Por: Julio Garazatúa Vela.(*)
Restablecer el orden y la
seguridad ciudadana gravemente alterada por el crecimiento de la delincuencia
en el país, todavía es una promesa de Estado. Son tantas las veces que se han
implementado medidas y estrategias anticrimen sin alcanzar las metas propuestas,
que estamos aprendiendo a convivir con
la violencia y el desorden. Lo único que sabemos de las medidas adoptadas son,
por un lado las estadísticas optimistas del ejecutivo, y por el otro, las
encuestas pesimistas de las empresas “especializadas” en el tema. Los
noticieros matutinos y nocturnos nos informan diariamente sobre violencia y
muerte en todas las formas y estilos; por ende, cada día crece el temor y la angustia,
pensando cuando nos tocara a nosotros. Mientras tanto, las instituciones del
Estado continúan poniéndose de acuerdo, en cómo detener el desborde de la
violencia y el delito.
El periodista británico Ioan
Grillo en su obra “El Narco-En el corazón de la insurgencia criminal mexicana”,
hace un testimonio crudo de la violencia criminal que vive México. Expone la
anatomía del sicariato y del negocio de las drogas, a través de un análisis
profundo del problema, buscando sentido
al conflicto y soluciones a largo plazo. Refiere que lo que pasa México
no es un asunto de mafias, sino de “insurgencia criminal”, entendiéndose esta, como la existencia de grupos o bandas
armadas que usan tácticas de guerrilla, pero sin ideología, sin un programa,
tan solo intereses comerciales o criminales. Sin embargo, los políticos no se
atreven a tratar el problema por su nombre, porque proyecta una mala imagen al
exterior que repercute en las inversiones económicas y en el control político-social
del país.
Lo arriba descrito, guarda una
ligera similitud con la problemática criminal que actualmente estamos
afrontando en el Perú. Algunos hechos demuestran esta aseveración, por ejemplo:
el narco-terrorismo en el VRAEM lleva
varios años sin solución, a pesar del
esfuerzo de las Fuerzas del Orden y de
los ingentes medios logísticos empleados, el Estado aun no es capaz de
implementar una estrategia multisectorial efectiva para erradicar este tipo de conflictos. El
crecimiento de la delincuencia común y del crimen organizado, siendo sus
manifestaciones más severas la extorsión, el sicariato, el narcotráfico, los marcas, el
pandillaje, los robos a domicilio, etc.; cuyas características principales son
el uso de armas de fuego y la violencia extrema. El narcotráfico, que se ha
enquistado en la sociedad y corrompe todos los estratos sociales sin
distinción, desde los funcionarios públicos y empresarios, hasta los vendedores
de ketes. La corrupción generalizada, desde las denominadas “coimas” hasta el tráfico
de influencias, que corroe las instituciones del Estado. La impunidad, como
recurso del poderoso o del político influyente, que deteriora aun más el concepto
de “justicia” en el país; entre otros.
