SIN CENSURA

Por :CRL. PNP (r) JULIO GARAZATÚA VELA

El frustrado asalto a la familia de un congresista con el desenlace de la hija de este gravemente herida, y el reciente asesinato de un joven hincha deportivo, por un grupo de “vándalos” denominados “barras bravas”, ocurrido en un evento futbolístico; nos recuerda una vez más, que la criminalidad continua golpeando dramáticamente a la sociedad peruana, sin que las instituciones del Estado puedan articular mecanismos de defensa efectivos contra este flagelo. Es comprensible que la sociedad exija al nuevo gobierno que adopte medidas más radicales para atenuar la sensación de temor que crece progresivamente, y se pueda revertir a la brevedad esta preocupante tendencia.   Pero también la experiencia nos dice, que cuando una sociedad se agita al compas de la violencia de cualquier género, el comportamiento de las instituciones se vuelve errática, y en lugar de articular medidas adecuadas al problema que nos perturba, estas se dispersan y se concentran en la superficie del problema y no en las causas que la originan.

Es indudable que el problema de la criminalidad es estructural y llevará tiempo resolverlo, pero la prioridad actual es implementar estrategias efectivas para controlar y contrarrestar los preocupantes índice de delitos; tarea que no corresponde solamente a la Policía Nacional, sino a todas las instituciones del estado, que deben involucrarse en el problema con la firme determinación de encararlo en todos los frentes: policial, social, legal, económico, educativo, familiar, etc.

“Lo cierto es que el hombre de la calle, el ciudadano común, comprueba que cada día  va perdiendo su derecho a la libertad…”

Si no se dispone de políticas de estado serias y viables, que tengan permanencia y continuidad en el tiempo, que se conviertan en soporte y contención contra el delito, entonces la criminalidad puede desbordar el sistema democrático establecido, y generar una situación de indefensión pública.

Lo cierto es que el hombre de la calle, el ciudadano común, comprueba que cada día  va perdiendo su derecho a la libertad, el de poder vivir sin sentirse amenazado en su integridad física. Lo que enfrentamos es una suma caótica de delitos que ocurren en cualquier parte, que no tiene horario ni clases sociales, es decir incluye a toda la población, de modo tal que actualmente nadie puede sentirse seguro y al margen de la delincuencia.

Al parecer, esta difícil situación que afronta el país, motivó que el ejecutivo decidiera hace algunos meses encabezar la lucha frontal contra la delincuencia, asumiendo la presidencia del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana; atendiendo a lo expresado en el Art. 118 inc.4, de la Constitución Política del  Perú, que dice: “corresponde al Presidente de la República, velar por el Orden Interno y la Seguridad Exterior de la república”. Pero también  el marco Jurídico Vigente específica, que el responsable político del Orden  y la Seguridad Pública en el país es el Ministerio del Interior;  sector que dispone en su estructura Orgánica de cinco Direcciones Generales como órganos de ejecución: Gobierno Interior, Inteligencia, Migraciones, DISCAMEC y Policía Nacional; todas ellas destinadas a cumplir tareas especializadas, pero orientadas a garantizar, mantener y restablecer la finalidad del Sector: el Orden Interno y la Seguridad Pública; sin embargo, en la práctica se las percibe funcionalmente divorciadas una de otra, sin un objetivo común previsto. El Ministerio del Interior debe proponer al Presidente de la República la política de Orden Interno y Seguridad Pública; debe implementar y conducir las estrategias contra la inseguridad pública en sus diversas manifestaciones: delincuencia, violencia política, conflictos sociales, narcotráfico, etc.; para tal efecto, debe coordinar con los sectores afines al problema el planeamiento estratégico multisectorial, que asegure la orientación táctica para cada aspecto, y la unidad de comando en la ejecución de las operaciones, para evitar el dispendio de los medios y recursos disponibles, así como la dispersión de esfuerzos de otros organismos similares sobre el mismo tema; supervisando el logro de metas previstas en tiempos establecidos.

Ahora bien, la criminalidad se fortalece cuando el poder político falla en la instrumentación de normas y en la implementación de estrategias entre instituciones afines al problema; pero también falla, cuando la corrupción se enquista en los niveles del estado y en los gobiernos de turno, y deteriora la función pública y la imagen del funcionario público. Desnaturalizar los principios éticos y utilizar la función pública para el enriquecimiento ilícito, es una costumbre aun no corregida. Esto es lo que realmente falla, y no se arregla ni con más policías en la calle, ni con nuevas y severas leyes. Si aceptamos que el deterioro de la moral pública  tiene injerencia en el incremento de la criminalidad, entonces el estado y los gobiernos tienen la obligación de restaurar los valores morales y éticos en las instituciones y en los funcionarios públicos, para desactivar una de las causas que traban obtener mejores resultados en la lucha contra el crimen.

Enfrentar la criminalidad,  requiere prioritariamente adoptar decisiones políticas  que no admitan discusiones infundadas, u oposiciones partidistas o sectoriales. La percepción que se tiene es que todo parece estar mal, y lo que se pretende hacer, da la sensación que no es lo mejor; por ejemplo, se ha gastado dinero y tiempo en anteriores procesos de reorganización de la policía nacional sin obtener los resultados deseados, porque se sigue fallando en el factor primordial de toda reforma, el ser humano. La Seguridad Pública es una cuestión de Estado, es un tema trascendente para ser tratada solamente con reformas policiales, que aunque bien intencionadas  pueden resultar insuficientes y contraproducentes si son consecuencia de apresuramientos, circunstancias emocionales o decisiones coyunturales; sin mencionar el costo político y el perjuicio a la institución policial, que en cada gobierno está sujeta a experimentos organizacionales poco serios y sin sustento técnico.   

Además, combatir el delito exige políticas de estado y estrategias multisectoriales de corto mediano y largo plazo; formuladas y ejecutadas por profesionales y funcionarios de reconocida capacidad y experiencia en el tema, que generen medidas efectivas en el campo técnico- operativo, pero también se requiere de una legislación fundamentalmente preventiva que sea moderna y eficaz, en razón que las normas vigentes para estos casos generalmente son represivas, que siempre  se aplican después de ocurrido los hechos, para castigar al culpable; pero lo ideal es   la prevención, la posibilidad de que los daños se eviten, y los males se descubran tempranamente.

Es cierto que se debe propender a tener leyes más estrictas y menores márgenes de excarcelación, pero también es necesario que otras entidades afines pueden y deben desempeñar un rol más activo en la seguridad pública, me refiero a las empresas de seguridad privada que dependen normativamente del Ministerio del Interior, a través  de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de uso Civil (DISCAMEC). La participación de los agentes de seguridad privada en la lucha contra el delito es una propuesta viable; más aun, cuando se conoce que en algunos países, la policía y las empresas de seguridad privada, coordinan acciones para contrarrestar la delincuencia mediante planes conjuntos;  considerando además, que en el Perú se han efectuado en anteriores ocasiones acercamientos en ese sentido, que sin explicación alguna quedaron sin efecto.

Asimismo, se reitera que toda estrategia orientada a contrarrestar la delincuencia a través del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), tal como está diseñada actualmente, limita sus objetivos y logros; es necesario revisar y corregir el Capítulo IV de la Ley Nro. 27933- Ley del SINASEC, referido a los Comités de Seguridad Ciudadana, que están presididos por los presidentes regionales y alcaldes; disposición que contradice normas legales vigentes; genera más burocracia, y en la práctica no funciona como un sistema técnico operativo, sino como un instrumento político, donde los alcaldes asumen cuotas de poder en un tema que desconocen y que legalmente no les compete, lo que genera interferencia funcional con la Policía Nacional. No se cuestiona la presencia de los gobiernos locales en el sistema, ni de los serenos municipales como + auxiliares+ de la policía en tareas de prevención y patrullaje; lo que se sugiere es que los alcaldes participen en actividades propias de su función para la cual fueron elegidos, porque con ello coadyuvan a optimizar el orden y la tranquilidad pública; por ejemplo, optimizar el servicio de trasporte urbano, mejorando el sistema de paraderos, señalización, semaforización y alumbrado público, verificando su funcionamiento y mantenimiento optimo; mejorar el estado de pistas y veredas; controlar e impedir la instalación ilegal de rejas metálicas que cercan vías públicas como pistas vehiculares y veredas peatonales, etc.

Finalmente, la propuesta política de creación del “Servicio Policial Voluntario”, orientado a reemplazar al personal policial que desempeñan tareas administrativas en las Comisarias, para incrementar la presencia de efectivos en la calle, debe ser evaluada con más detenimiento.  La aplicación de este tipo de iniciativas en unidades operativas como las comisarias, genera riesgos propios de la naturaleza de la función, tales como: formulación de atestados, trámites y manejo de información clasificada (denuncias, investigaciones, etc.), manipulación de equipos especiales, etc.; tareas que exigen capacitación,  experiencia y adoctrinamiento institucional. Una  alternativa más adecuada a la realidad institucional,  es racionalizar y reasignar a las comisarias,  personal de especialistas de servicios (digitadores, auxiliares de oficina, etc.) y personal civil, que laboran en unidades policiales administrativas, hasta que estas puedan potenciarse con los recursos humanos y logísticos suficientes. Adicionalmente, también puede recurrirse al personal policial discapacitado, que se encuentran en situación de retiro y en condiciones de cumplir estas tareas.