Por: Enrique Soto Roca (*)
«Urgente la aprobación de la LEY
MAPE», reza un gran letrero, que es levantando con sus dos brazos en alto, por
un pequeño productor minero artesanal, el último jueves 5 de diciembre, frente
al Parlamento Nacional. Donde el Pleno de la Asamblea de la representación
política del país, debate la ampliación del Registro Integral de Formalización
Minera (REINFO), - que se vence este 31 de diciembre-, presentado por la
Comisión de Energía y Minas del Congreso, que aprobó el predictamen de manera
mayoritaria el 18 de noviembre con 17 votos a favor y solamente tres en contra.
UN PROBLEMA SIN RESOLVER
Este agudo e intrincado problema social
-de formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal en el Perú- que es de
singular trascendencia y gran importancia, para la estabilidad económica y
democrática del país, sigue aún sin resolverse desde hace más de una década.
Debido a la ignorancia supina de la burocracia estatal. Sin haber surtido
ningún efecto significativo y de valor a favor de la solución del problema, la
creación, desde hace 12 años, del REINFO. Que fue creado como una opción
transitoria, que permitiera que miles de productores mineros artesanales y de
pequeña escala lograran formalizarse de manera perentoria. Sin embargo, esta
posibilidad ha fracasado rotundamente, debido a que el problema es más complejo
de lo que podemos imaginarnos, en la medida que los funcionarios que tenemos en
el Estado actual, por su ineptitud, no logran comprender, o no quieren entender
-por priorizar intereses subalternos y desatender el bienestar general de toda
la nación- la magnitud del asunto que tienen en sus manos, estando en la
obligación de resolverlo.
POR ABANDONO DEL ESTADO CRECE
INFORMALIDAD MINERA
El problema de la Pequeña Minería
y Minería Artesanal, tal como hoy la estamos viendo, cuyas movilizaciones
masivas en las calles pone en jaque a toda la sociedad peruana en su conjunto;
llena de conflictos, contradicciones y gran incertidumbre, se fue fortaleciendo
en las últimas décadas, debido al abandono de parte del Estado de las
comunidades más vulnerables, principalmente alto andinas, y de los sectores más
pobres de la costa peruana, que se dedicaban a la agricultura familiar y a la
crianza de animales. Al ver que estas actividades económicas iban en constante
deterioro, sin generar retribución económica para el sostenimiento doméstico.
Abonando en ese sentido el abrumador desempleo, que crecía estrepitosamente por
falta de trabajo digno. Poniendo en riego la subsistencia de estos sectores
marginados, en el interior del país. No tuvieron otra opción que volcar su
mirada masiva hacia los cerros, donde se concentran, en nuestro país, de manera
abundante los minerales. Confirmándose que somos un país minero. Así es como
nace este nuevo sector, (que ahora son miles en el país) de «pico y pala», en
la economía nacional. Conquistando nuestra majestuosa cordillera de los andes
de manera heroica, en base a su necesidad histórica de sobrevivencia. Presentándose
en el duro trajinar de su nueva actividad económica extractiva, en las ultimas
décadas, desarrollada informalmente, oportunidades favorables que le ofrece el
mercado global, a través de la transición energética y la electromovilidad, con
los buenos precios de los commodities, que le permite crecer y acumular;
logrando hacer alianzas con inversores, igualmente informales, en busca de
capitales.
En la medida que el Estado no les presta la
atención debida, ni les da el apoyo y la promoción necesaria, brindándoles
protección adecuada. Ellos se ven obligados a batirse solos, en un mercado
altamente competitivo. Así es como logran avanzar económicamente, alcanzando
hoy en día en producción de minerales, principalmente oro, a la gran minería
formal. Alcanzando un equilibrio estratégico de producción, de manera informal.
Generándose, partir de todo ello, un gran problema nacional de inseguridad
económica y financiera, no solo de tributación -ingreso al fisco- sino de competencia
con la mediana y gran minería, que estamos en la obligación de regular,
legislar y resolver este nuevo escenario económico que se nos presenta en el
sector extractivo minero nacional. Promoviendo el diálogo y la concertación.
Reorganizando y reestructurando nuestro marco jurídico legal, promoviendo
nuevas políticas de convivencia y entendimiento. Teniendo en consideración los
grandes cambios producidos en el mercado extractivo minero, naturalmente, al
amparo de la constitución y el Estado de Derecho. Bien lo ha dicho el nuevo
presidente de transición José Jeri: «Si bien hay una gran problemática que los
pequeños mineros reclaman en las calles, se tiene que velar por el Estado de
derecho» (La República 06/12/25). Evitando enfrentamientos violentos y
conflictos innecesarios, actuando como una sociedad civilizada. Protegiendo el
mercado, la inversión y la propiedad privada.
NUEVA AMPLIACIÓN DEL REINFO NO
RESUELVE EL PROBLEMA
Entendiendo en tal sentido, con
sensatez y responsabilidad, que esta nueva ampliación del REINFO, por un año más,
aprobada en primera votación por el Pleno del Congreso, el jueves último, un día
antes del cierre de legislatura, (con 60 votos a favor, 36 en contra y 8
abstenciones) no resolverá el problema de fondo, mientras no se logre aprobar y
promulgar la Nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) que
deberá regir y regular los destinos de crecimiento económico del sector en
conflicto, actuando de manera conjunta en alianza cooperativa con la mediana
minería y la gran minería. Es decir, de manera integrada y conjunta. Esto
significa una revisión a fondo de todo el marco jurídico del proceso de las
concesiones. Siendo más justos y equitativos. Realizando reivindicaciones
históricas. El levantamiento de un censo, es sumamente necesario, para saber quiénes
son, cuántos son y cuánto producen; así como su ubicación territorial. Implementando
un proceso de trazabilidad riguroso. Haciéndole un seguimiento profesional al
mineral, desde el centro de producción, pasando por el procesamiento en la
Planta de Beneficio, hasta la salida del país, mediante la exportación. Y dándole
un trato justo -a través de un debido proceso- a los más de 50 mil mineros
excluidos, en base a una revisión de sus casos con rigor técnico administrativo,
situación que se ha tenido en consideración favorable en la primera votación
del Pleno del Parlamento, por un plazo de 60 días, otorgando al MINEM, en ese periodo,
a establecer criterios técnicos para evaluarlos, quienes podrían reincorporarse
de manera excepcional. Promoviendo un proceso más justo y equitativo. Arribando
a una buena comprensión y gran entendimiento.
Por otra parte, para darle mayor
tranquilidad al gremio, que no está satisfecho con la medida adoptada por parte
del Parlamento, debe procederse cuanto antes a convalidar la decisión,
implementando lo antes posible de fin de año, una segunda votación, que exige
la jurisprudencia, por parte la Comisión Permanente, que está a cargo de la
conducción del congreso en estos momentos. En tal sentido, Máximo Franco
Bécquer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeños Mineros y Mineros
Artesanales del Perú (CONFEMIN-PERU) ha manifestado que «es una pena que el
Congreso no tenga esa responsabilidad de hacer la cosas bien». Manifestando su insatisfacción a lo aprobado
por la Representación Nacional. Luego sostiene: «Bueno, no estamos de acuerdo,
pero es lo que hay. Más bien, que de una vez -asevera- aprueben en segunda votación para volver a
nuestros centros de trabajo» (La República 06/12/25).
Por su parte, Ismael Palomino,
Coordinador Nacional del CONFEMIN-PERU, sostuvo que se ha impuesto el plazo
propuesto por el Poder Ejecutivo y detalló que lo compañeros mineros se quedarán
en Lima hasta que se ratifique la norma, en segunda votación, en la Comisión
Permanente del Congreso.
UN PROBLEMA A RESOLVER POR EL
NUEVO GOBIERNO
Finalmente, sostenemos que este
complejo problema que padece la Pequeña Minería Y Minería Artesanal, a nuestro
modesto entender, deberá ser resuelto por el nuevo gobierno, que será elegido
en las próximas elecciones, a partir de su asunción al mando, el próximo 28 de
julio de año entrante. Un reto importante que deberá asumir, como uno de los
temas centrales de su política de gobierno.
(*) Periodista
