AL BORDE DEL ABISMO

MINERÍA ILEGAL

Por: Enrique Soto (*)

Constituyendo un grave peligro para la Seguridad Nacional, más de 200 mil mineros ilegales, aproximadamente, producen alrededor de 2 millones 200 mil onzas de oro anualmente en el Perú. Es decir, el 40% de la producción nacional, cuya valoración es de 4 mil millones de dólares, de un total exportado por el país de 10 mil millones de dólares.

ALARMA EN LA INDUSTRIA MINERA

Esta flagrante realidad ha causado gran alarma en la Industria Minera, que viene siendo acosada desde hace varios años por el crimen organizado, que actúa impunemente, fortaleciéndose cada vez más, sin que las autoridades del Gobierno Central, desarrollen e implementen un Plan Estratégico acertado, para lograr combatirlo. Teniendo en consideración que sus medidas promovidas a través de sus Estados de Emergencia han sido un rotundo fracaso. Poniéndose de manifiesto, la existencia de un gobierno débil, que no garantiza para nada la custodia del territorio nacional. Permitiendo que la delincuencia prolifere, y se mueva en el sector, como pez en el agua.

La representación nacional del Congreso de la República, contribuye a esta situación. Legislando en contra de los intereses de la nación y a favor del crimen organizado, excluyendo en un Dictamen aprobado por el parlamento a 59 delitos de la Ley Contra el Crimen Organizado. Es más, oponiéndose a los allanamientos (exigiendo la presencia de un abogado y de la persona investigada, antes de la requisa), que permiten encontrar pruebas que corroboren los delitos investigados por parte del Ministerio Público. Sabiendo claramente que estos allanamientos, se realizan con la presencia de un fiscal y con autorización de un juez.

CONGRESO APOYA ILEGALES

Asimismo, fue el Parlamento Nacional quien abolió el Decreto Legislativo 1607, que permitía a la Policía Nacional la incautación de explosivos a los mineros ilegales. No contentos con esas acciones, nuestra “Representación Nacional”, también, -a través de la Ley Soto-Cerrón- dejó de lado las barreras para que no se permita (en adelante) el cambio de uso de suelos para así combatir la tala ilegal. Dejando protegida de tal manera a la minería ilegal, al punto de que las grandes maquinarias empleadas en los lavaderos (dragas) de oro, no necesitan estar inscritas en Registros Públicos. Convirtiendo el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), en un escudo sostenido para la minería ilegal, permitiéndoles desarrollarse como mineros informales, habiendo sido este prorrogado hasta el mes de diciembre del presente año.

La presencia del congresista Eduardo Salhuana -miembro del Partido, Alianza Para el Progreso, fundado por el gobernador de La Libertad, César Acuña- en la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la República, para el presente año legislativo, enciende las alarmas del quehacer minero nacional, teniendo en consideración su inminente relación con la minería informal, en la que se refugia estratégicamente la minería ilegal.

Hay que tener en cuenta que la minería ilegal, promovida por el crimen organizado trasnacional está creciendo considerablemente en el país. Y tiene fuerte influencia en la comunidad y un poder ya instalado. Habiendo llegado a tener actualmente cierto control del Estado, que estamos obligados a combatirlo; por lo que sostenemos indubitablemente que se ha constituido en un peligro inminente para la Seguridad Nacional.

CONTROLAR NUESTRAS FRONTERAS

Se hace necesario y urgente controlar nuestras fronteras, a través de las cuales se mueven las organizaciones criminales que promueven la minería ilegal, transportando principalmente el oro, que debido a su alto precio estimula el delito.

Las zonas críticas son la frontera con Ecuador y Colombia. Por la zona de Putumayo. El triángulo Perú, Colombia, Brasil, además de la frontera con Bolivia, se ha convertido en “tierra de nadie”. Es decir, es una zona liberada, dominada por los productores de oro ilegal, que llega a niveles de organización violenta, con grupos armados bien constituidos, como en Pataz.

El 2023, -para tener como referencia el grave daño que causa la minería ilegal a la economía peruana- Bolivia exportó 2,200 onzas de oro, siendo solo el 10% producido en el país del altiplano. El 90%, le llegó de contrabando desde el Perú, con la consiguiente pérdida de regalías e impuesto a la renta.

ACABAR CON LA MINERÍA ILEGAL

Si en verdad pretendemos consolidar el sector minero (motor de crecimiento económico sostenible del país) tenemos que acabar con la minería ilegal y el crimen organizado, que impide avanzar y desarrollarnos.

Tenemos que lograr controlar las zonas más calientes como Pataz, en la Región La Libertad, al norte y Madre de Dios, frontera con Bolivia, que se nos está yendo de las manos con decenas de líderes indígenas asesinados por las mafias del oro, que promueven el secuestro, la extorsión, la prostitución y el robo, de manera indiscriminada.

Pataz, suma alrededor 18 muertos, 15 torres de energía derribadas. Continuas paralizaciones de las actividades mineras formales, generando inmensos sobrecostos operativos y de seguridad. Ya no es, solamente objetivo de las bandas mafiosas, la mina Poderosa, ahora se incluye la mina Horizonte y Retamas SA. Todas ellas productoras de oro.

Esto debido a que existen, y funcionan a disponibilidad, sin ninguna fiscalización alguna, plantas de procesamiento en varias zonas del país, que procesan el mineral ilegal “formalizado” mediante el Reinfo. Siendo la convivencia de operaciones mineras informales con las ilegales, las que facilitan todo tipo de derivaciones colaterales.

Ya lo ha manifestado categóricamente la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la minería ilegal la que financia la violencia terrorista promovida por las bandas delincuenciales del crimen organizado.

Finalmente, creemos que los discursos ya se agotaron. Si queremos parar esta ola de crímenes e incertidumbre que asola a toda nuestra nación, ha llegado la hora de actuar. Tenemos que enfrentar el problema con todo el rigor de la Ley, dentro del Estado de Derecho; haciéndonos respetar como una sociedad civilizada y democrática.

En tal sentido, es necesario movilizar a la Policía Nacional -fuerza tutelar de control interno, y garantía de la Seguridad Ciudadana- con un Plan Estratégico, que contenga un gran desarrollo de Inteligencia, previa reestructuración institucional inmediata, purgando a los malos elementos, que están coludidos con la delincuencia. Teniendo como base una decisión política.

No se puede permitir que esto siga creciendo, y tome, en los próximos años, el control total del Estado. Eso, categóricamente, sería una vergüenza nacional, que estamos decididos a no aceptar.

Periodista (*)