Por: Enrique Soto (*)
A partir de los sucesos ocurridos
en Pichanaqui, donde la comunidad protestó contra las actividades extractivas
realizadas por la empresa petrolera Pluspetrol, la Defensoría del Pueblo, pone en
alerta al gobierno peruano, haciéndole recordar que en el país existen nada
menos que 211 conflictos sociales irresueltos, de los cuales 160 se encuentran
activos. Es decir en “ebullición”, que en cualquier momento pueden estallar. Y
solamente 51 se hallan en situación latente. Es decir en condición moderada.
Pero igualmente esperando solución.
¿Qué esperan nuestros gobernantes
para actuar con decisión, inteligencia y audacia para poner fin a este clima de
inseguridad que padecen nuestras comunidades de nuestro territorio? ¿Por qué no
se resuelven, antes que estallen, estos conflictos sociales que traen
desolación, heridos y muerte, cuando explotan? Como sucesos emblemáticos de
estos atroces acontecimientos podemos recordar Conga, Tía María, sin dejar de mencionar
el llamado “Baguazo”, que dejó como saldo 23 policías y 10 civiles muertos.
Este estado de cosas es sumamente
grave en un país como el nuestro que se desliza por un camino de crecimiento y
desarrollo, ya que ello ahuyenta la inversión privada y promueve la
inestabilidad política, generando caos y desgobierno. Algo totalmente dañino
para una democracia en ciernes.
Hay que tener en consideración
que de los 211 conflictos registrados por la Defensoría del Pueblo, hasta el 28
de febrero del 2015, 142 son de carácter socioambientales, es decir, son
enfrentamientos con empresas industriales extractivas por contaminación del
medio ambiente, en su mayoría mineras y de hidrocarburos, y en menor escala
energéticas y forestales (tala ilegal de bosques).
Tengamos en cuenta, para poder
resolver esta situación con acierto, que la protesta es un derecho ciudadano
dentro de un sistema democrático. El tal sentido es necesario oír, escuchar y
atender los reclamos de los demandantes insatisfechos. El estado tiene la obligación
de atenderlos. En esa perspectiva es prioritario el diálogo, la comunicación
para de esa forma darle solución al conflicto de forma efectiva y eficiente, no
dilatando el asunto año tras año, como se ha acostumbrado hacer, esa actitud
burocrática debe ser desterrada, dándole al problema solución política de
carácter asertiva.
Para ello saludamos, que 71 casos
cerca del 45%, están en proceso de diálogo, mediante 66 mesas instaladas y
comisiones de alto nivel buscando la solución al problema. Esta forma de actuar
es la que se tiene que seguir promoviendo aceleradamente, ya que el tiempo
cuenta, y puede resultar nuestro peor enemigo.
Por otro lado, hay que tener en
cuenta que la mayoría de estos conflictos está relacionada con la industria
extractiva, como lo hemos señalado líneas arriba, y de manera mayoritaria con
la minería, por lo que varios proyectos importantes de exploración y
explotación de minerales están paralizados, habiéndose detenido ingentes
recursos de inversión privada que beneficiarían enormemente el crecimiento
económico del país, tales como Yanacocha, Tía María, Las Bambas, Toromocho, Río
Blanco. Se calcula un retraso en la inversión de 20 mil millones de dólares.
Esta situación tiene que ser superada, ya que somos un país minero, y de cuyas
divisas se fortalece nuestra economía. Y eso no significa que vengan en bandada
y extraigan nuestros valiosos recursos a diestra y siniestra sin respetar los marcos estándares regulatorios
internacionales con respecto a la defensa del medio ambiente, el derecho a la
consulta previa para que vivamos en armonía.
Asimismo, debemos tener en
consideración lo manifestado por Amnistía Internacional con respecto a este asunto. Ellos señalan en su último
Informe 2014-2015 que en la República del Perú en dicho periodo “hubieron
agresiones contra activistas y detractores del gobierno. Se tuvo noticia de uso
excesivo de la fuerza por parte de la policía. No se respetaron los derechos de
los pueblos indígenas a ser debidamente consultados y a dar su consentimiento
libre, previo e informado”. Asimismo señala
que “los conflictos sociales y las protestas en las comunidades
afectadas por industrias extractivas siguieron siendo generalizadas”. Por otra
parte, da cuenta de los líderes indígenas ashánincas en el departamento de
Ucayali que murieron a manos de presuntos madereros ilegales, en represalia por
su activismo contra la tala ilícita en sus tierras, y que a pesar de haber
pedido ayuda y protección al estado peruano este no se lo brindó, persistiendo
hasta ahora la inseguridad en la comunidad.
Es necesario que las autoridades
del gobierno actúen rápidamente en torno a estas denuncias realizadas por este
organismo internacional, ya que son graves y urge una explicación por parte del
estado peruano.
Queremos señalar finalmente que
debemos de tener mucho cuidado en el uso de la fuerza en estos conflictos
locales, ya que ello no va a solucionar el problema. La experiencia nos enseña
que en todos los conflictos de esta naturaleza en la que el estado ha hecho uso
de la fuerza a través de la policía nacional, ha sido desmedida y los
resultados han sido desfavorables para disminuir la tensión y acabar con el
problema, contrariamente el problema se ha empeorado, cayendo los ministros
como responsables políticos.
Estos 211 conflictos sociales que
nos recuerda la Defensoría del Pueblo, tienen que ser resueltos cuanto antes,
sino en su totalidad, mayoritariamente, hoy que está en boga el Diálogo
Nacional, hagamos uso de esa herramienta y acabemos con estos conflictos que
tanto daño pueden causar al país, evitando de esa manera que prenda la chispa.
(*) Periodista
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