Por:Enrique Soto Roca (*)
Mañana viernes 25 de julio, a
pocos días de nuestro aniversario patrio, se vuelven a reunir en Palacio de
Gobierno -para continuar con el diálogo iniciado hace dos semanas, que se
prolongará por espacio de dos meses, según lo pactado, en base a una tregua- el
Ejecutivo y los representantes de la Confederación Nacional de Pequeños Mineros
y Mineros Artesanales (CONFEMIN-PERÚ), con el propósito de resolver agudas
controversias que están generando conflictos sociales y lograr alcanzar un
entendimiento sostenible y duradero entre las partes, en beneficio del país. Sin embargo, según los analistas más
entendidos en la materia, consideran, en base a la realidad -por la extrema complejidad
del problema- que difícilmente se logre alcanzar un final feliz. Logrando el
entendimiento y la comprensión. Manifestando que el sector extractivo peruano
necesita actualmente una profunda reforma jurídica, que permita reordenar el
mercado, integrando a la pequeña minería y minería artesanal, en una nueva
circunstancia, en la que se desenvuelve la Industria Minera.
Hay que tener en consideración
que la realidad evidente del quehacer extractivo minero ha cambiado
radicalmente en los últimos 30 años, desde los inicios de la década del 90. Siendo
imprescindible debatir seriamente lo que viene aconteciendo en la Industria
Minera. En ese entonces -hace tres décadas- el Perú tenía, según reporte del
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 2 millones 300 mil hectáreas
concesionadas. En la actualidad tenemos aproximadamente 20 millones de
hectáreas concesionadas. Siendo administradas por solo 50 grandes empresas, que
el estado les adjudicó por un periodo de 30 años; siendo solamente trabajadas entre
dos y tres millones, aproximadamente, de las hectáreas otorgadas, en
exploración y explotación, estando el resto en total abandono.
Esta situación se debe observar
con rigor, debatir sin apasionamientos y corregir con precisión, dentro del estado
de derecho, promoviendo una nueva legislación, modificando o dando una nueva
Ley General de Minería. Para, de tal manera, lograr incrementar la
rentabilidad, y elevar la producción del sector, en favor de aumentar los
ingresos fiscales, en beneficio del estado, y, por ende, de la sociedad en su
conjunto. En la medida que han aparecido, con un crecimiento abrumador, nuevos
actores competitivos en el mercado, que desean trabajar, lo que no se está
trabajando.
Prueba de ello, es que ese
sector, llamado informal, agremiado en la pequeña minería y minería artesanal,
ha crecido vertiginosamente, en estos últimos treinta años, generando una producción
de minerales superior a la que produce la gran minería formal, promoviendo una descompensación
peligrosa en los ingresos fiscales, que el Estado está obligado a enmendar y
corregir, para poder captar ese beneficio económico, a través de impuestos.
El 60% del total la producción de
minerales -principalmente oro, plata y cobre- es generado por la pequeña
minería y minería artesanal, moviendo alrededor de 12 mil millones de dólares
anuales. Teniendo entendido que son más de un millón los pequeños productores
mineros que se dedican a esta faena en todo el territorio nacional. Habiéndose
incubado, en las ultimas décadas un problema económico y social, que hoy nos
explota en la cara, debido a la enorme crecida constante de los precios de los commodities
en el mercado mundial, por su gran demanda global, debido a la transición
energética.
A pesar que CONFEMIN exige en la
mesa de diálogo instalada, tres puntos cardinales, estratégicos y determinantes
en defensa de sus intereses, habiendo logrado poner contra las cuerdas a un
gobierno débil e incapaz, sin legitimidad social, planteando la reincorporación
inmediata de los más de 50 mil mineros excluidos del REINFO, por considerar que
ha sido una injusticia, al no habérsele participado un debido proceso; así como
la suspensión de la interdicciones a los pequeños mineros con Reinfo agremiados,
aduciendo que no se los deja trabajar; y la urgente promulgación, en esta
legislatura, de la Ley Mape.
Consideramos, que estas legítimas exigencias, por parte de los mineros, no debe
confundirse con bajar la guardia por parte del estado, en la lucha implacable
contra la minería ilegal, que promueve el crimen organizado, la violencia, el
terror y el vandalismo. Atentando contra la propiedad privada y el medio
ambiente. Perpetrando la actividad minera en zonas prohibidas y vulnerables,
poniendo en grave peligro los ecosistemas. Eso no lo debemos permitir. Actuando
con firmeza para erradicarlos.
Finalmente, consideramos, que la
situación que se va a vivir en torno a este singular problema minero, en los
próximos meses, -antesala a las elecciones generales- van a ser complicadas. En
tal sentido, el gobierno saliente, de la presidenta Dina Boluarte, va a tener
que hilar fino, actuando con prudencia y ponderación, para no sufrir un
desborde popular, que podría comprometer seriamente su existencia gubernamental.
Teniendo en consideración que no tiene respaldo popular. Toda la ciudadanía la
rechaza, queriendo ardientemente que se vaya lo más antes posible. El pueblo
está harto con su presencia. Por eso en todas las presentaciones públicas
termina mal parada, siendo abucheada.
Esto, muy bien lo saben lo
dirigentes de CONFEMIN, teniendo una oportunidad a favor para negociar y
dialogar con ventaja. Además, tienen un movimiento gremial bien organizado a
nivel nacional, que realizan desplazamientos, plantones y movilizaciones
estratégicas, que jaquean continuamente al gobierno. Y saben, asimismo, que son
una fuerza social electoral, que podría determinar quién va hacer el futuro
presidente de la nación en los próximos comicios generales. Con una influencia
en más de 3 millones de electores.
Terminamos este análisis,
creyendo sinceramente -coincidiendo con algunos analistas especializados- que
esta legislatura congresal, que se instala en este mes de julio no va a lograr
sacar adelante la Ley Mape. Abocándose, desde nuestro particular punto de
vista, a debatir, más bien, una nueva prórroga del REINFO. Dejando el encargo
al nuevo gobierno electo, y a las nuevas autoridades que asuman la
representación nacional en el Congreso de República, en sus dos cámaras: Diputados
y Senadores, que serán instaladas, a partir del 28 de julio del 2026. Ya que la
resolución del problema es bastante delicado y comprometedor, habiéndose
convertido en una papa caliente, que nadie la va a querer tocar.
(*) Periodista
