Por: Julio Garazatúa Vela (*)
Los
constantes cambios en la cartera del Ministerio del Interior y de la Presidencia
del Consejo de Ministros reflejan el laberinto que se encuentra el actual
gobierno en cuanto al rumbo político en la conducción del Estado y a la
carencia de objetivos concretos y viables en el Ministerio del Interior para contrarrestar el acuciante problema de
la inseguridad pública.
Al
parecer, esta situación ha generado inquietud y preocupación no solamente en el
ámbito político, sino también en la sociedad en general, por lo siguiente: en
primer lugar, el asesor de gobierno en temas de seguridad, Wilfredo Pedraza, ex
Ministro del Interior, muestra estar desconectado de la realidad cuando se refirió, meses pasados, a la inseguridad
pública como una “percepción”. Actualmente, esta problemática es un asunto de
Estado, que exige del gobierno acciones
inmediatas y viables. En segundo lugar, la inseguridad pública se ha convertido
en un problema crónico en el país, y el que más afecta a la población, aseveración que se demuestra en las encuestas
de opinión, en las estadísticas nacionales sobre delito y delincuencia, en la
necesidad prioritaria de seguridad que reclama la sociedad y en el riesgo
permanente que ofrecen las calles en cualquier barrio o ciudad del país. En
tercer lugar, el gobierno piensa erróneamente que el cambio de ministros del interior es la
solución al problema de la inseguridad y el desorden público, lo deja entrever
con los continuos cambios que viene efectuando en esa cartera, pero la realidad
nos dice que hasta la fecha los resultados no son los esperados; es bueno
recalcar, que aún el mejor político o el mejor ministro, sería incapaz de
resolver los problemas de inseguridad
que afectan a la sociedad, sino se trabaja en forma colegiada y si no se
reforman las instituciones a través de
la cuales se debe actuar. En cuarto lugar, se insiste en mantener vigente al
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, un sistema burocrático que tal como
está diseñado es inviable, por ello en la práctica es casi inactivo, sin
liderazgo político en su conducción operativa; pero contradictoriamente, se ha convertido en
un instrumento político de campaña en los procesos electorales de los candidatos
a gobiernos regionales y especialmente de los alcaldes, que ofertan la
seguridad ciudadana como su principal objetivo, olvidándose de sus verdaderas
tareas vecinales: limpieza pública, semáforos en buen estado, reparación de
pistas y veredas, implementar mayor señalización y paraderos de transporte
urbano, etc.
Seguramente,
con la intención de corregir estos y otros problemas en el tratamiento de la
inseguridad pública y optimizar los resultados en el combate contra el delito y el crimen organizado,
el Ejecutivo solicitó al Congreso de la
República en agosto del 2012, facultades extraordinarias para legislar en siete
materias especificas, siendo una de ellas: “la reforma de la legislación
orientada al fortalecimiento institucional del Ministerio del Interior, de la
Policía Nacional y de la carrera
policial”.
Si
bien es cierto, que uno de los logros de la gestión legislativa del Ejecutivo,
fue la promulgación de la nueva Ley de Organización y Funciones del Ministerio
del Interior, Decreto Legislativo Nro.
1135, que establece el ámbito de competencia, la regulación de la estructura
orgánica básica, la naturaleza jurídica y las funciones del sector; también es
cierto, que es necesario revisar algunos aspectos de dicho decreto, por las
razones siguientes: primero, el decreto legislativo 1135 establece que el
Ministerio del Interior ejerce “competencia
exclusiva” a nivel nacional en materia de orden interno, orden público y lucha
contra la criminalidad organizada. Al
respecto, es del caso recordar que los asuntos de Orden Interno, Orden Público
y lucha contra la delincuencia, ya están legislados como finalidad fundamental de la
Policía Nacional, de conformidad a la Constitución Política del Perú, artículo
166, y a Ley Orgánica Policial; por ende, estas materias se consideran
tácitamente de “competencia exclusiva”
policial, y de responsabilidad política del Ministerio del Interior, y no es
indispensable reiterarlo; al parecer se
menciona este término para limitar
posibles injerencias de otros sectores u
organismos públicos o privados, en estos
asuntos; pero para ello, basta definir los conceptos de Orden Interno, Orden Público
y Crimen Organizado, precisando la dirección y conducción operativa del sector
y su alcance funcional a nivel nacional sobre estos temas, dejando siempre un
espacio legal para la participación de otras entidades, cuando se deban
realizar acciones conjuntas. Segundo, las ex Direcciones Generales: DISCAMEC,
Migraciones y Gobierno Interior que figuraban como órganos de línea del Ministerio del
Interior, actualmente con el Decreto
Legislativo 1135, se consideran Organismos
Públicos adscritos (art.14), la relación con el
Sector Interior se reduce solo a la tarea de supervisar el
cumplimiento de las políticas de cada uno de ellos (art. 6); la única
institución que se mantiene dependiente del sector interior es la Policía
Nacional (art.13), lo que motiva quizás, que en la practica el Ministro del
Interior se desenvuelva como un supra
Director General de la Policía Nacional, en desmedro de su verdadera
responsabilidad política que el cargo le exige
en la seguridad interna del país. Tercero, la prioridad política del
sector interior en estos momentos de inseguridad generalizada, debe ser la de concretar un “Plan Estratégico
Sectorial integrado”, para restablecer y
luego garantizar el Orden Interno, el Orden Público y la Seguridad Ciudadana,
manteniendo el combate sin tregua contra la delincuencia y el crimen organizado,
tal como se viene ejecutando con las unidades policiales a nivel nacional. El
plan estratégico sectorial debe incluir como órganos de línea, a la Policía Nacional como también a los
organismos públicos adscritos, para integrar especialidades y funciones
relacionadas hacia un mismo objetivo: recuperar la seguridad interna y la
tranquilidad pública; plan que debe ser articulado y coordinado con los
sectores afines al problema, gobiernos regionales y alcaldes. La implementación
y ejecución de este plan estratégico operativo es una
deuda pendiente con el país, que hasta la fecha ningún ministro del interior ha
podido cumplir. Cuarto, el Ministro del Interior debe mostrar que ha asumido plenamente las funciones
político-administrativas que por ley le corresponde al sector; y la Policía Nacional
la dirección, conducción, coordinación y control, de todas las actividades y
tareas, que sus funciones institucionales le exigen, de conformidad a su Ley
Orgánica. Lo cual evitaría interferencias institucionales, desorden
funcional y evasión de responsabilidades;
facilitando la supervisión y el control en los niveles que corresponde.
Asimismo,
es necesario recordar que existe un Plan
Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, aprobado el 12 de julio del 2013 por
el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), y refrendado por Decreto Supremo Nro.
012-2013-IN, como Política Nacional de Estado. Dicho documento establece objetivos
generales, y estrategias ha ejecutar en asuntos de seguridad ciudadana; sin embargo, su contenido todavía debe ser evaluado y perfeccionado para
ser difundido a los organismos y sectores públicos participantes, de tal manera
que las acciones a ejecutar sean viables para el logro de los objetivos
propuestos. Ahora bien, considerando que el Decreto Legislativo 1135, expresa la voluntad política de mantener vigente el
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se sugiere al Ministerio del Interior como ente rector
del sistema, que en lugar de diseñar una política pública de seguridad
ciudadana que puede resultar inviable en la práctica, se formule un PLAN
NACIONAL DE PREVENCIÓN, como instrumento político de prevención contra delito,
donde participen todos los sectores y organismos afines a esta problemática.
Este tipo de documento es más apropiado a las exigencias de la realidad actual,
mas operativo, es simple en su ejecución, y las entidades participantes a nivel
nacional (policía, gobiernos regionales, alcaldes y organismos públicos),
adecuadamente organizadas, articuladas y coordinadas, trabajarían con sus propios
recursos y en asuntos de su competencia, para alcanzar objetivos y metas
previamente establecidas, en plazos previstos.
Todas
las iniciativas que se relacionan con el tema de seguridad e inseguridad,
pueden ser o no aceptadas, pero lo importante es que antes de desecharlas, sean
revisadas y evaluadas, para que si el caso lo amerita,
el sector interior pueda tener mayores elementos de juicio, para adecuar su organización y funciones de acuerdo
a los requerimientos y necesidades, que exige su responsabilidad política de garantizar la seguridad interna
del país.
(*) Crnel.PNP (r)
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