. Sin
norte.
La presidenta Dina Boluarte no
sabe lo que quiere hacer al mando de la nación. Está perdida en el espacio
sideral de la geopolítica, no reconociendo nuestra potencialidad que tenemos
como país con abundancia de recursos. Solo se concentra con sacar el mayor
provecho posible, de manera personal, familiar y de grupo. No interesándole
para nada el bienestar general. Es decir, el Bien Común. El Progreso y
desarrollo económico y social de toda la población. La satisfacción de las
necesidades básicas y elementales, de los más de 33 millones de peruanos.
LUCHEMOS CONTRA LA TIRANÍA
Creemos, en la antesala de las
próximas elecciones generales, que ha llegado el momento para que el pueblo en
su conjunto empiece a movilizarse, sacudiéndonos de nuestros temores que nos provocó
el asesinato de nuestros 50 compatriotas. Retomando el coraje y la valentía que
siempre nos ha caracterizado en luchas heroicas contra las tiranías y
dictaduras, a lo largo de la historia, que nos han conducido a instaurar la
democracia como gobierno autónomo y soberano, de decisión popular en las urnas,
haciendo valer nuestros derechos ciudadanos, oponiéndonos radicalmente a las
violaciones de nuestros derechos humanos, como lo hicimos en el año 2000,
defenestrando a la dictadura Fujimontesinista, dándole una lección política
histórica, haciéndonos respetar como nación libre e independiente.
Esa lucha contra la tiranía
Fijimontesinista no fue gratuita. Nos costó sangre, sudor y lágrimas,
parafraseando al gran Winston Churchill. En las actuales circunstancias las volveremos
a repetir si el periodo histórico nefasto que estamos viviendo lo exige. Con el
propósito de salvaguardar la Democracia, que tanto esfuerzo nos costó
instaurarla en el año 2000.
Periodista (*)