MINERÍA ILEGAL AMENAZA INVERSIÓN

 

Por: Enrique Soto (*)

La minería ilegal es una amenaza peligrosa a la inversión privada en la Industria Minera. No conforme con  la ampliación, por un año más, del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), por parte del Congreso de La República, que apuntala y promueve su quehacer ilícito;  ahora pretende -con el apoyo de algunos partidos políticos, y malas autoridades, que se alistan para la campaña electoral que se viene- tomar el control del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET); para, de tal manera, controlar la Dirección de Concesiones Mineras, que otorga la titularidad para proceder al control y conducción de la exploración y explotación de las minas concesionadas, a través de una Resolución emitida por la Presidencia de dicha institución.

El lobby de políticos y mineros ilegales -camuflados, como informales, en el sector de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE)- ha empezado a moverse, con el afán de tomar mayor protagonismo y, poder controlar con mayor rigor y efectividad su actividad delictiva; tratando de llegar a manejar la conducción política y administrativa del INGEMMET. Para tal efecto, han iniciado hacer cambios sustanciales a las reglas de juego -de carácter administrativo- para favorecer a la minería ilegal. Haciendo modificaciones gubernamentales a su clasificador de cargos. Queriéndose formalizar -dándole lineamiento orgánico- el nombramiento del Director de Concesiones Mineras, como un cargo de confianza (designación a dedo) y no dando oportunidad a profesionales técnicos en base a la meritocracia, como ha venido sucediendo en los últimos años. (Perú 21. 08/12/24)

Esto es sumamente indignante, que pone en grave riesgo la estabilidad, crecimiento y desarrollo del sector. Para tal efecto -según da cuenta el diario Perú 21- se han reunido el parlamentario Juan Luna Gálvez, del partido Podemos; el alcalde de Lima, aspirante a la Presidencia de la República, Rafael López Aliaga, dueño del partido Renovación Popular y el congresista, Guido Bellido, tránsfuga de Perú libre, que busca inscribir su propio partido Pueblo Consiente, con los representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin). Buscando llegar acuerdos para que se mantenga el caos en el quehacer minero. A río revuelta ganancia de pescadores. Y prevalezca la ilegalidad como un desorden establecido, que, de réditos económicos a sus actividades ilícitas, favoreciendo a sus oscuros intereses.

En ese mismo sentido, no dando crédito a la organización de los pequeños mineros y mineros artesanales del Perú, Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, sostiene: “La Confemin es la organización de los mineros ilegales, no de los informales. Quieren poder económico, político y control territorial, y los políticos populistas están dispuestos a cualquier cosa para llegar a Palacio de Gobierno”. Asimismo, manifiesta, con profunda preocupación, que los cambios en Ingemmet son una bestialidad. “No me sorprendería que los mineros ilegales ejerzan importantes cargos es esa institución”-sostuvo. (Perú 21 08/12/24).

Como podremos darnos cuenta la situación del quehacer minero ilegal que padecemos es sumamente grave. Entorpece el crecimiento económico y desarrollo de la nación. Atentando cruelmente contra el progreso; impidiendo la promoción de la inversión privada; factor fundamental del apalancamiento del empleo, incentivando el consumo, como una forma efectiva de palear y disminuir la pobreza que nos agobia.

Si no logramos detener a tiempo el avance de la minería ilegal, mañana lamentaremos inexorablemente, cuando esta lacra haya tomado el poder y conduzca el país hacia un destino tenebroso, que no lo debemos permitir.

Actualmente, tiene poder económico. ¡Qué duda cabe! Mueve más de 10 mil millones de dólares en el comercio ilegal del oro. Superando en rentabilidad al quehacer del narcotráfico. Ha logrado infiltrar a decenas de instituciones públicas, resquebrajando su fortaleza constitucional. Corrompiendo a sus más altos funcionarios. En esa audacia temeraria ha penetrado al Ejecutivo, en sus sectores más representativos; al Congreso de La República, mellando la dignidad de la Representación Nacional; al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Policía Nacional y a la Fuerzas Armadas. Es la Cosa Nostra, que Amenaza esclavizar la sociedad y deshumanizarla.

Por ello, es un deber civil y moral denunciar de manera incansable la legislación promovida por el Parlamento nacional a favor de la minería ilegal, que promueve el crimen organizado, favoreciendo la impunidad de los malhechores.

En tal sentido es de suma importancia y trascendencia, seguir bregando por la formalización integral del quehacer minero. Incorporando a los pequeños mineros y mineros artesanales al sector, a través de la Ley MAPE, que se ha vuelto a cero, con la caída del ex ministro Rómulo Mucho, volviéndose a revisar la tan extraordinaria propuesta. Dándoles el espacio que verdaderamente se merecen, a los más de 500 mil trabajadores del quehacer extractivo milenario, como una forma de alejarlos de las bandas criminales, que los extorsionan y los utilizan, para camuflar sus malas andanzas ilícitas.

Ya quedó claramente establecido que el REINFO no da más. Su fracaso es eminente, quedando claramente al descubierto que solo sirve para proteger y dar rienda suelta a la minería ilegal. En más de 8 años, nada se ha podido hacer para formalizar a los mineros informales. De 80 mil inscritos, aproximadamente en el Registro, solo 2 mil alcanzaron la formalidad en ocho años. Estando más de 60 mil suspendidos. ¡Un total fracaso! Insistir es una medida premeditada que favorece -sin lugar a dudas-  solo a los delincuentes.

Por lo que es urgente promover una Ley, de manera inmediata, para integrar y ordenar de manera formal el quehacer en la minería artesanal y de pequeña escala, para alcanzar el orden, con justicia social, que tanto necesitamos en el sector, por el bien de nuestra nación. Solo con mano firme, en democracia, respetando el Estado de Derecho y el Orden Constitucional lo vamos a lograr.

(*) Periodista