lunes, 1 de septiembre de 2014

INSEGURIDAD PÚBLICA: REALIDAD Y POSIBILIDADES

Por: Julio Garazatúa Vela (*)

Los constantes cambios en la cartera del Ministerio del Interior y de la Presidencia del Consejo de Ministros reflejan el laberinto que se encuentra el actual gobierno en cuanto al rumbo político en la conducción del Estado y a la carencia de objetivos concretos y viables en el Ministerio del Interior  para contrarrestar el acuciante problema de la inseguridad pública.

Al parecer, esta situación ha generado inquietud y preocupación no solamente en el ámbito político, sino también en la sociedad en general, por lo siguiente: en primer lugar, el asesor de gobierno en temas de seguridad, Wilfredo Pedraza, ex Ministro del Interior, muestra  estar  desconectado de la realidad  cuando se refirió, meses pasados, a la inseguridad pública como una “percepción”. Actualmente, esta problemática es un asunto de Estado, que exige del gobierno  acciones inmediatas y viables. En segundo lugar, la inseguridad pública se ha convertido en un problema crónico en el país, y el que más afecta a la población,  aseveración que se demuestra en las encuestas de opinión, en las estadísticas nacionales sobre delito y delincuencia, en la necesidad prioritaria de seguridad que reclama la sociedad y en el riesgo permanente que ofrecen las calles en cualquier barrio o ciudad del país. En tercer lugar, el gobierno piensa erróneamente  que el cambio de ministros del interior es la solución al problema de la inseguridad y el desorden público, lo deja entrever con los continuos cambios que viene efectuando en esa cartera, pero la realidad nos dice que hasta la fecha los resultados no son los esperados; es bueno recalcar, que aún el mejor político o el mejor ministro, sería incapaz de resolver los problemas de inseguridad  que afectan a la sociedad, sino se trabaja en forma colegiada y si no se reforman las instituciones  a través de la cuales se debe actuar. En cuarto lugar, se insiste en mantener vigente al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, un sistema burocrático que tal como está diseñado es inviable, por ello en la práctica es casi inactivo, sin liderazgo político en su conducción operativa;  pero contradictoriamente, se ha convertido en un instrumento político de campaña en los procesos electorales de los candidatos a gobiernos regionales y especialmente de los alcaldes, que ofertan la seguridad ciudadana como su principal objetivo, olvidándose de sus verdaderas tareas vecinales: limpieza pública, semáforos en buen estado, reparación de pistas y veredas, implementar mayor señalización y paraderos de transporte urbano, etc. 

Seguramente, con la intención de corregir estos y otros problemas en el tratamiento de la inseguridad pública y optimizar los resultados  en el combate contra el delito y el crimen organizado, el Ejecutivo solicitó al Congreso de la República en agosto del 2012, facultades extraordinarias para legislar en siete materias especificas, siendo una de ellas: “la reforma de la legislación orientada al fortalecimiento institucional del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional  y de la carrera policial”.