INSEGURIDAD PÚBLICA. RUTINA INACEPTABLE

Por: Julio  Garazatúa Vela (*)

Existe la sensación de que la capital y algunas regiones del país, por no decir todas, puedan convertirse en “zonas liberadas” por obra de la criminalidad organizada. Es la percepción que tiene la población por la situación  de inseguridad en la que actualmente vive, en razón que hasta la fecha no se puede articular estrategias integrales que puedan revertir esta tendencia de por si alarmante.

Asistir a los cementerios a sepultar a policías asesinados por delincuentes, tiende a convertirse en una rutina inaceptable. El hecho reciente ocurrido en el departamento de Cajamarca, donde un grupo de delincuentes atacaron la comisaría del distrito de Santa Rosa y asesinaron a tres policías y dos civiles (uno de ellos menor de edad), llevándose equipos, munición y armamento policial; muestra no solamente una insoportable estadística, sino también una flagrante responsabilidad política e institucional del Sector Interior.

Cada vez con más frecuencia, casos lamentables enlutan los hogares policiales, y sistemáticamente la historia se repite, un cortejo con honores fúnebres, el sonoro toque de un corneta y la bandera del Perú entregada a la viuda y huérfanos que no encuentran consuelo a su dolor ¿ alguna vez se podrá tomar decisiones serias y efectivas, para detener esta rutina?. Porque cuando un hecho de esta naturaleza ocurre, y un policía fallece ó queda gravemente herido, las autoridades públicas y las instituciones del Estado anuncian nuevas y severas medidas para combatir el crimen. Estas reacciones desenfrenadas y desordenadas que son ampliamente publicitadas por los medios de comunicación, actúan como paliativos para acallar la coyuntura del momento, pero en el fondo no guardan la seriedad ni la urgencia que reclama la sociedad, y por ende, se pierden en el tiempo y quedan solamente como expectativas y buenas intenciones. Lo cierto es, que la situación ha llegado a un límite intolerable, un Estado que no puede garantizar la mínima seguridad de sus habitantes, no cumple su función como tal. De nada vale la severidad de un plan ó ajuste económico para mantener la estabilidad financiera del país, si cada día la sociedad se siente más desprotegida. 

Después del frustrado asalto a la familia del congresista Reggiardo y la muerte del joven hincha deportivo Oyarce , algunas autoridades  públicas (Ministro del Interior, Alcaldesa de Lima, congresista Reggiardo, entre otros), se comprometieron a implementar una serie de propuestas acordadas en la mesa redonda organizada por el diario La República, en Agosto del 2011, para enfrentar decididamente  la ola de violencia criminal en el país; entre ellas: 1.- Reorganización de la  Policía Nacional. Capacitación para sub oficiales un mínimo de seis semestres. Ley de la carrera policial. Aumento de remuneraciones y pensiones. Lucha contra la corrupción interna. 2.- Optimizar el equipamiento logístico y tecnológico de las comisarias. Dotarlas de teléfonos celulares y banda ancha. Incrementar efectivos en las comisarias. 3.- Declarar en reorganización el instituto nacional penitenciario (INPE). Evaluación de los penales para ser privatizados ó concesionados, para evitar que continúen como escuelas del delito. 4.- Revisión de las leyes y del código penal. Eliminar las leyes que sean obsoletas ó contradictorias, como el tema de la refundición de penas y penas acumulativas. 5.- Revisión del código procesal penal, para ampliar los plazos de la investigación. Devolver las atribuciones de investigación a la Policía Nacional, y reforzar las relaciones policía y fiscalía dentro del ámbito funcional que les corresponde, para evitar que las capturas de sospechosos que realiza la policía, luego sean puestos en libertad por los fiscales y jueces. Fortalecer la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). 6.- Pena máxima sin beneficios penitenciarios cuando la víctima es menor de edad. Eliminar el término de “lesiones graves”, sancionar drásticamente cualquier tipo de lesión. 7.- Creación del Ministerio de la Juventud y Deporte, para incorporar a los jóvenes a las actividades productivas y laborales, reinsertándolos positivamente en la sociedad.

Actualmente, se desconoce el avance en la gestión de estas propuestas, no se informa sobre el tema, al parecer por olvido o falta de voluntad política; lo que aumenta el estado de indefensión en la sociedad, y dificulta actualizar el marco jurídico para obtener mejores resultados en la lucha contra el crimen.

Asimismo, para la nueva hornada de delincuentes no existe un mal momento para cometer un crimen, las circunstancias en la que se desenvuelven los hechos así lo explican; si lo hubiera, entonces cinco sujetos no habrían podido ingresar fácilmente a una comisaría y asesinar a sus ocupantes. Seguramente se va a detener a los responsables y sancionarlos con todo el rigor de la ley, pero ¿habrá responsables políticos y policiales por este hecho?; no lo sabemos, no existen señales en ese sentido.

Debemos aceptar, que actualmente el país afronta una crisis de seguridad, las encuestas de opinión consideran como una de las principales preocupaciones la inseguridad personal; la mayoría de la población se siente afectada de manera inmediata por el delito común: asaltos, robos a domicilio, marcas, secuestros, etc. La criminalidad se ha multiplicado en los últimos años y está cobrando un alto costo. Con un sistema judicial demasiado débil y percibido como corrupto; con una frondosidad legal obsoleta y contradictoria; y con una institución policial sin los medios adecuados y sometida a experimentos de reorganización poco serios y sin sustento técnico, poco ó nada se puede hacer para contrarrestar el desborde del delito y proteger mejor a la población, que prácticamente se está defendiendo sola detrás de cercos eléctricos, cerrando calles con rejas metálicas, formando comités vecinales; y a menudo, tomando la ley en sus propias manos, como los linchamientos populares y defendiendo su integridad personal con armas de su propiedad.

La respuesta del gobierno dista mucho de medidas efectivas y consensuadas, se percibe improvisación y desconocimiento del problema; por ejemplo, el servicio policial voluntario, implementación parcial del servicio policial dos por uno, creación de la policía rural en base a los ronderos y comités de vigilancia, entre otros; que en la práctica genera más desorden y profundiza la crisis de seguridad. La solución no pasa por crear más órganos paralelos de seguridad como: serenos municipales, comités vecinales, comités de seguridad ciudadana presididos por los alcaldes, o implementar unidades con nombres sugerentes (policía rural), etc.; sino que la policía nacional asuma en forma objetiva y efectiva su finalidad fundamental, de garantizar, mantener y restablecer el orden interno y la seguridad pública, especificada claramente en el artículo 166 de nuestra Constitución Política y en la ley orgánica policial. Para ello debe: reformar su estructura orgánica para optimizar su presencia y despliegue institucional a nivel nacional; se la debe dotar de recursos logísticos y tecnológicos acorde a las funciones por cumplir; replantear el perfil profesional policial, de conformidad a las necesidades de la sociedad y a la realidad socio-política donde debe desempeñar su función; asignar a sus integrantes una remuneración suficiente, que les permita vivir con dignidad y les faculte un retiro decoroso. Más claro, el gran reto de la reforma policial, es reestructurar una institución adecuadamente preparada y entrenada, que este al servicio de la comunidad, y que sea capaz de atender con eficiencia y eficacia los graves problemas que ocasionan los delitos locales, el crimen organizado en banda y la delincuencia transnacional.

Este marco teórico, requiere necesariamente del diseño de una estrategia sectorial e integral contra el delito en sus diversas formas y modalidades, coordinada y articulada con los sectores e instituciones afines al problema; y un marco jurídico adecuado, que considere las nuevas modalidades delictivas emergentes en el país, que al no haber sido tipificadas en los códigos respectivos, propician limitaciones legales en el accionar policial y judicial.

Todo ello, condensa una alternativa que genera un cambio en la estrategia del gobierno y otorga ventajas operativas  en la lucha contra el crimen, tales como: disponer de una estrategia multisectorial coordinada y consensuada; conducción de las operaciones en forma articulada bajo un solo comando (sector interior); y evitar el dispendio de los presupuestos y recursos disponibles.

Los congresistas y el ejecutivo tienen la oportunidad de deponer sus diferencias y legislar en forma colegiada las coincidencias en el tema de seguridad pública. Hace falta leyes adecuadas más que presupuestos, y voluntad política más que promesas, para hacer frente a la criminalidad. De lo contrario seguirán los días de luto, no tanto por el auge de la delincuencia, sino por la lentitud para tomar decisiones efectivas y oportunas. 

                                                                                                               (*) Crnl PNP (r)