Por: Julio Garazatúa Vela (*)
Los
constantes cambios en la cartera del Ministerio del Interior y de la Presidencia
del Consejo de Ministros reflejan el laberinto que se encuentra el actual
gobierno en cuanto al rumbo político en la conducción del Estado y a la
carencia de objetivos concretos y viables en el Ministerio del Interior para contrarrestar el acuciante problema de
la inseguridad pública.
Al
parecer, esta situación ha generado inquietud y preocupación no solamente en el
ámbito político, sino también en la sociedad en general, por lo siguiente: en
primer lugar, el asesor de gobierno en temas de seguridad, Wilfredo Pedraza, ex
Ministro del Interior, muestra estar desconectado de la realidad cuando se refirió, meses pasados, a la inseguridad
pública como una “percepción”. Actualmente, esta problemática es un asunto de
Estado, que exige del gobierno acciones
inmediatas y viables. En segundo lugar, la inseguridad pública se ha convertido
en un problema crónico en el país, y el que más afecta a la población, aseveración que se demuestra en las encuestas
de opinión, en las estadísticas nacionales sobre delito y delincuencia, en la
necesidad prioritaria de seguridad que reclama la sociedad y en el riesgo
permanente que ofrecen las calles en cualquier barrio o ciudad del país. En
tercer lugar, el gobierno piensa erróneamente que el cambio de ministros del interior es la
solución al problema de la inseguridad y el desorden público, lo deja entrever
con los continuos cambios que viene efectuando en esa cartera, pero la realidad
nos dice que hasta la fecha los resultados no son los esperados; es bueno
recalcar, que aún el mejor político o el mejor ministro, sería incapaz de
resolver los problemas de inseguridad
que afectan a la sociedad, sino se trabaja en forma colegiada y si no se
reforman las instituciones a través de
la cuales se debe actuar. En cuarto lugar, se insiste en mantener vigente al
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, un sistema burocrático que tal como
está diseñado es inviable, por ello en la práctica es casi inactivo, sin
liderazgo político en su conducción operativa; pero contradictoriamente, se ha convertido en
un instrumento político de campaña en los procesos electorales de los candidatos
a gobiernos regionales y especialmente de los alcaldes, que ofertan la
seguridad ciudadana como su principal objetivo, olvidándose de sus verdaderas
tareas vecinales: limpieza pública, semáforos en buen estado, reparación de
pistas y veredas, implementar mayor señalización y paraderos de transporte
urbano, etc.
Seguramente,
con la intención de corregir estos y otros problemas en el tratamiento de la
inseguridad pública y optimizar los resultados en el combate contra el delito y el crimen organizado,
el Ejecutivo solicitó al Congreso de la
República en agosto del 2012, facultades extraordinarias para legislar en siete
materias especificas, siendo una de ellas: “la reforma de la legislación
orientada al fortalecimiento institucional del Ministerio del Interior, de la
Policía Nacional y de la carrera
policial”.
