Por: Enrique Soto (*)
“La democracia no es solo elecciones: es trabajo ciudadano”, dice
con mucho acierto Gustavo Rodríguez, columnista del diario El Comercio, dejando
entrever la poca participación de la población en la actividad política, y que
ésta solo se preocupa superficialmente cuando se avecina un proceso electoral,
como el que vamos a asistir, para elegir a nuestro nuevo presidente y nuevos congresistas, el próximo año 2016.
¿Por qué la ciudadanía no tiene interés
en participar activamente en el quehacer político nacional? ¿Por qué la gran
mayoría de ciudadanos no tienen el deseo que se profundice y consolide la
democracia en el Perú? Son preguntas sustanciales que estamos en la obligación
de respondernos, quienes de alguna manera estamos interesados en el estudio y
análisis de la actividad política en nuestro país. Ciertamente, la situación
planteada no es nada sencilla y bastante compleja, que tiene, haciendo un
análisis exhaustivo, antecedentes y connotaciones históricas, de profundas
incredulidades, desconfianzas y traiciones que no han sido superadas por la
población hasta el momento.
En 1980, hace 35 años, retomamos
la democracia, poniendo fin a las dictaduras militares. Y este proceso endeble,
maltrecho y rotoso, apenas pudo avanzar –en medio de una violencia criminal
interna, que más parecía una guerra civil- hasta el año 1992. Siendo quebrada
nuevamente de manera abrupta un 5 de abril, cuando el fujimontesinismo,
instalado en el poder, después de haber ganado las elecciones en 1990 decide, utilizando
las Fuerzas Armadas, “disolver” el Parlamento. Se impone una vez más la
dictadura, esta vez cívico militar, cayendo de bruces la democracia. Esta no se vuelve a reincorporar hasta el año
2000, cuando el dictador, al verse acorralado por el pueblo organizado, en pie
de lucha, huye al Japón, renunciado vía fax al cargo de Presidente de la
República del Perú. Desde ese entonces, los peruanos hemos vuelto a sentir el
quehacer democrático en nuestro país. Han pasado quince años, sin embargo, la democracia sigue siendo
anémica, endeble y poco maciza, eso
principalmente porque no contamos con instituciones sólidas que los respalden,
lo vigoricen, fortaleciéndole su accionar en el quehacer político nacional.
Los partidos políticos no han logrado
erigirse como instituciones sólidas, dignas de respeto y admiración por parte
de la ciudadanía. Esto debido a la falta de transparencia y solvencia moral. No
inspiran confianza. Sus dirigentes son vistos como aves de rapiña por la
población, que solo buscan su beneficio personal, familiar y/o de grupo, sin
interesarles el bienestar común y el desarrollo nacional.
Los partidos políticos, como
instituciones que deberían servir de nexos, entre la ciudadanía y el estado,
están en crisis severa, incapaces de cumplir su rol. Deben estar encaminadas a
reorganizarse, refundarse, de lo contrario avanzan hacia su desaparición, como
algunos partidos tradicionales, llámese Partido Popular Cristiano (PPC) o
Acción Popular (AP) por mencionar al algunos de ellos, que han sido incapaces
de ponerse a la altura de los nuevos acontecimientos históricos globales y que
hoy luchan por no extinguirse, tratando de entablar alianzas, de manera
desesperada, para impedir sus funerales. Su mal comportamiento les está pasando
la factura.
Por otro lado, la democracia
incipiente que vivimos, no se profundiza ni logra consolidarse, porque,
asimismo, carecemos de un Congreso transparente, decente, con solvencia moral.
Creíble y confiable. Este no lo es. Está constituido por una gavilla de
egocéntricos, incompetentes y mediocres –con algunas raras excepciones-, que
ven en el erario nacional un botín de guerra, que están dispuestos a
levantárselo cueste lo que cueste. La reputación del Parlamento Nacional se ha
venido por los suelos, el 80% de la población cree que está conformado por
mafiosos. Para poder revertir esta grave situación que padece el país, este
primer poder del estado, llamado Congreso de la República, debe ser reformado profundamente, una de las
opciones, es volviendo a reinstalar la Bicameral, eligiendo a verdaderos
diputados y senadores, como auténticos padres de la patria. Capaces de
fiscalizar de manera correcta el buen uso de los recursos económicos de la
nación, así como de dictaminar leyes que
empujen al país por el sendero del desarrollo y la prosperidad, que tanto desea
la ciudadanía.
Asimismo, consideramos que
ningún congresista debería ser reelegido, para de esa forma imponer
democráticamente la alternancia en el poder, dando oportunidad a otros
ciudadanos, que también desean servir al país. Creemos que hay mucha gente
capaz, honesta y decente que quiere involucrarse en el quehacer político
asumiendo responsabilidades y queriendo dar cuenta de sus actos de manera
transparente. La actividad legislativa es una forma de ejercer ciudadanía
participativa. Hay muchos jóvenes y adultos que aman al país, y quieren
ardientemente contribuir en su desarrollo, porque son conscientes de sus
potencialidades. Ellos deben ser llamados, para que trabajen por el bien común.
Democracia es sinónimo de
justicia. En tal sentido, esta no podrá ser consolidada si la ciudadanía es
vapuleada cuando busca, sin alcanzar, justicia. Y cuando la institución que
está encargada de realizar esta delicada actividad es vista como una de las
peores; como la más corrupta de todas las instituciones tutelares de la patria.
El Poder Judicial, como poder del estado, como institución que debe conducirse
con imparcialidad y decoro, está por los suelos; su reputación no tiene de
donde sostenerse. La ciudadanía cree que es una institución que está llena de
alimañas, que debe ser fumigada, para ser desinfectada de toda la escoria que
la habita y que la ha tomado por asalto. Nadie cree en ella, por lo tanto,
ningún ciudadano decente está convencido en ir a solicitar justicia, porque sabe
que no la va hallar. Asimismo, saben que
allí la justicia se mide por el grado de capacidad económica que tengas. La
solvencia moral, la dignidad, no tienen en ese lugar ninguna importancia, ya
algún impúdico lo dijo: “todo se compra,
todo se vende”. Es la ley del mercado.
Como podemos darnos cuenta,
mientras tengamos instituciones, como las que hemos descrito, es muy difícil y
consolidar nuestra endeble, incipiente y alicaída democracia, estas
aberraciones institucionales no son de ahora, tiene una connotación histórica,
traídos desde los inicios de la república, que estamos en la obligación actual
de erradicarlos para siempre, es una tarea de nuestro tiempo, a escasos seis
años de coronar dos siglos de independencia colonial.
La democracia es un proceso digno
y de mucha solvencia moral, que nadie nos ha regalado, sino que es un estatus
alcanzado por la ciudadanía en el quehacer político, en base a largas luchas, en
las que se han derramado “sangre, sudor y
lágrimas” como diría Winston
Churchill. Por ello, estamos en la obligación de defenderla a capa y espada, porque
es como el alimento, el vestido o la vivienda. Algo necesario para que una
nación viva en paz y con dignidad. En absoluta libertad e igualdad de derechos
entre todos los ciudadanos. Ejerciendo dominio y soberanía sobre nuestros
territorios como nación civilizada e
independiente.
Por ello, debemos señalar,
también, que democracia es sinónimo de atención a todos nuestros pueblos de los
servicios básicos por parte del estado. Es la construcción de un estado social,
que vele por la seguridad ciudadana. Así como por su alimentación, educación,
salud y vivienda, que promueva el trabajo, para que no exista desempleo, y
ejerza un seguro de jubilación. Es decir, un seguro pensionario. Esa es la
democracia que el pueblo desea, que hoy no la alcanza a ver. Por ello, estamos
en la obligación de revertir esta situación de desconfianza, de incredulidad
que existe de parte de la ciudadanía, que no cree en los políticos, ni en la
forma como se practica la política coyuntural. Es comprensible por todo ello, nosotros nos preguntamos con vehemencia:
¿hacia dónde va la democracia?, en nuestro país. Ya que nos preocupa la forma
como se desarrolla el quehacer político, en un periodo de coyuntura electoral,
que no es nada halagador. Los precandidatos han empezado darse de alma, insulto
y diatribas por doquier. Y nada sobre propuestas concretas. Por ello, con buen
criterio, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), de cara a los comicios
presidenciales del próximo año, hizo público el proyecto político social
denominado “Pensando en el Perú 2016”, advirtiendo
la necesidad que se realice inmediatamente –ya que estamos en una carrera
contra el tiempo- una reforma electoral que regule las finanzas de los partidos
políticos con el fin de evitar la infiltración del narcotráfico. Plantearon,
además, que a través del diálogo se pueda elevar el nivel de la política, considerando
que actualmente existe una “banalización”
del debate público.
Hay que resaltar, que el director
del IEP, Ricardo Cuenca, precisó que la iniciativa buscará mediante mesas de
trabajo generar documentos de políticas públicas necesarias y viables para el
país, exigiendo que los candidatos al 2016 tengan metas claras y un plan de
acción que pueda ser fiscalizado por la ciudadanía.
Estas iniciativas de participación
en democracia son loables, creemos necesario que otras instituciones se sumen
impulsando este tipo de eventos. El debate participativo es crucial, apertura
las ideas y genera viabilidad, estimula el accionar político que está tan
alicaído.
Por otro lado, el Parlamento,
tiene en esta coyuntura una gran oportunidad para reivindicarse con la
ciudadanía, que desea urgente una reforma electoral, a través del cual se ponga énfasis el
financiamiento público de los partidos, la supervisión de los fondos de
campaña, que tanto escándalo promueven, que la gente está asqueada. Asimismo,
se aliente los procesos de democracia interna, y la aplicación de la figura
–guion como verdaderamente debe ser- “un militante un voto”. Y se acabe de una
vez, con la tan polémica situación de la eliminación del voto preferencial, que
genera discordias y confrontaciones al interior de los partidos, generándose
cajas de gastos de campaña paralelos.
Finalmente, no podemos dejar de
sostener e impulsar la democracia y el estado de derecho, ya que es garantía de
estabilidad gubernamental, que siendo de otra manera nos llevaría al caos y la
anarquía. Respetar las leyes y sus reglamentos es promover el desarrollo de una
sociedad civilizada. En tal sentido, podemos afirmar, que democracia es vida.
(*) Periodista
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