Por: Julio Garazatúa Vela
Es verdad,
que una de las principales manifestaciones de la inseguridad que más afecta al país, es la
delincuencia en sus diversas formas y modalidades. Pero también es verdad, que
el término “seguridad” actualmente se ha
convertido en “moda” política; su empleo
indiscriminado por cualquier entidad, grupo o persona, ha devaluado
su verdadero significado técnico. Por ello, cuando las instituciones del
Estado: seguridad, justicia, Congreso de la República, etc., establecen
medidas, normas y procedimientos de seguridad pública, éstas no contienen el
respaldo legal suficiente para combatir el delito, ni la población la
receptividad necesaria para lograr la participación ciudadana que el caso exige.
Sin embargo, a pesar de estas contradicciones la seguridad pública continúa
siendo preocupación de las sociedades en general. Que ha sucedido en el mundo
para que en estas tres últimas décadas,
la seguridad se convierta en asunto de Estado, en preocupación de los gobiernos y en tema permanente de los
Organismos Internacionales, como los “Congresos sobre la prevención del delito
y justicia penal”, que realiza la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
cada cinco años.
Las
razones son diversas: el vertiginoso cambio tecnológico, concretamente lo
relacionado a la cibernética y a las comunicaciones. La revolución tecnológica tiene un impacto sorprendente en el
comportamiento social, en el auge del delito, en el desempeño de las instituciones, etc. Por
ejemplo, actualmente los delitos cibernéticos se acrecientan en los estados;
pero también las “redes sociales” y los medios de comunicación social tienen un
poder tremendo de convocatoria dentro de la población, tal es así, que muchas
veces suplen a las denuncias formales
porque se difunden rápidamente y con mayor efectividad, lo que obliga a actuar
a la brevedad a las entidades responsables, convirtiéndose en verdaderos
órganos de información y de supervisión pública.
Otro
aspecto es, que la “globalización” de la economía ha abierto una serie de
posibilidades para el crimen organizado. Nunca como ahora existen tantas
oportunidades económicas para tanta gente; pero también, nunca como ahora
existen tantas ocasiones para que el crimen organizado pueda explotar el
sistema económico mundial. Incluso los delitos “locales”, denominados también
delitos “comunes”, se diversifican constantemente en cada país.
Todos
estos cambios y transformaciones tienen como consecuencia inmediata, la
dificultad para entender la evolución del delito y las nuevas estructuras
organizativas del crimen organizado. Además,
no existe precedentes donde explorar situaciones similares, no hay
formulas que hayan tenido éxito y que puedan ser aplicadas por los estados. Hoy
no es tan simple como ayer. El entorno cambia a una velocidad que casi no podemos
asimilar; ejecutar estrategias y procedimientos tácticos de cualquier índole,
nunca es suficiente. Todo lo que se realiza, se cuestiona y parece que no es
válido.
Esta
nueva situación nos obliga a modernizar nuestras instituciones, a cambiar
nuestros comportamientos, nuestros procedimientos, nuestras técnicas, etc., si
queremos tener éxito en la lucha contra el “crimen globalizado” y los delitos
“locales”. Esto es fácil decirlo, pero es complejo hacerlo. Con frecuencia nos
dicen que debemos cambiar el “chip”, pero pasan los años y las cosas siguen
igual. Al parecer, el principal obstáculo para ello somos nosotros mismos, y la
falta de voluntad política de los gobiernos de turno de querer hacerlo.
Ahora
bien, los Congresos de las Naciones Unidas sobre “Prevención del Delito y
Justicia Penal”, que se vienen celebrando cada cinco años, en torno a una
amplia variedad de temas, nos brindan la oportunidad de actualizar y
perfeccionar nuestros sistemas de prevención y lucha contra el delito. Estos
Congresos han tenido un efecto importante en el ámbito internacional, y han
influido en las políticas públicas y en las prácticas profesionales de los
órganos de seguridad y justicia en los diversos países; por ejemplo, en el
último congreso que tuvo lugar en Brasil del 12 al 19 de Abril del 2010, el
tema fue: “Estrategias amplias ante problemas globales; los sistemas de prevención del delito y
justicia penal y su desarrollo en un mundo en evolución”. En ella se debatieron
aspectos esenciales tales como: establecer al sistema de justicia penal como
pilar central del Estado de Derecho; destacar el papel fundamental del sistema
de justicia penal en el desarrollo nacional; resaltar la necesidad de reformar
el sistema judicial penal, con el objeto de reforzar su capacidad técnica en la
lucha contra el delito; determinar nuevas formas de delincuencia que amenazan a
las sociedades del mundo, y analizar los medios de prevención y control.
Además,
se puso mucho énfasis en la problemática siguiente: los niños, los jóvenes y la
delincuencia; el terrorismo; la prevención del delito; el tráfico de emigrantes
ilegales y la trata de personas; el blanqueo de dinero (lavado de activos); el
delito cibernético; la cooperación internacional en la lucha contra la
delincuencia transnacional, y la violencia contra los emigrantes y sus
familiares.
El
delito tiende a ampliarse aceleradamente en el mundo, cobrando más fuerza y
volviéndose más violenta y compleja. Debido a ello, el crimen organizado es una
amenaza constante contra las sociedades, y un obstáculo para el desarrollo
socio-económico. Asimismo, la delincuencia ha evolucionado hasta volverse
transnacional y ampliar su ámbito de operaciones geográficamente,
diversificando sus modalidades. La corrupción que acompaña a la delincuencia
transnacional, significa un fuerte freno a las inversiones y al crecimiento
económico en nuestros países, que contamina incluso a las estructuras de poder
de los Estados. Tal es así, que las denuncias de corrupción nunca se han
originado de las instituciones públicas ni de los partidos políticos, esto
indica, la inexistencia de auto mecanismos para controlar a los corruptos, y lo
que es peor, una inquietante tendencia a protegerlos corporativamente.
Para
las poblaciones del mundo sin distinción, la protección contra la delincuencia
y la violencia tiene la máxima prioridad. La existencia de eficaces sistemas de
seguridad y de justicia, y el respeto al
Estado de Derecho, son esenciales para lograr la paz social y el desarrollo
sostenible. En un mundo globalizado, es imprescindible
que las policías y los órganos de justicia de los Estados estén interconectados,
no solamente a través de las delegaciones de INTERPOL, que son necesarias pero
insuficientes; debemos abrir nuestras fronteras, para mejorar el intercambio de
informaciones y la ejecución de acciones técnicas y tácticas, entre nuestras
unidades especializadas, para atenuar y contrarrestar el incremento y el daño
de la delincuencia transnacional. Esta problemática es uno de los principales
desafíos que enfrentan los países del mundo.
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