JUEGO DE IMÁGENES

Por: Julio Garazatúa Vela (*)

Los últimos acontecimientos  políticos muestran una vez más el nuevo estilo de hacer política en el Perú; un estilo casi comercial, se elige a un presidente de la república y gobiernan dos. Los hechos suscitados recientemente nos dan la razón. El ex presidente del consejo de ministros César Villanueva Arévalo, quien fuera designado como tal hace aproximadamente tres meses ( 20 de Noviembre del año 2013), presentó su renuncia irrevocable a dicho cargo, por razones de pugnas de poder  al interior del ejecutivo, las explicaciones públicas pueden tener diversas interpretaciones, pero al parecer el drama va por dentro. El nuevo primer ministro René Cornejo Díaz asume el cargo en un momento difícil que vive el país, motivado por el aumento desmesurado del sueldo de los ministros, conflictos sociales por reclamos de aumentos salariales de los diferentes sectores gremiales, desborde de la delincuencia y de la corrupción, inseguridad ciudadana, etc. La duda que sentimos, es que si el nuevo premier tiene la experiencia política suficiente y la autoridad necesaria para implementar y orientar  políticas públicas que permitan aquietar la convulsión interna, sin interferencias ajenas y con el apoyo total del nuevo gabinete; de no ser así, continuaremos con los ofrecimientos populistas y las decisiones coyunturales, que agrietan más las relaciones Estado-población.

Seguramente, los integrantes del equipo ministerial que acompañan al nuevo primer ministro (once se mantienen en el cargo), tienen solventes conocimientos profesionales para solucionar los problemas que aquejan a sus sectores, sin embargo no deja de preocuparnos que la mayoría de ellos siendo excelentes técnicos, aún no muestran  en la práctica la experiencia política suficiente para el manejo acertado de los problemas de diversa índole que afronta el gobierno. Esta falta de experiencia política puede dificultar el esfuerzo del  ejecutivo para armonizar  y articular estrategias multisectoriales, que permitan alcanzar los objetivos socio-económicos  en el corto tiempo que resta de este mandato.

Por ejemplo, el nuevo gabinete debe tener en cuenta que para restablecer la seguridad ciudadana que se ha convertido en clamor nacional, deben articular estrategias en forma colegiada, para tener mejores posibilidades de éxito en la lucha contra los delitos que mas golpea a la sociedad en su conjunto. Pero también, deben considerar medidas inmediatas para contrarrestar algunos hechos que se repiten continuamente, y que su práctica configura delitos flagrantes  y  “malas costumbres” políticas  que proyectan mensajes equivocados a la población, tales como: frecuentes casos de interceptación de comunicaciones y exposición de audios (chuponeos),  sin deslindar jurídicamente si el denominado  “chuponeo” es un acto legal o ilegal. Actualmente vulnerar la privacidad de las personas es una actividad frecuente que ninguna autoridad judicial sanciona; por un lado genera rating para los medios de comunicación, y por otro lado, marca la agenda de las instituciones de seguridad y justicia cuando se refiere a indicios de delito.

Otro hecho que se debe corregir, es la costumbre que determinados procesos judiciales contra personajes políticos y funcionarios públicos del actual y anteriores gobiernos, se prolongan excesivamente con el propósito de lograr “impunidad” de los presuntos responsables, mediante “componendas” políticas y argucias legales. Igualmente, la mayoría de los debates parlamentarios se han convertido  en escenarios de enfrentamientos personales y partidarios, donde congresistas de diversas tiendas políticas se prodigan insultos de todo calibre sobre temas de coyuntura, en detrimento de los asuntos prioritarios e importantes que requiere el país. Estos hechos y otros que se suscitan continuamente en nuestro quehacer político nacional, atentan contra el orden interno y la seguridad  ciudadana, y deteriora la imagen y la credibilidad de los poderes e instituciones del Estado.

Al parecer, los inconvenientes  para articular un trabajo colegiado multisectorial, surgen de las propias instituciones del Estado, propiciada por los protagonismos de algunas autoridades políticas o vecinales en asuntos mediáticos; las contradicciones  en la aplicación de algunos dispositivos legales vigentes; los vacíos legales  en las leyes anticrimen; la ejecución de estrategias con líneas de autoridad, responsabilidad y competencia superpuestas; la presión mediática de los medios de comunicación y de las encuestas de opinión; la falta de liderazgo de los ministros del interior en asuntos de seguridad pública;  la costumbre de cargar los fracasos en estos temas  a la policía nacional, entre otros.

Parafraseando a la primera dama nos preguntamos: ¿tan difícil es fijar metas, definir estrategias y evaluar resultados en asuntos de orden y seguridad pública? “Tolerancia cero contra el delito”, no es salir a la calle a detener a todo el mundo como sospechoso de delincuente, y a las 24 horas los órganos de justicia los liberen argumentando “falta de pruebas”, “montos insuficientes”, ser menores de edad, etc.; mas grave aún, que peligrosos delincuentes que purgan condena en los penales, continúen dirigiendo desde sus celdas los delitos de extorsión y sicariato; y otros sean liberados por el poder judicial a la mitad o al tercio de su condena,  fundamentando “buena conducta” y otras “artimañas legales”.

El problema  de la inseguridad ciudadana que nos afecta  actualmente, es un problema de Estado que debe ser tratado de manera técnica y multisectorial; la experiencia nos dice, que tenemos que anticiparnos a los hechos para saber qué es lo que puede suceder, porque cuando nos demos cuenta de lo que realmente sucede, será difícil tratar de revertir la situación. La percepción que tiene la población de las instituciones públicas, particularmente de las de seguridad y justicia, es que son corruptas y simples defensoras de hechos consumados; esta opinión no ayuda a hacer eco en el pueblo de que la seguridad ciudadana es tarea de todos.

En una entrevista reciente al diario La República, el sociólogo Carlos Basombrío dijo refiriéndose a la corrupción en la policía nacional, “que el porcentaje de incorruptibles es equivalente al de los irrecuperables, y que en el medio está el resto, que no son héroes, pero tampoco delincuentes; lo que hay que hacer, es que los incorruptibles ayuden a sacar a los irrecuperables”. Esta reflexión política, es una forma gráfica de percibir la problemática de la corrupción no solamente en la policía nacional, sino en toda la administración pública; este es un problema que tiene raíces históricas en el país, y que exige una reforma del Estado y un control de calidad moral de los funcionarios públicos, porque es la causa primigenia de todos nuestros problemas.

(*) Crnel. PNP (r)