“CAIGA QUIEN CAIGA”

Por: Enrique Soto

Uno de los principales problemas que tendrá que enfrentar el próximo gobierno es sobre corrupción. La situación en este aspecto se ha vuelto intolerable para la ciudadanía. Tal es así, que, según la IX Encuesta Nacional sobre Corrupción 2015, elaborada por Ipsos, por encargo de Proetica, señala que una  gran mayoría de peruanos que asciende a un 78% cree que la corrupción ha aumentado durante el gobierno de Ollanta Humala, razones no les falta, al ver tanta podredumbre que ha infectado el quehacer político y social del país. Lo más preocupante de este sondeo es que los encuestados expresan un gran pesimismo en torno al problema, señalando que la “corrupción se incrementará en los próximos cinco años”, ya que el Estado no tiene capacidad para controlar dicho fenómeno. Asimismo, el 47% cree que los jueces son los más corruptos, siendo el Poder Judicial líder de las instituciones más corruptas, seguida por el Congreso de la República, con 44% y la Policía Nacional, con 42%. Esta grave situación de agudo deterioro moral al que han llegado nuestras autoridades, merece una profunda reflexión.

“Caiga quien caiga” es un documento escrito por José Ugaz, quien fue nombrado procurador Ad-Hod para los casos de corrupción del gobierno de Alberto Fujimori y  Vladimiro Montesinos, la investigación penal más importante de la historia del Perú. En dicho documento, se señala que en ese periodo de gobierno “todos los estamentos del Estado fueron corrompidos”. Asimismo, se relata la historia íntima de cómo se desmontó la mafia fujimontesinista. Sin embargo, consideramos, al margen de que se haya o no desmontado la referida mafia instalada en la dictadura, quedó una escuela del mal para los futuros mafiosos, que ahora reaparecen y profundizan la corrupción, sin que nadie pueda hacer algo para contenerla. El caso más emblemático de este gobierno en materia de corrupción, es el promovido por el ex asesor presidencial de Ollanta Humala, Martin Belaúnde Lossio, en complicidad con Rodolfo Orellana y el ex presidente de la Región Ancash César Álvarez, constituyendo una red del delito que –según el informe de la Comisión Investigadora del Congreso, presidida por el parlamentario Vicente Zeballos Salinas- dicha organización tuvo ganancias por más de 490 millones de soles. Es decir, aproximadamente, más de 150 millones de dólares. Y esto sucedió, principalmente por la falta de iniciativa de control en el interior de algunas entidades públicas. Dejando que las cosas sucedan, asiéndose de la vista gorda, para que la mafia pueda operar. Como todos recordaremos, fue muy difícil capturar Martín Belaúnde, la Policía Nacional se mostró incapaz, permitiendo su fuga del país, y eso simplemente porque no había voluntad política, en razón que habían muchos intereses en juego, y altas autoridades involucradas, supuestamente, ganaban tiempo para ver cómo se ponían de acuerdo para enfrentar el asunto. Hay que tener en cuenta que el presidente Ollanta Humala es acusado por la oposición de cobrar cupos a los narcotraficantes en la selva, cuando era Capitán EP, más conocido como el Capitán Carlos. Asimismo, la oposición ha denunciado reiteradamente, que el levantamiento de Locumba, supuestamente contra la dictadura Fujimorista, fue una cuartada, para proteger la huida de Montesinos, a través de velero Karisma. Estos hechos que fundamentan el quehacer corrompido de la clase política tienen que esclarecerse, si queremos extirpar este mal que amenaza con destruir la sociedad.

Por otro lado, el escándalo de los Petroaudios, producido en el gobierno de Alan García, que le costó el puesto a Jorge del Castillo como Presidente del Consejo de Ministros, no ha quedado claro para la ciudadanía, ya que la prueba contundente, donde se escuchaba hablar a los infractores sobre “la aceitada”, refiriéndose a los sobornos que se iban a pagar, fue sacada del proceso por ser consideradas pruebas ilegales, quedando absueltos los involucrados. Asimismo, la mayoría de peruanos no se explica cómo en el gobierno de Alan  pudieron salir en libertad, cientos de narcotraficantes, a través de los “narcoindultos”, el principal operador responsable Facundo Chingel, ha sido condenado a 13 años de prisión, sin embargo, eso no satisface a la opinión pública.

Alejandro Toledo, no tiene forma de justificar ingentes inversiones en propiedades inmobiliarias, siendo investigado por lavado de activos, a través del sonado caso Ecoteva. Como todos tenemos conocimiento el ex presidente de la República, tratando de explicar los hechos entró en sendas contradicciones, que en lugar de defenderse, terminó profundizando el mal, estos hechos son simplemente algunas señales de la corrupción institucionalizada que existe en el país.

Queriendo explicarnos a profundidad el mal que estamos padeciendo, nos damos cuenta que la situación no sólo parte desde el gobierno central, sino que, esta se ha extendido a los gobiernos regionales y locales, como queriendo decir las autoridades del interior del país: “si ellos lo hacen, por qué yo no”. Tal es así que muchos gobernadores regionales y alcaldes están presos y otros están siendo procesados. Así mismo, en las elecciones regionales y municipalidades pasadas, se detectó que casi todos los partidos políticos –unos más que otros-tenían candidatos vinculados al narcotráfico, en total sumaban 124(fuente: Utero.pe).Sin embargo, nada se hizo por parte del Estado para contrarrestar tamaña insensatez. Por ello, con mucha razón Jorge Medina Méndez, miembro de la Asociación Civil Transparencia y presidente de Proetica, exige se realicen profundas investigaciones, en torno a estos actos punibles, y demanda reformas institucionales. Asimismo sostiene, que entre 10% y 15% cuesta a la empresa privada operar en un ambiente donde no hay transparencia, rendición de cuentas o donde hay corrupción. Además, señala, que tenemos una Contraloría inoperativa; no ha descubierto un solo gran caso en los últimos años (La República 9 diciembre 2015).

Esta situación de corrupción institucionalizada que estamos padeciendo los peruanos a nivel nacional es sumamente preocupante, que el futuro gobierno tiene que encararla en su total dimensión. Lo que está pasando en la Provincia Constitucional del Callao,  y que el gobierno central se ha visto en la obligación de declararla en emergencia, es una muestra palpable de cómo está avanzando esta lacra, donde, según sostiene Gino Costa, “las autoridades políticas en el Callao son las principales sospechosas de todo lo que está ocurriendo”.(La República 13 diciembre 2015).Esta declaraciones son sumamente graves que ponen en  tela de juicio la actividad política vinculada a la delincuencia, mediante una bien tejida red de corrupción, como ocurrió en Ancash. Esto merece una profunda investigación, ya que la estabilidad del orden social está en juego.

Como podemos darnos cuenta, la corrupción institucionalizada, recorre por todas la venas del cuerpo social peruano, queriéndole generar una infección terminal. Eso tiene que acabar, realizando una reforma institucional profunda que nos permita, de raíz, arrancar el mal, con su extirpación estaríamos garantizando el crecimiento y desarrollo económico, y consolidando la institucionalidad democrática, haciendo prevalecer el Estado de Derecho. Para realizar esas urgentes reformas, a ningún gobierno debe temblarle la mano, ya que debe estar seguro que cuenta con el respaldo de la ciudadanía. Es decir dl conjunto de pueblo peruano, que se ve perjudicado por esos embates de mafias organizadas que operan al amparo de autoridades corruptas. Por ello, es necesario realizar profundas investigaciones, con el propósito de identificar a los infractores. “Caiga quien caiga” debe ser  la consigna que nos impulse a acabar con el mal, y para ello no debemos esperar la instalación del próximo gobierno, debemos empezar ahora mismo. El gobierno de Ollanta Humala, en estos últimos seis meses que le quedan de gestión debe realizar acciones radicales para iniciar el plan de exterminio de esta podredumbre que pone en  jaque nuestra estabilidad institucional. En tal sentido, estamos notificados, de nosotros dependen acabar con el mal, o convivir con el hasta que nos vuelva anémicos y acabe con nuestra existencia.