DESBORDE POPULAR

 

Por: Enrique Soto (*)

El Perú -lo decimos con profunda preocupación-  está ingresando en las últimas semanas, en una vorágine de inestabilidad gubernamental de grandes dimensiones, nunca antes vista a lo largo de su historia republicana; profundizando significativamente la crisis política y económica que padece el país, desde hace ocho años; poniendo gravemente en peligro su legítima viabilidad como nación civilizada. Libre, independiente y democrática.

UN GOBIERNO DÉBIL E INCAPAZ

Esto ocurre a raíz de tener un gobierno improvisado, débil e incapaz; conducido por la Presidenta Dina Boluarte. Que se alzó con el Poder, por un azar del destino. Aprovechando la caída del Presidente Pedro Castillo, quien fue vacado. Y Gracias a una alianza oscura, trasnochada, con ribetes delincuenciales, con la Representación Nacional. Enquistada en el Congreso de la República. Celebrando un Triunvirato de Cogobierno, con Alianza Para el Progreso, partido político que maneja, el Gobernador de la región La Libertad y dueño de la Universidad César Vallejo, César Acuña Peralta. Y Keiko Fujimori, fundadora y representante de Fuerza Popular; quien fue tres veces aspirante como candidata a la Presidencia de la República (2011, 2016 y 2021). No pudiendo nunca alcanzar la más alta magistratura, a pesar de haber invertido gigantescas sumas de dinero -que vienen siendo investigadas por el Ministerio Público y judicializadas- en multimillonarias campañas políticas electorales.

Estas componendas, bastante polémicas, en las más altas esferas del Poder; han escalado a serios y brutales enfrentamientos, por ganar hegemonía y control del Estado, entre el Ejecutivo y el Parlamento contra la Fiscalía y el Poder Judicial. Evitando a toda costa que sean investigados y sentenciados por sus malas fechorías realizadas, -ya que muchos vienen siendo procesados-. Por haber malversando los recursos de todos los peruanos. No quedándose atrás en estas trifulcas, el Tribunal Constitucional, y la Defensoría del Pueblo, que ejercen muy bien su papel, defendiendo al Ejecutivo y principalmente, al Parlamento, que es quien nombra a estas autoridades en estas instituciones.

Esto nos permite ver con claridad, un panorama caótico de una tremenda crisis institucional que estamos atravesando como nación. Y que repercute enormemente en el quehacer diario del ciudadano de a pie. No sabiendo cómo enfrentar el pueblo en su conjunto, el abandono total en que se halla, por parte del Estado. Ya que nuestras autoridades gubernamentales, están en estos momentos, más preocupadas por sus asuntos personales y de grupo. Pensando cómo defenderse de los delitos cometidos. Sin importarles para nada la situación de inseguridad ciudadana, que vivimos. Tampoco les interesa resolver el desempleo, combatir la enfermedad, la pobreza y miseria, que padecemos, por falta de desarrollo y crecimiento, debido a la prolongada y degradante recesión y desaceleración económica que se está sufriendo.

DESBORDE POPULAR

En tal sentido se anuncia, -dándonos miedo lo que pueda suceder- con impredecibles consecuencias, un desborde popular. Debido a la impotencia que tiene la población al no saber cómo enfrentar la Inseguridad Ciudadana, promovida por el Crimen Organizado, con el auspicio del Congreso de la República, dando leyes a favor de la delincuencia, y con el aval de Ejecutivo, que promulga dichas normas, cabeza gacha, sin observarlas.

Esta situación tocó fondo. Y los transportistas, los bodegueros, los comerciantes de gigantescos centros comerciales como el conglomerado de Gamarra, Mesa Redonda, Las Malvinas, los miles de obreros de construcción civil, los artesanos y metalmecánicos, organizados en la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), que vienen siendo amenazados con extorsiones continuas, y asesinados sino pagan, ha pegado el grito al cielo ante tanta ignominia y ha decidido esta semana salir a protestar a las calles democráticamente; como lo permite la Constitución Política del país. Reafirmando, el 92 % de rechazo que tiene este gobierno espurio, confirmado en sendas encuestas realizadas por instituciones serias como Ipsos Perú.

¡Cómo va a ser posible que, en cinco meses, desde que asumió el cargo de la cartera del Ministerio del interior Juan Santibáñez, no se halla hecho nada, de manera absoluta, para contrarrestar el avance del crimen organizado! ¡Cómo va hacer posible que desde hace 20 días que se ha declarado un Estado de Emergencia, en 14 distritos del Lima, no se ha podido contener el sicariato, y tengamos 20 muertos más! Y la situación continua en escalada imparable, que los médicos forenses de la Morgue de Lima, hayan tenido que salir a protestar, porque no se dan abasto para atender, las autopsias, de la abultada cantidad de muertos que llegan día a día.

ESTADOS DE EMERGENCIA FALLIDOS

Ya quedó demostrado que las declaratorias de emergencia no sirven para nada. Mientras sigan los enfrentamientos del Ejecutivo con el Ministerio Público. Los detenidos que son capturados en las redadas policías, son liberados al día siguiente.

Asimismo, ha quedado demostrado que la línea 111, implementada recientemente por la Policía Nacional. Igualmente, no funciona, como una herramienta efectiva para combatir el crimen. Ya que no se logra una atención inmediata a las víctimas. Y muchas veces nadie contesta.

El crimen organizado sigue avanzando de manera incontrolable, queriendo apoderarse de todo el territorio nacional. Hordas asesinas hacen de las suyas. Estando el pueblo inerme a merced de la delincuencia. Atentando contra el desarrollo y el crecimiento económico de la nación. Ahuyentando la inversión privada, privando de empleo a miles de jóvenes, y contrayendo -por ende- de manera sustancial el consumo interno, atentando gravemente contra la demanda, y la estabilidad económica y social.

MINISTRO DEL INTERIOR DEBE RENUNCIAR

EL Ministro del Interior, Juan Santibáñez, debe aceptar que, durante toda su gestión de cinco meses, se han producido 736 asesinatos. Alcanzando las cifras, en Lima, de 640 muertos por sicariato. Y registrándose, en ese periodo, 9.145 denuncias por extorsión. Sin haber podido hacer nada para disminuir la tragedia. Por tal incapacidad, al frente del gobierno interior, Santibáñez, debe tener un poco de pudor y dar un paso al costado, renunciando al cargo, aceptando que ha fracasado.

El gobierno debe evitar criminalizar la protesta, y no pretender que la sangre llegue al río. Debe recordar que tiene sobre sus hombros 50 muertos injustamente, por protestar. Sin que nada haya hecho hasta la fecha por reparar el daño causado a familias inocentes y sancionar a los culpables.

Ha llegado el momento de que el pueblo organizado exija sus derechos poniéndose firme ante el gobierno, exigiendo asuma su responsabilidad de contener y combatir el crimen organizado que ha penetrado las instituciones corrompiendo autoridades. Siendo esto posible, solamente implementando profundas reformas políticas y sociales desde el Estado. Si no están en condiciones de lanzar e implementar este reto, no queda otra opción sino el adelanto de elecciones y la instalación inmediata de un gobierno de transición, de Emergencia Nacional. Levantando la consigna de: ¡Que se vayan todos!  Al toro por las astas. El rumor difundido, que en Lima Metropolitana asuman el control Político Militar las Fuerzas Armadas para combatir la criminalidad organizada, subordinando a la Policía nacional, es algo sumamente peligroso políticamente hablando, que no debe prosperar.

ACABAR CON EL CRIMEN ORGANIZADO

No estamos frente a una guerra interna, con fundamentos ideológicos, políticos y doctrinarios de toma del Poder, como sucedió en décadas pasadas con Sendero Luminoso y el MRTA.  Sino frente a una delincuencia común, simples criminales y asesinos del bajo mundo. Desadaptados sociales, que deben ser capturados, procesados y encarcelados. Debemos acabar con el crimen organizado.

Finalmente, creemos que es hora de que el pueblo organizado proteste. Volcándose a las calles, de manera pacífica, ejerciendo sus derechos civiles. Para hacer respetar una convivencia civilizada, salvaguardando el derecho a la vida y la tranquilidad pública, garantizándose la seguridad ciudadana. Solo de esa forma saldremos adelante. Promoviendo el progreso, el desarrollo y el crecimiento económico con justicia social. Estamos notificados.

(*) Periodista