LA AMENAZA DE LA MINERÍA ILEGAL

 Por: Enrique Soto (*)

En el colmo de la barbarie la minería ilegal amenaza con desestabilizar violentamente el sector, contando con el aval del Congreso de la República, que los apoya promoviendo leyes a su favor, según denunció el diario El Comercio, a través de un informe revelador: “Aliados de la minería ilegal: los proyectos y la investigación fiscal que revelan los nexos con el Congreso. -manifestando detalladamente- que especialistas advierten de cuatro fórmulas que favorecen a mantener el statu quo para las mafias que explotan el oro de manera ilícita”. (El Comercio 04 /02 / 24).

Precisando, mas adelante -el informe periodístico- que: “Los mineros ilegales vienen planificando una serie de paralizaciones con el objeto de ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), (…). Para este cometido, la mafia parece haber encontrado aliados dentro del Congreso, según consta en al menos cuatro iniciativas de ley, y en una investigación fiscal que se sigue desde el norte del país”.

Esta es una situación que se veía venir y que nuestros gobernantes de turno no la quieren ver, debido a los intereses que tienen con el deseo nefasto de sacar provecho de estas acciones delincuenciales, cuyos representantes han penetrado todas las esferas del poder estatal, incrementado ostensiblemente la corrupción. Nos vuelve a la mente la diabólica frase pronunciada por Vladimiro Montesinos en los años 90: “Todo se compra todo se vende”. Como un método malévolo de avanzar en sus oscuros y mezquinos intereses personales y de grupo. Parece que nada ha cambiado, en dos décadas de lucha democrática en el país.

Esta situación es sumamente grave, teniendo entendido que según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que en el año 2021 la minería ilegal- léase delincuencial- generó ingresos para sus arcas de alrededor de 3 mil 500 millones de dólares. Subiendo el 2022 a 4mil 500 millones de dólares, que es el resultado de 78 TMF (Toneladas métricas finas, de oro), no declaradas ante el Minem. Ya que la producción total fue de 174.8 TMF, y solamente fueron declaradas 96.7 TMF. Registrándose una diferencia de 78 TMF, que fueron a para a manos de las mafias. Se  considera, además, que el año pasado 2023, sus ingresos han sido incrementados considerablemente, bordeando los 6 mil millones de dólares, debido a que las actividades ilícitas, del crimen organizado, se ha desarrollado vertiginosamente, teniendo a su mando en la actualidad zonas liberadas, que han incrementado el sicariato, el secuestro, la extorsión y la trata de personas, ante el beneplácito de nuestras autoridades, que nada hacen por detener semejante flagelo, que ahuyenta la inversión privada y mantiene en ascuas aterrorizada a toda la población, promoviendo ferozmente la inseguridad ciudadana.

Como nos podemos darnos cuenta, este problema es sumamente grave para la estabilidad democrática y la reactivación económica, que pone en jaque el crecimiento, progreso y bienestar de toda la nación. Teniendo como reto asumir el diálogo y la unidad nacional de todos los sectores afectados, como el empresariado nacional, la academia y la sociedad civil, ya que este enemigo es poderoso, y tenemos que combatirlo a sangre y fuego con las leyes en la mano y la constitución.

Estos malhechores no son enemigos cualesquiera, tienen poder económico, y han penetrado nuestras instituciones estratégicas, promoviendo con audacia y temeridad la corrupción. No los dejemos avanzar, no permitamos que el país padezca las oleadas de violencia de estas mafias como está padeciendo nuestra hermana república de Ecuador.

La matanza producida en diciembre del año pasado en la mina La Poderosa, donde 10 mineros fueron asesinados en los socavones, debe servirnos de reflexión, para tomar al toro por las astas; así como el secuestro y asesinato de un empresario minero en Trujillo, que anticipadamente les asesinaron a sus dos guardaespaldas. Últimamente, han atentado contra una torre que suministra energía eléctrica para la producción minera en La Poderosa. Este nefasto suceso ha sido calificado, por el burgomaestre del distrito de Pataz como un acto terrorista como los de la década de los ochenta. Asimismo, se están llevando -léase- robando el oro de nuestras minas en Condorcanqui, en la región norte de Amazonas, ante la vista y paciencia de nuestras autoridades regionales, que se hace de la vista gorda. Afectando a nuestro patrimonio y a nuestros hermanos mineros de la comunidad awajun. El precioso mineral nuestro es llevado a la planta procesadora que se ubica en La Herradura del vecino país del Ecuador.

Siendo la situación tan dramática, que golpea y desestabiliza a un sector estratégico del desarrollo económico nacional, como es la industria minera, estamos obligados a presionar al gobierno central, y a los gobiernos subnacionales a poner coto a esta amenaza, haciendo lo que siempre se hizo para contrarrestar al terrorismo y la organización criminal: Implementar inteligencia. Reconstruir el Gein (institución estratégica de inteligencia policial que combatió y exterminó el terrorismo en el país) de manera inmediata; dotarlo de los mejores hombres, los mas calificados y asignar el presupuesto adecuado, para de esa forma desarticular a las bandas internacionales del crimen organizado. Ha llegado la hora de pararlo en seco. Y hacer respetar la soberanía, el orden y la institucionalidad democrática. Y si este gobierno no está en condiciones de hacerlo, debe ser honesto y dar un paso al costado renunciando, promoviéndose un adelanto de elecciones generales. Instaurándose un gobierno de transición con personas notables que garanticen la paz, la reactivación económica y la gobernabilidad democrática, defendiendo nuestras instituciones tutelares, que están cayendo en descrédito. Es que ahora ya nadie cree en el Congreso de la República, ni en el Ejecutivo, menos en el Poder Judicial. Esta situación debe cambiar radicalmente, sino queremos caer en manos del crimen organizado. De lo contrario, si no hacemos nada, mañana serán ellos. Es decir, las mafias, las que nos gobiernen.

(*) Periodista