Por: Julio Garazatúa Vela (*)
El
diario El Comercio del 13 de Abril 2015, informa: “que un nuevo escándalo ha
remecido la estructura de la institución policial”. Se trata de una
“intervención incorrecta”, por parte de dos suboficiales que prestan servicios
en el Escuadrón de Emergencia del distrito de Surquillo; quienes se llevaron un
vehículo estacionado a pocos metros de la vivienda del dueño. Este hecho fue
grabado por las cámaras de seguridad de la Municipalidad de San Isidro.
En
la edición del 24 de Abril 2015, el diario La República resalta: que policía
“siembra” arma punzocortante a manifestante que protestaba contra el Proyecto
“Tía María” en la Región Arequipa (Islay). Refiere que mientras un grupo de
policías escoltaba a un agricultor detenido, un agente policial se acerca al
detenido y le coloca en la mano un objeto punzocortante.
El
diario “SudaméricaHoy” informa: que el Inspector General del Ministerio del
Interior manifiesta, que en el año 2014 fueron retirados de la Institución
Policial por medida disciplinaria 214 policías (21 oficiales y 193
suboficiales); de ellos, 140 fueron recluidos en penales comunes y centros de
detención policial, por estar involucrados en delitos diversos.
Estas
y otras informaciones similares nos dicen, que el personal policial enfrenta un
serio problema de inconducta personal y funcional; pero también nos dice, que
es el momento de hacer cambios estructurales para no seguir manchando la imagen
de la institución policial, ni mancillar la dignidad y el honor de los buenos
policías que son la mayoría. Pero el cambio que se exige, no debe sustentarse
solamente en los acostumbrados “pases al retiro” de cientos de oficiales de
diversos grados, sin ningún criterio técnico, apelando a las “invitaciones por
renovación” que la ley faculta; tampoco abusar de la reiteradas
“reorganizaciones” policiales, que siempre han sido un fracaso, porque al
parecer los gobiernos de turno lo emplean simplemente para acallar la coyuntura
de inseguridad del momento.
Se
ha perdido tiempo y gastado miles de soles sin resultado alguno en estos
llamados procesos de “reorganización “de la Policía Nacional, porque se continúa
fallando en la base misma del cambio: el perfil del policía. El hombre es la
pieza fundamental en toda organización, más aún cuando se trata de una
institución cuya historia está íntimamente ligada a la historia del Estado y de
la sociedad peruana. El policía protege al pueblo, mantiene el orden público y
social del cual es parte intrínseca, y ofrece una ayuda constante a la población
más vulnerable, sostiene los valores democráticos de justicia, igualdad y
lealtad; y en las distintas etapas de su
historia, sus integrantes han tenido y tienen intervenciones connotadas de
heroísmo y entrega de la propia vida.
Además,
hay otros aspectos legales que es conveniente corregir, para coadyuvar al
cambio que la Institución Policial necesita, por ejemplo: La Ley Orgánica de la
Policía Nacional en su Título III-Capitulo II-Articulo 12, inciso 12.2;
expresa: que la Policía Nacional está al mando de un Director General designado
por el Presidente de la República, entre uno de los Tenientes Generales en
situación de actividad. Este dispositivo quiebra la línea de sucesión por
antigüedad para acceder al cargo de Director General; politiza al comando
policial, e hipoteca la lealtad institucional a los intereses políticos de
turno.
Asimismo,
en su Capítulo III-Régimen Económico-Articulo 51-inciso1, dice: “La Policía
Nacional, previa autorización del titular del sector, podrá celebrar convenios
para la prestación individualizada o localizada de servicios rentados de
naturaleza particular”. Esta disposición convierte al policía en un mercenario
de la seguridad, porque oferta su autoridad y su atribución funcional a
intereses privados, lo que deteriora su dignidad personal y profesional y
desvirtúa el principio constitucional de servicio a la sociedad.
Entonces,
nos preguntamos: ¿Cómo reconstruir una institución policial actualmente
cuestionada y criticada, para que responda a las necesidades del Estado y de la
sociedad peruana de este nuevo siglo? Ello supone en primer lugar, investigar
su actual situación, sus contradicciones, sus límites, sus posibilidades, etc.
Por ejemplo: debemos evaluar si la preparación de los policías es la más
óptima, sino lo fuera, urge perfeccionarla. Si el proceso de selección y
admisión son inadecuados, es imprescindible mejorarlos. Si las fases de
formación y capacitación son ineficientes, es necesario optimizarlos. Si las
remuneraciones son insuficientes, deben ser aumentadas, acorde a la naturaleza
de su función. Si la legislación policial es imperfecta, es necesario
corregirla, para potenciar el proceso de formación y los sistemas de control.
No encarar seriamente estos y otros problemas que subyacen lacerantes en la
Institución Policial, es continuar con este tipo de comportamientos ilícitos,
que se repiten cada vez con más frecuencia.
Pero
este proceso de reconstrucción institucional también supone, que el ansiado
cambio policial no se logrará en breve plazo, es un proceso que requiere tiempo
y continuidad; cambio que debe ser tratado desde dos puntos de vista: la
policía como institución del Estado
encargada de una finalidad constitucional; y la policía como “corporación”,
como un cuerpo vivo integrado por personas, responsables de lograr esa
finalidad constitucional. Los gobiernos, la “clase política” y la sociedad en general,
deben entender que además de las condiciones arriba descritas, y otras que
pueden sugerirse; es “imprescindible” que exista la voluntad política para
alcanzar el modelo policial que aspiramos como sociedad.
(*) Crnel. PNP (r)
No hay comentarios:
Publicar un comentario