Por: Enrique Soto (*)
El
próximo domingo 7 de octubre, todos los ciudadanos mayores de 18 años, estamos
obligados a ir a las urnas a depositar nuestro voto para elegir a las nuevas
autoridades ediles y regionales, que conducirán las respectivas administraciones
locales en todo el país. Sin embargo, parece -según percibimos la conducta de
los electores- no tener ganas para ir cívicamente, de manera voluntaria, a
participar de un hecho tan importante, para seguir en el camino de la
consolidación de la democracia en el país.
Y,
es muy importante, preguntarnos a qué se debe semejante indiferencia, y falta
de ánimo para intervenir con entusiasmo en esta gran fiesta cívica. La
respuesta es evidente: La gran mayoría de electores se sienten defraudados por
la conducta de los políticos, considerando que casi todos los actores políticos
buscan su propio provecho y desean ardientemente un cargo en el estado, con el
simple propósito de querer enriquecerse, dejando olvidado su vocación de
servicio a la comunidad y la lucha por alcanzar el bien común, objetivos
básicos del quehacer político.
Es
así como, estas elecciones municipales y regionales, hallan al pueblo peruano
sumergido en una crisis política y moral, que aún parece todavía no tocar fondo.
Ya que a cada hora aparecen nuevos hechos, sucesos, revelaciones y decisiones
que aumentan el caudal de la incertidumbre y amenaza inundar a la colectividad
y arrastrarnos al despeñadero.
Sin
embargo, consideramos que no todo está perdido por la mala conducta en el
quehacer político, desarrollada por personajes innombrables como el juez César
Hinostroza y el fiscal Pedro Gonzalo Chávarry (quien hace rato ya hubiera renunciado
al cargo de Fiscal de la Nación, por vergüenza propia), teniendo esperanza que
el futuro tiene que ser revertido. Para tal efecto, consideramos que la
iniciativa que ha tenido el Ejecutivo, en plantear cuatro reformas cardinales,
es el comienzo de una larga lucha que recién empieza.
Por
ello, es necesario, y conveniente que el 4 de octubre esté aprobado por el Congreso: La reforma del Consejo Nacional de la Magistratura; El
financiamiento de las campañas políticas; La
bicameralidad en el Congreso y la
no reelección de congresistas. Para
que luego sean consultadas al pueblo peruano, a través de un Referéndum. Esto
consideramos vital, y también el comienzo, de una serie de reformas urgentes
que el estado requiere para consolidarse, modernizarse y ser más ágil y
eficiente en el quehacer administrativo de la nación.
Acabar
con la corrupción, es un mandato sumamente urgente. La tarea no va ser fácil,
pero sí necesaria, si queremos recuperar la credibilidad perdida, y hacer que
el pueblo peruano vuelva a interesarse por el quehacer político y a participar
activamente en el proceso de desarrollo y consolidación de la democracia. Y
esto solo va ser posible si logramos consolidar y desarrollar sus instituciones
que la sostienen.
Por
ello, debemos seguir firmes en el deseo, que todos los que se hallen culpables
y responsables –a partir de los audios revelados- sean procesados y sancionados
ejemplarmente, con la Ley en la mano, dentro del marco normativo y
constitucional que nos otorga el estado de derecho, de una organización social
y civilizada. Pero sí con severidad, sin blindaje político, como ya se ve que
se quiere realizar, para proteger a algunos altos funcionarios. Eso no debemos
permitirlo. El país en su conjunto está por encima de intereses particulares y
de grupo. “Caiga quien caiga”, es la frase exacta que avanza por los pasadizos
de la corrección, la honestidad y la moralidad.
Hagamos
todo lo necesario, para no volver a ver en próximas elecciones esa apatía que hoy
percibimos y nos duele, de no querer con ganas y voluntad propia, acudir a las
urnas a emitir nuestro voto, sino fuera por la amenaza de la sanción. Creemos
sinceramente que en el futuro la participación electoral en nuevos comicios
debe ser facultativa, donde el ciudadano vaya voluntariamente a las urnas a elegir
a sus nuevas autoridades, como un deber cívico.
(*) Periodista
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