SEGURIDAD PÚBLICA: SITUACIÓN LÍMITE

Por: Julio Garazatúa Vela (*)

La Seguridad Pública en el Perú se encuentra seriamente averiada. Una de las causas de ella es la inoperancia del “Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”, creado específicamente para contrarrestar en forma colegiada la inseguridad ciudadana en el país. Pero la realidad nos dice que ha fracasado en su objetivo, se ha convertido en un ente burocrático e inoperativo que se emplea solamente como instrumento político, para promocionar ofertas electorales de los candidatos a gobiernos nacionales, regionales y locales. Los resultados a través del tiempo así lo demuestran: desprotección total de la población; crecimiento desmedido de la delincuencia a nivel nacional; ineficacia de los gobiernos para contrarrestar los altos índices de criminalidad; desatención política del Estado y de sus Instituciones para tratar seria y técnicamente el problema de la  inseguridad; descoordinación, desorden y escasa participación de las entidades integrantes del sistema; poca efectividad en la implementación de las medidas de seguridad, etc.

Ahora bien, para reestructurar una respuesta acorde a la difícil  situación en la que nos encontramos, es necesario reconocer que hay negligencia en el tratamiento del problema, razón por la cual se  sugiere lo  siguiente: en primer lugar, desactivar el denominado “Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”, porque ha perdido credibilidad política y técnica en su intento de restablecer la seguridad ciudadana; tener en cuenta que la seguridad por su evolución técnica y su influencia social, se conecta con otras disciplinas sociales, y abarca nuevas áreas que hasta ayer no existían en nuestros mapas de referencia. En segundo lugar, la seguridad trasciende las actividades de las Instituciones Públicas, y aun de las entidades privadas. Supera las limitaciones impuestas por esquemas relacionados con el delito; lo cual exige nuevos enfoques interdisciplinarios e intersectoriales, para poder construir estrategias técnicamente elaboradas y exitosas en su ejecución, contra el crimen organizado y la delincuencia local y transnacional. En tercer lugar, esta nueva situación requiere mejorar la coordinación y la comunicación entre sectores y entidades relacionados al problema por resolver; y disponer a la brevedad de una legislación estricta y precisa que permita sancionar con  oportunidad los delitos que más afectan a la población.

Además, el tema de la seguridad pública debemos tratarlo desde tres aspectos básicos: el primero, se relaciona con el contexto socio-político en el que se desenvuelve, por ejemplo; los cambios más recientes en el marco legal e institucional, la evolución en las relaciones policía- población, Estado-policía y Estado-población; el crecimiento demográfico y su instalación descontrolada y no planificada en el territorio nacional; los escenarios económicos emergentes y las relaciones  Estado-empresa. El segundo, los marcos de referencia técnica a evaluar considerando la problemática propia y  las experiencias extranjeras en el tema. El tercero, la relación oferta-demanda de seguridad, tomando en cuenta las exigencias de la sociedad en su conjunto, los índices de delito, las posibilidades y limitaciones de los órganos de seguridad y justicia, y la presencia de órganos auxiliares de seguridad en el país: serenos municipales, empresas de seguridad privada, comités vecinales, rondas urbanas, etc.

Sin embargo, se sigue fallando en el planeamiento, organización y ejecución de estrategias multisectoriales  contra el delito, porque se carece de una “Política de Estado contra el Crimen” que incluya un “Sistema de prevención técnico criminal”; ello explica el constante incremento del delito, y la preocupante probabilidad de que estemos transitando por el camino equivocado en el tratamiento de este fenómeno. Ésta problemática se ha reiterado en incontables ocasiones, sin respuesta alguna, lo que evidencia una total indiferencia y desatención política por parte de los gobiernos de turno, y de las entidades responsables (Congreso de la República, Ministerio del Interior, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación,  Ministerio de Justicia, etc.). Por un lado se pretende sorprender a la opinión pública, publicitando medidas consensuadas y colegiadas; pero en la práctica la actitud no cambia, cada quien hace lo que quiere y lo que puede; no existe liderazgo ni dirección política para enfrentar este fenómeno.

Tal es así, que existen algunos factores que alientan el auge de la delincuencia, pero que no reciben la atención debida de las Instituciones Públicas, salvo que la prensa los convierta en  asuntos mediáticos, por ejemplo: la creciente desintegración familiar, con el subsecuente “aprendizaje delincuencial” de los menores de edad en las calles; la constante frustración laboral y las bajas remuneraciones, que impiden acceder a un puesto de trabajo y obtener mejores niveles socio-económicos; la deficiente “desaprobación social” del delito; la “corrupción administrativa” generalizada y el constante “abuso de poder”; el incremento de la “delincuencia oculta” y de la impunidad del crimen organizado; la ausencia de disposiciones legales eficaces sobre el “producto del delito”; la casi inexistente detección anticipada del crimen, y la carencia de estrategias para frenar su incremento; la contradictoria difusión de mensajes de los medios de comunicación, por un lado, la escasa información sobre logros anticrimen y orientación sobre seguridad ciudadana, y por el otro, la masiva difusión de noticias sobre crimen, delito y violencia, entre otros.

Estos y otros factores, deben ser necesariamente tomados en cuenta en la elaboración de una “Política Nacional Contra el Crimen”, y en el  “Sistema de Prevención contra el Delito”, instrumentos que deben mantener continuidad (que trascienda a los gobiernos) y estar legal y políticamente respaldados; sin embargo, se continúa apoyándose únicamente en medidas coyunturales, como las supuestas “políticas de seguridad”, o  de “tratamiento penitenciario”, etc., que nadie conoce, por ende, nadie las implementa. De continuar con estos errores, podríamos agravar nuestros problemas de inseguridad, replicando experiencias nefastas que afrontan otros países, tales como: “justicia por mano propia”, “corrupción gubernamental”, “zonas liberadas por el crimen organizado”, “levantamientos populares”, etc. Ello, con el incomprendido y solitario esfuerzo de la policía nacional para contrarrestar el desorden y la delincuencia galopante, la cual ajena a los vaivenes políticos del momento, se ve obligada  por la “fuerza” y algunas veces cometiendo “excesos de función”, a restablecer una situación inestable que debió moderarse y controlarse oportunamente por la vía del “diálogo político” y de la “educación preventiva”.

Todo lo descrito acontece lamentablemente, cuando la inoperancia, la desaprensión y la corrupción, elevan las tasas de delincuencia a niveles socialmente intolerables, con la tácita aceptación e indiferencia de los “partidos y movimientos políticos” y de los Poderes del Estado; quienes se encuentran “entretenidos” en sus problemas partidarios y “acusaciones mutuas”, pensando quizás en asegurar “cuotas de poder” en las próximas elecciones. 

(*) Crnel. PNP (r)