Por: Enrique Soto (*)
Con el propósito de querer restablecer el orden y la seguridad ciudadana, el gobierno central declaró en estado de emergencia a la región de Cajamarca, después que el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, acompañado por varios ministros dialogara por mas de diez horas con las autoridades y dirigentes de esta convulsionada región, sin llegar a ningún acuerdo mínimo inmediato que permita solucionar el conflicto social suscitado y se levante el paro indefinido regional que se viene realizando desde hace diez días, oponiéndose a la viabilidad del Proyecto minero Conga, promovido por la empresa Yanacocha, con una inversión de 4 mil 800 millones de dólares.
¿Qué sucederá en los próximos días? ¿Será efectiva y atinada la decisión dispuesta por el gobierno central? O ¿Podría verse como un acto de desesperación al ver que la región se les está yendo del control gubernamental?
“Las acciones de estado deben ser dispuestas fríamente, con rigor y responsabilidad social”.
Creemos que en una situación tan delicada como la que se está viviendo en estos momentos, con una declaración de emergencia por 60 días, en la región Cajamarca, se deben mantener los ánimos calmados y debe de primar la prudencia en las acciones, para evitar enfrentamientos inútiles. En tal sentido, debemos insistir en el diálogo hasta encontrar una salida armoniosa al conflicto, por lo que el gobierno central, responsable de la conducción política del país, debe de manejar el asunto con mucho tacto y sin apasionamientos.
Las acciones de estado deben ser dispuestas fríamente, con rigor y responsabilidad social.
Hay que tener en cuenta que la rebeldía manifestada por los cajamarquinos no es producto de infiltración extremista, ni de ultraizquierda convertidos en ambientalistas, sino producto de una situación de abandono en que ha vivido esta región en medio de la abundancia económica y el éxito minero, en los últimos diez años.
En tal sentido, la empresa privada, tiene parte de responsabilidad, que bien lo han reconocido, al no haber promovido el desarrollo y el bienestar de la población. Si queremos vivir en armonía y promover la paz social, esta postura de indiferencia debe ser radicalmente cambiada. Como también debe manifestarse el interés por parte del estado, regulando acertadamente la actividad minera en la región y velando por el desarrollo integral de sus pobladores.
Cajamarca se opone al Proyecto minero Conga, porque hay una gran desconfianza en la forma como se implementará, sin tener los cuidados debidos en el ecosistema y su medio ambiente. Ya que se vienen obteniendo permisos para lograr dicho propósito “al caballazo”. El Estudio de Impacto Ambiental, EIA, debe ser reformulado, trabajado con las comunidades afectadas y/o próximas al Proyecto geográficamente, debe ser expuesto con transparencia, para volver a recuperar la confianza perdida.
Las partes involucradas en este megraproyecto, que cuenta con una inversión de 4 mil 800 millones de dólares, como son: estado, empresa privada y sociedad civil deben hacer un esfuerzo denodado para hacerlo posible, ya que esto significará promoción de empleo, desarrollo social que nos permitirá implementar políticas de inclusión.
No dejamos de considerar que la declaración del estado de emergencia en Cajamarca, es una situación de alto riesgo. Según la Defensoría del Pueblo, existen en el país mas de 150 conflictos sociales por resolver. La población considera que no es justo que después de diez años de crecimiento económico continuo, exista alrededor de 30% de la población a nivel nacional y 70% a nivel rural en situación de pobreza, y 20% en situación de extrema pobreza, es decir alrededor de 5 millones de peruanos. De no corregirse esta situación muchos Cajamarcas aparecerán en todo el país. Es hora de corregir errores históricos y de enmendar rumbos. Todos debemos salir ganado. El Perú es uno solo.
(*) Periodista
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