Por: Julio Garazatúa Vela.(*)
A
escasos meses de llevarse a cabo las elecciones regionales y municipales y ante la información en los medios de
comunicación sobre presuntas conexiones del crimen organizado con autoridades
regionales y locales como el caso del actual Presidente Regional de Ancash, César
Álvarez, sindicado como responsable de graves hechos de corrupción, es preciso
que el gobierno central asuma con autoridad el control del Estado.
Este
nuevo escándalo nacional que ha motivado la rápida e inusual intervención de
las instituciones del Estado: seguridad, justicia, contraloría, etc. nos
recuerda lo siguiente: primero, que estos casos deben ser investigados con
prontitud y en forma exhaustiva, para sancionar drásticamente a los responsables
y a los culpables, para desterrar de
una vez y para siempre la costumbre que los casos de corrupción a nivel político
siempre terminan en impunidad; segundo, que el llamado Proceso de Descentralización, hasta la fecha no logra la finalidad para el cual fue creado, en razón que después de
más de una década de iniciado este proceso, no se vislumbra el desarrollo
integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de
competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres
niveles del gobierno en beneficio de la población; al contrario, en la práctica
se observa que la aplicación de las
normas y procedimientos establecidos, no se ajusta al espíritu de la ley, y por
ende no coadyuva al fin propuesto. Tercero, este libertinaje político y presunto
delito económico con dineros del Estado descubierto en la Región Ancash,
demuestra que el proceso de regionalización tal como se está llevando a cabo
actualmente viene propiciando una suerte de “feudalismo” regional , donde los
presidentes regionales creen tener la atribución de manejar este ámbito
territorial a su antojo, sin control de ninguna clase; arrogándose incluso la
potestad de confrontar con el Gobierno Central en algunos asuntos de Estado; comportamientos que si no se corrigen a tiempo
pueden generar conflictos no deseados en las demás regiones, como el suscitado en Cajamarca
y otras en proceso de gestación.
¿Por
qué se comete este tipo de delitos continuamente?; por varias razones, entre
ellas: si bien es cierto que las normas,
procedimientos, funciones y atribuciones que orientan el desempeño de los
gobiernos regionales se encuentran expresadas en la Ley de Regionalización No.
27867, también es cierto que estas normas no se cumplen adecuadamente, en razón que los órganos de fiscalización y
control, como el Congreso de la República y la Procuraduría General de la República ,
entre otras, encargadas de supervisar y
orientar la aplicación de estas normas en el ámbito regional hasta su total implementación, no actúan con
la seriedad , oportunidad y responsabilidad necesaria que les exige el cargo,
lo cual propicia que los propios gobiernos regionales distorsionen la interpretación legal de estas
disposiciones, para manejarlas de acuerdo a sus pretensiones personales y políticas
partidarias; y al parecer se interviene
solamente cuando los medios de comunicación presentan casos evidentes de corrupción
administrativa.
