Por: Enrique Soto (*)
** Extracto de un capítulo del ensayo “MÁS ALLÁ DEL SOCAVÓN. La Industria Minera en el Perú”. En proceso de redacción y desarrollo.
Por: Enrique Soto (*)
** Extracto de un capítulo del ensayo “MÁS ALLÁ DEL SOCAVÓN. La Industria Minera en el Perú”. En proceso de redacción y desarrollo.
Por: Enrique Soto (*)
La minería ilegal es una amenaza
peligrosa a la inversión privada en la Industria Minera. No conforme con la ampliación, por un año más, del Registro
Integral de Formalización Minera (REINFO), por parte del Congreso de La
República, que apuntala y promueve su quehacer ilícito; ahora pretende -con el apoyo de algunos
partidos políticos, y malas autoridades, que se alistan para la campaña electoral
que se viene- tomar el control del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET);
para, de tal manera, controlar la Dirección de Concesiones Mineras, que otorga
la titularidad para proceder al control y conducción de la exploración y
explotación de las minas concesionadas, a través de una Resolución emitida por la
Presidencia de dicha institución.
El lobby de políticos y mineros
ilegales -camuflados, como informales, en el sector de Minería Artesanal y de Pequeña
Escala (MAPE)- ha empezado a moverse, con el afán de tomar mayor protagonismo
y, poder controlar con mayor rigor y efectividad su actividad delictiva;
tratando de llegar a manejar la conducción política y administrativa del INGEMMET.
Para tal efecto, han iniciado hacer cambios sustanciales a las reglas de juego
-de carácter administrativo- para favorecer a la minería ilegal. Haciendo
modificaciones gubernamentales a su clasificador de cargos. Queriéndose
formalizar -dándole lineamiento orgánico- el nombramiento del Director de Concesiones
Mineras, como un cargo de confianza (designación a dedo) y no dando oportunidad
a profesionales técnicos en base a la meritocracia, como ha venido sucediendo
en los últimos años. (Perú 21. 08/12/24)
Esto es sumamente indignante, que
pone en grave riesgo la estabilidad, crecimiento y desarrollo del sector. Para
tal efecto -según da cuenta el diario Perú 21- se han reunido el parlamentario Juan
Luna Gálvez, del partido Podemos; el alcalde de Lima, aspirante a la
Presidencia de la República, Rafael López Aliaga, dueño del partido Renovación
Popular y el congresista, Guido Bellido, tránsfuga de Perú libre, que busca
inscribir su propio partido Pueblo Consiente, con los representantes de la Confederación
Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin). Buscando
llegar acuerdos para que se mantenga el caos en el quehacer minero. A río
revuelta ganancia de pescadores. Y prevalezca la ilegalidad como un desorden
establecido, que, de réditos económicos a sus actividades ilícitas,
favoreciendo a sus oscuros intereses.
En ese mismo sentido, no dando
crédito a la organización de los pequeños mineros y mineros artesanales del Perú,
Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y
Energía, sostiene: “La Confemin es la organización de los mineros ilegales, no
de los informales. Quieren poder económico, político y control territorial, y
los políticos populistas están dispuestos a cualquier cosa para llegar a
Palacio de Gobierno”. Asimismo, manifiesta, con profunda preocupación, que los
cambios en Ingemmet son una bestialidad. “No me sorprendería que los mineros
ilegales ejerzan importantes cargos es esa institución”-sostuvo. (Perú 21 08/12/24).
Como podremos darnos cuenta la
situación del quehacer minero ilegal que padecemos es sumamente grave. Entorpece
el crecimiento económico y desarrollo de la nación. Atentando cruelmente contra
el progreso; impidiendo la promoción de la inversión privada; factor
fundamental del apalancamiento del empleo, incentivando el consumo, como una
forma efectiva de palear y disminuir la pobreza que nos agobia.
Si no logramos detener a tiempo
el avance de la minería ilegal, mañana lamentaremos inexorablemente, cuando
esta lacra haya tomado el poder y conduzca el país hacia un destino tenebroso,
que no lo debemos permitir.
Actualmente, tiene poder económico.
¡Qué duda cabe! Mueve más de 10 mil millones de dólares en el comercio ilegal
del oro. Superando en rentabilidad al quehacer del narcotráfico. Ha logrado
infiltrar a decenas de instituciones públicas, resquebrajando su fortaleza constitucional.
Corrompiendo a sus más altos funcionarios. En esa audacia temeraria ha
penetrado al Ejecutivo, en sus sectores más representativos; al Congreso de La
República, mellando la dignidad de la Representación Nacional; al Poder
Judicial, al Ministerio Público, a la Policía Nacional y a la Fuerzas Armadas.
Es la Cosa Nostra, que Amenaza esclavizar la sociedad y deshumanizarla.
Por ello, es un deber civil y
moral denunciar de manera incansable la legislación promovida por el Parlamento
nacional a favor de la minería ilegal, que promueve el crimen organizado,
favoreciendo la impunidad de los malhechores.
En tal sentido es de suma
importancia y trascendencia, seguir bregando por la formalización integral del
quehacer minero. Incorporando a los pequeños mineros y mineros artesanales al
sector, a través de la Ley MAPE, que se ha vuelto a cero, con la caída del ex
ministro Rómulo Mucho, volviéndose a revisar la tan extraordinaria propuesta. Dándoles
el espacio que verdaderamente se merecen, a los más de 500 mil trabajadores del
quehacer extractivo milenario, como una forma de alejarlos de las bandas
criminales, que los extorsionan y los utilizan, para camuflar sus malas
andanzas ilícitas.
Ya quedó claramente establecido
que el REINFO no da más. Su fracaso es eminente, quedando claramente al
descubierto que solo sirve para proteger y dar rienda suelta a la minería
ilegal. En más de 8 años, nada se ha podido hacer para formalizar a los mineros
informales. De 80 mil inscritos, aproximadamente en el Registro, solo 2 mil
alcanzaron la formalidad en ocho años. Estando más de 60 mil suspendidos. ¡Un
total fracaso! Insistir es una medida premeditada que favorece -sin lugar a
dudas- solo a los delincuentes.
Por lo que es urgente promover
una Ley, de manera inmediata, para integrar y ordenar de manera formal el
quehacer en la minería artesanal y de pequeña escala, para alcanzar el orden,
con justicia social, que tanto necesitamos en el sector, por el bien de nuestra
nación. Solo con mano firme, en democracia, respetando el Estado de Derecho y
el Orden Constitucional lo vamos a lograr.
(*) Periodista
Por: Enrique Soto (*)
Con la extensión de la vigencia
por un año más, del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), por
parte del Congreso de la República, con la anuencia del Gobierno Central; queda
corroborado y confirmado que estas instituciones tutelares del Estado, no
tienen ningún interés en ordenar jurídicamente -con respeto a la norma y la ley-
la explotación en el país, de la actividad minera desarrollada por la Minería Artesanal
y Pequeña Minería, que agrupa, en todo el territorio nacional a más de 500 mil
personas que se dedican a esta actividad. Asimismo, se evidencia que el
gobierno no tiene ningún interés, menos ganas de perseguir a los mineros
ilegales (léase delincuentes), que se camuflan en esta disposición, para hacer su
fechoría, promoviendo la violencia, desolación y muerte en el sector.
CON LEY MAPE, SE CAYÓ EL MINISTRO
MUCHO
Esta situación es sumamente
alarmante. El REINFO nada pudo hacer, de manera efectiva y contundente, -desde
que se creó en junio del 2017-. En ocho años, tan solo de logró registrar a
90,265 mineros, de los cuales solo 2,108 lograron formalizarse. Ya que el
problema es sumamente complejo, requiriendo el concurso de todos los sectores
del Estado involucrados. Incluido, la sociedad civil y la academia. Sin
embargo, los esfuerzos que se hacen por lograr el orden, queriendo imponer el
principio de autoridad, en base a la defensa del Estado de Derecho, como la
iniciativa presentada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), con la Ley
MAPE (Minería Artesanal y de Pequeña Escala) al Parlamento, es boicoteada,
vilipendiada, logrando el desafuero del Ministro Rómulo Mucho, como titular de
la Cartera.
Lo que sucede es que hay
muchísimo dinero que se mueve en este negocio sucio. Tal es así que, algunos
entendidos en la materia, sostienen que el comercio ilegal del oro, ha superado
en rentabilidad tremendamente al narcotráfico. Moviendo, alrededor de 10 mil
millones de dólares al año. Siendo el Crimen Organizado quien están tomando
control. Es decir, las riendas de estas organizaciones sociales productivas,
que trabajan de manera informal, explotando minerales codiciosos como el oro,
el cobre y la plata. Además, estos malhechores, han logrado penetrar las
instituciones tutelares del Estado Peruano, como el Congreso de la República, el
Ejecutivo, el Poder Judicial, El Ministerio Público, La Policía Nacional, entre
otros; que les facilitan sus movimientos, en función de sus intereses
deleznables y oprobiosos; actuando de tal manera, en contra del interés
nacional. Y todo ello sucede en base a la corrupción. ¡El dinero manda y
ordena! Comprando servicios y conciencias a altos funcionarios.
MINERÍA ILEGAL AVASALLA MINERÍA
INFORMAL
Al no haber una preocupación
gubernamental y una atención debida, jurídicamente ordenada, por parte del
Estado, los cientos de miles de trabajadores mineros artesanales y de pequeña
escala, se sienten abandonados y desprotegidos; siendo presa fácil de estas
poderosas mafias, que las someten y extorsionan, para que actúen -en base al
miedo- en función de sus criminales objetivos. Es decir, son víctimas de estos hampones.
Sin descartar, que hayan, algunos sectores que hacen alianzas conscientes,
alevosas y premeditadas, ofreciendo su colaboración con estas bandas, en base a
la necesidad. Aprovechando el sentido de oportunidad que se les ha presentado
propiciando negocios maliciosos. Este escenario macabro, -sin orden, sin norma,
sin ley- se presta para todo tipo de acciones indebidas. Reinando la impunidad.
Ya que el accionar minero en estas circunstancias en que se opera no puede ser
criminalizado, no habiendo delito de por medio.
Esto asusta verdaderamente. Somos
humanos, Consideramos, asimismo, que vamos a ingresar a una fase de mayor violencia
en el sector; generándose una espiral vertiginosa que no sabemos cuándo va
acabar, mientras tengamos en la conducción del Estado Peruano a este gobierno
inoperante, incapaz y cómplice de las barbaridades y latrocinios que se vienen
cometiendo en la Industria Minera. Una administración que ha perdido
legitimidad, al no tener apoyo social. El Parlamento, a las justas alcanza el
2% de aceptación, y el Ejecutivo un 6%. La ciudadanía, en una abrumadora
mayoría, no se siente representada por este gobierno, impidiéndole gozar de
autoridad.
Consideramos que la lucha
perseverante por lograr avanzar en la formalización y dar marco jurídico a la
Minería Artesanal y de Pequeña Escala, es una tarea inmediata ineludible, que
el país entero, no debe cejar en su esfuerzo. Ya que esta situación intolerable
-de seguir como esta- va a impedir el desarrollo y fortalecimiento de la Industria
Minera en el país. Impidiendo, el destrabe de grandes proyectos que se encuentran
paralizados.
FALTA DE SEGURIDAD AUYENTA LA INVERSIÓN
Asimismo, ahuyentará la inversión
privada en el sector, al sentir los grandes capitales falta de seguridad
jurídica que garantice sus inversiones. Eso inevitablemente contraerá el
empleo, y como consecuencia el consumo interno, promoviendo y acrecentando la
recesión. A pesar que tenemos controlada la inflación; debido a una política
asertiva desarrollada por parte del Banco Central de Reserva, que impide una devaluación
de nuestra moneda. Manteniéndose el sol como una moneda fuerte en la región.
Es necesario manifestar que el
proyecto de ley del MINEM, presentado al Parlamento, no pretende en ningún
momento quitarle las competencias -que por ley Orgánica- tienen los Gobiernos
Regionales; cuya autoridad la ejercen, a través de la Dirección Regional de
Minería (DREM), como es el seguimiento, supervisión, fiscalización y
otorgamiento de licencias de funcionamiento y operatividad, a las actividades
mineras artesanales y de pequeña escala, en sus respectivas jurisdicciones. Sin
dejar de lado, las competencias y responsabilidades para formalizarlas, por
parte del MINEM. Esto significa, profundizar el proceso de regionalización,
trabajando la descentralización, que está avanzando muy lentamente. Y poco se
ha concretado en más de 20 años.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
Finalmente, queremos señalar, y dejar en claro, que la minería informal, secuestrada por la minería ilegal, en un gran porcentaje, en base a que ha sido avasallada por el capital sucio que manejan las mafias, ha cometido, atropellos invaluables y escandalosos latrocinios; depredando el medio ambiente, contaminando nuestros ríos y convirtiendo en desiertos nuestros bosques; arrasando la flora y fauna. Atentando salvajemente contra nuestros recursos naturales, ricos y variados. Que los han convertido en irrecuperables. Además, de haber pervertido a los grupos sociales de las zonas, promoviendo el sicariato, la trata de personas, el robo y la estafa. Considerándose todo ello una lacra, que perturba indubitablemente el crecimiento armónico de una nación. Por lo que es imprescindible -sin lugar a dudas- extirpar este tumor cancerígeno, que de no hacerlo a tiempo generará metástasis en el organismo social de nuestra nación; conduciéndonos hacia la descomposición, desaparición y finalmente la muerte. Esto, de manera definitiva no lo podemos permitir.
(*) Periodista