Por: Enrique Soto (*)
“Lo que queremos ahora es
articular una visión que nos permita movilizarnos es pos de este objetivo tan
ambicioso, que es llegar a ser una país del primer mundo”, sostuvo, el
presidente del Comité organizador CADE 2014, Pablo de La Flor, en una reciente entrevista concedida
a un diario local. Mas
adelante avizoró que es una meta exigente pero alcanzable, “Yo creo que nosotros vamos a llegar a ese objetivo, quizá en el
transcurso de las próximas dos décadas”.
Estas declaraciones constituyen
un desafío para el país, desde el punto de vista económico, político y social.
Y un reto para poner a prueba a la clase política y al sector empresarial, en
cuanto a su capacidad y eficiencia. Pero, antes debemos preguntarnos: ¿el país
cuenta con un Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, consolidado para ser
implementado en los próximos 20 ó 30 años?, ¿nuestros gobernantes, la clase
política y el sector empresarial tienen una visión clara del país que se desea
construir, y el camino que se ha de recorrer, en democracia para alcanzar sus
grandes objetivos de desarrollo y bienestar para todos los peruanos?
Si bien es cierto que el país
desde hace 20 años reorientó su economía reinsertándose en el mercado
financiero internacional y empezó gradualmente un crecimiento sostenido, con
algunos pequeños baches, producto de los vaivenes del movimiento financiero y
económico internacional, a raíz de las crisis de los países desarrollados, consolidándose
en tal sentido la macroeconomía: reflejada en una baja y controlada inflación,
un tipo de cambio en raya, superávit fiscal y un incremento continuo de las reservas
internacionales netas, que superan los 62 mil millones de dólares. Así como un
crecimiento sostenido del PBI, promedio en los últimos 15 años por encima del
6%. También es cierto que esta bonanza macroeconómica, a partir de la subida
colosal en el mercado internacional de los precios de los metales que
exportamos, no llegó a los bolsillos de los mas pobres, ya que no se incrementó
como debería la remuneración mínima vital, sino que se hizo a regañadientes. No
se promovió a gran escala el empleo, ni se combatió el sub empleo marginal. Así
mismo no se apoyó como debió ser a la pequeña y microempresa generadora de
puestos de trabajo de manera masiva, ni se impulsó acertadamente la
formalización de los informales, generándose grandes conflictos violentos, que
pusieron en varias oportunidades en jaque al gobierno. Asimismo, no se atendió
la salud y la educación –entes pilares de la sostenibilidad de un pueblo-,
generando mayor infraestructura con su respectivo equipamiento, que permita
elevar la calidad de vida de la población mas necesitada. El tal sentido,
todavía no se ha resuelto la deuda histórica que se tiene con los mas pobres. Los
programas sociales, se han constituido en un asistencialismo, que palea en algo
las necesidades de las grandes mayorías, pero no resuelve el fondo del asunto
como es la disminución y/o total erradicación de la pobreza. Estos problemas
tienen que ser resueltos cuanto antes, si es que aspiramos a ser un país del
primer mundo en los próximos 20 años.
Desde un punto de vista de
desarrollo macroeconómico, a pesar que el país está enrumbado, no debemos
cantar victorias, porque desde hace algunos meses las cosas no van muy bien.
Hemos empezado a padecer un proceso de desaceleración, producto de la caída en
los precios de los commodities, en el
mercado internacional, principalmente de China, que ha reorientado su economía
hacia el consumo interno, para mejorar la calidad de vida de su población. En
este escenario, el paquete de medidas enviadas por el Ejecutivo al Congreso
para su aprobación, y poder de esa forma reactivar la economía, según los
expertos, es insuficiente y extemporánea. Algunos analistas económicos señalan
que el gobierno carece de reflejos inmediatos para afrontar estas situaciones,
implementando proyectos contracíclicos, como incrementado el gasto a gran
escala y promoviendo agresivamente la inversión pública, para de esta forma contrarrestar
la contracción en el consumo y promover la inversión privada que está en picada.
Asimismo, se critica al Ejecutivo por falta de audacia para sostener el crecimiento
económico, implementado rápidamente los mega proyectos, que mueven ingentes
inversiones como el Gasoducto del Sur y la Línea 2 del Metro. Aquí estamos
hablando de 6 mil y 8 mil millones de dólares de inversión directa. Sin contar
el revuelo que esto ocasionará al mercado.
Por otra parte, si queremos
sinceramente comprometernos en un reto ambicioso a 20 años, como es el llegar a
ser un país del primer mundo, tenemos que acabar con la inseguridad ciudadana y
a aniquilar la corrupción.
El país no puede vivir de
espaldas al crimen organizado, que recluta adolescentes para convertirlos en
sicarios. En tal sentido, es de suma urgencia que el Ejecutivo formule un Plan
Estratégico de Seguridad Ciudadana a nivel nacional, coordinando y movilizando
a los gobiernos regionales y locales. Promoviendo la organización de los
Comités Vecinales en todos los distritos y provincias a través de las
autoridades edilicias.
Asimismo, es necesario una profunda
reorganización en la Policía Nacional, para que esta institución tutelar de la
sociedad se mas eficiente y pueda cumplir con su labor a cabalidad.
Por otra parte, la corrupción
enquistada en las mas altas esferas de la burocracia estatal debe de ser
extirpada. “Caiga quien caiga” debe ser la consigna para acabar con este mal
que acecha a la sociedad y desestabiliza al gobierno, deteriorando y atentando
contra la institucionalidad.
Los últimos escándalos sobre
corrupción han puesto en aprietos al gobierno central. Ya que uno de los
miembros de la supuesta mafia que lidera el prófugo Rodolfo Orellana, sería
allegado a la pareja presidencial y según denuncias periodísticas se habría beneficiado
de manera indebida con una adquisición por parte del estado de mas de 80
millones de nuevos soles. Esta situación habría obligado a renunciar al
Presidente del IPD, Francisco Boza.
El
Poder Judicial es considerado por la ciudadanía –según encuestas realizadas-
como la institución mas corrupta, que merece ser reorganizada. Tampoco se salva
de este calificativo el Congreso de la República, cuya credibilidad y
reputación está por los suelos.
Estas situaciones tienen que ser
encaradas seriamente, si en verdad queremos en los próximos 20 años, llegar a
ser un país del primer mundo. Así como la realización de otras reformas de
urgente necesidad que requiere un país moderno.
(*) Periodista
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